El exministro franquista tendrá que declarar por primera vez en España por el asesinato de un trabajador en febrero de 1976.
Las querellas criminales interpuestas contra los represores del franquismo constituyen la mayor prueba de la brutalidad que se impuso al inicio de la Transición. La vía penal es la manera que han encontrado las víctimas para que nada de lo que sufrieron se pierda en la niebla del olvido. En los juzgados españoles se han presentado 115 casos, además de otro medio centenar de testimonios jurados que investiga la jueza argentina María Servini en el tribunal de Buenos Aires que preside. Servini es una magistrada célebre en su país por la complejidad de los casos que ha abordado, pero sobre todo es una de las mayores defensoras del principio de justicia universal que hay en el mundo. Hace 15 años puso la memoria histórica española en el mapa. Y, desde entonces, ha investigado a policías, inspectores y políticos, específicamente a Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales durante la dictadura y parte de la Transición, al que tomó declaración telemáticamente en septiembre de 2020. Servini llevaba desde 2014 siguiéndole la pista, porque en España resultaba imposible sortear el muro de impunidad que levantó el establishment en la época de Felipe González. Sus víctimas, bastantes años más. Ahora parece que comienzan a desatascarse los procedimientos penales que le vinculan con al menos 12 crímenes perpetrados entre 1975 y 1978.
El primero acaba de tomar cuerpo en el juzgado de Primera Instancia de la localidad alicantina de Elda. Se trata del asesinato, en febrero de 1976, de Teófilo del Valle, trabajador de una empresa de calzado. La jueza instructora ha admitido a trámite la denuncia que interpuso en 2024 su hermano José Antonio contra quien entonces ostentaba la responsabilidad de controlar y reprimir cualquier intento de protesta obrera que pudiera desafiar el régimen. Martín Villa está citado a declarar los días 17 y 19 del próximo mes de noviembre. Junto a él acudirá Daniel Aroca del Rey, el policía que disparó a Teófilo del Valle seis tiros por la espalda en el transcurso de una manifestación, uno de los cuales le entró por la nuca y lo mató. Aràdia Ruiz Blanco es la abogada de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (CEAQUA), que defiende a la familia Del Valle. “Es un hecho completamente extraordinario. Nunca había pasado que un magistrado o magistrada citara a declarar a dos victimarios de crímenes franquistas. Es excepcional. Ahora bien, la tendencia de la justicia, hasta la fecha, ha sido archivar las denuncias por prescripción, amnistía y por el principio de legalidad penal. A mí me encantaría pensar que ahora no va a ser así y que la querella por el asesinato de Teófilo es el inicio de un cambio de política destinada a acabar con la impunidad de los crímenes franquistas por parte del Estado español. Pero bueno, hay que reconocer que se trata de un importante cambio estructural”, explica.
De momento, no hay ningún documento ni ningún auto donde la magistrada explique los motivos que le han empujado a tomar esa decisión. Simplemente se ha limitado a hacer lo que la abogada de la familia ha solicitado: abrir un procedimiento penal ante una acusación de crimen contra la humanidad, como es el caso de Teófilo del Valle. “Ha intentado localizar a todos los involucrados y ha encontrado que dos siguen vivos. Citarles, por lo tanto, es lo normal. Lo insólito es lo que han hecho hasta ahora otros jueces: hacer como si no se hubieran dado cuenta de que hay gente viva sobre las que pesan graves acusaciones por crímenes de lesa humanidad, y archivan las causas”, añade Ruiz Blanco.
La última actuación judicial de esta naturaleza ocurrió el pasado mes de febrero. Carolina Martínez estaba citada a declarar ante la jueza del juzgado de instrucción número 5 de Paterna por el asesinato y desaparición forzada de su abuelo, José Manuel Elías Murcia Martínez, ejecutado el 6 de noviembre de 1939, y arrojado a la fosa común número 94 del cementerio de esa localidad valenciana en un contexto de crímenes contra la humanidad. Sin embargo, la declaración de Carolina nunca se produjo. Días antes de la fecha señalada, la jueza que instruía el caso envió un auto a sus abogados diciendo que suspendía la cita con la excusa de que faltaban dos informes, uno de los arqueólogos que habían realizado la exhumación y otro del Archivo de Memoria Histórica. “Es mentira, porque el documento de los arqueólogos se lo aportamos una semana antes. Sobre el otro, es cierto que no lo adjuntamos, pero tampoco dijo que era la condición que pedía para tomar declaración a Carolina Martínez”, confiesa la letrada.
Martín Villa es un personaje que tomó decisiones que acabaron costando la vida a varias personas, según se ha ido comprobando en los últimos 50 años. En la querella argentina se investiga su participación en las muertes de Pedro Martínez, Romualdo Barroso, Francisco Aznar, José Castillo y Bienvenido Perea el 3 de marzo de 1976 en Vitoria; la de Rafael Gómez perpetrada en Rentería el 12 de mayo de 1977; la de José Luis Cano el 14 de mayo de 1977 en Pamplona; la de Francisco Javier Núñez el 15 de mayo de 1977 en Bilbao; la de José María Zabala el 8 de septiembre de 1976 en Hondarribia; la de Norma Mentxaka el 9 de julio de 1976 en Santurtzi; y la de Arturo Ruiz el 23 de enero de 1977 en Madrid. Y se estudia su papel en la de Germán Rodríguez, asesinado el 8 de julio de 1978 en plenas fiestas de San Fermín. Ahora se suma el crimen de Teófilo del Valle cometido el 24 de febrero de 1976 en Elda. Sin embargo, cuatro de los seis expresidentes que ha tenido la España democrática –Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy–, además del ex alto representante de Política Exterior y Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, y varios antiguos dirigentes sindicales, siempre han criticado en público que el exministro franquista pueda ser investigado. La defensa más cerrada que han hecho de Martín Villa fue la carta de apoyo que enviaron a la magistrada argentina María Servini en 2020, pocas horas antes de que fuera a interrogarlo. Las palabras que le dedicaron fueron rotundas. Destacaban “el impecable y sólido compromiso que mostró con el estado de Derecho, su preservación y su desarrollo”. No tuvieron nada que objetar a las sombras que oscurecen su pasado. Ni siquiera citaron que, durante su labor al frente del Ministerio de Relaciones Sindicales y después del Interior, hubo víctimas inocentes. La policía recibió órdenes de disolver las manifestaciones tirando a matar.
En cierto modo, si prospera la denuncia de Elda no sólo será un proceso contra Martín Villa y el policía que mató a Teófilo del Valle, sino que se juzgará todo el periodo de transformación interna que encaró España a la muerte de Franco, y que fue conducido por los mismos agentes políticos que dirigieron la última fase de la dictadura. “Lo que quieren las víctimas no es ver en la cárcel a un anciano de 93 años, sino un relato de la verdad judicial de un señor que no fue ningún héroe de la Transición. Una sentencia con todo el relato de los hechos en los que participó, donde se le condene por crímenes de lesa humanidad, pero que quede absuelto de entrar en prisión por una cuestión humanitaria”, afirma Aràdia Ruiz Blanco.
Cuando los afectados hablan de la impunidad se miran a un espejo que les devuelve la imagen de Argentina, un síntoma de la absoluta soledad en la que se encuentran las víctimas del franquismo. “Entienden que es bueno exhumar a Franco y a Primo de Rivera. Eso había que hacerlo, pero no deja de ser simbología superficial. Con las víctimas hablamos de reparar crímenes de lesa humanidad. Hablamos de que podían pasar por los tribunales y que fueran condenadas cuatro figuras destacadas como ocurrió en Argentina, donde hicieron su proceso judicial, también simbólico –hay que decirlo–, porque se optó por dejar fuera al entramado. Pero es que aquí no hemos alcanzado ni de cerca su logro. Aquí no se ha condenado a nadie”, expresa la letrada del CEAQUA.
Como abogada memorialista, Ruiz Blanco cree que la justicia española ha jugado un papel importante en el “blanqueo que existe con estos personajes que aún siguen vivos”. En su opinión, “la Ley de Memoria Democrática les permite iniciar un procedimiento de jurisdicción voluntaria, que para las víctimas es como darles las gracias por haber participado. Reconocen su lucha en ese periodo, casi como un certificado de ganador en una carrera, pero acallan el fundamento que les mueve y que no es otro que se reconozca universalmente que el franquismo fue una de las dictaduras más salvajes de Europa”. Y añade que “ponen trabas a la utilización de la justicia y a la tutela judicial efectiva, que es el primer paso que debe acompañar a una víctima”.
La abogada muestra su enfado porque la respuesta de la justicia suele ser que “la vía penal no es la vía de las víctimas”. “Alucinas cuando lees eso”, dice. “Intentan que pase el tiempo hasta que ya no quede nadie que pueda recordar. Porque el alma de estos movimientos está liderada por gente mayor, muchos de los cuales habrán muerto dentro de diez años”, señala.