No ha llegado en mal momento la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya que en el mismo momento en que se está engrasando la máquina para ilegalizar a Acción Nacionalista Vasca, el Tribunal de Estrasburgo ha dicho que debe estudiarse si al ilegalizar a Batasuna se conculcó la libertad de expresión y de […]
No ha llegado en mal momento la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya que en el mismo momento en que se está engrasando la máquina para ilegalizar a Acción Nacionalista Vasca, el Tribunal de Estrasburgo ha dicho que debe estudiarse si al ilegalizar a Batasuna se conculcó la libertad de expresión y de reunión. O, utilizando las esclarecedoras palabras de Pernando Barrena, ha hecho notar que existen indicios para sentar al Estado español en el banquillo de los acusados.
La admisión a trámite de las demandas de Batasuna, Herri Batasuna, Autodeterminaziorako Bilgunea y Herritarren Zerrenda debería ser razón suficiente para suspender los proyectos de ilegalización de las autoridades judiciales y políticas españolas, aunque sea sólo provisionalmente, hasta que el Tribunal de Estrasburgo dicte sentencia. Pero no sucederá nada de eso. Las encuestas electorales tendrán mayor peso que las decisiones de Estrasburgo.
En cualquier caso, las demandas de los partidos y candidaturas de la izquierda abertzale han superado la rigurosa criba previa de Estrasburgo, y eso no es poco. El diario El Mundo publicó que, de las demandas que se le presentan, sólo se admite el 1,5%, y de las que se admiten, el Tribunal da la razón a los demandantes en un 80% de los casos. A pesar de que podría resultar algo excesivo dar por buenos estos datos sin conocer la fuente, es claro, al menos, que la mayoría de demandas no son ni admitidas a trámite y que es más difícil que se admitan que una vez que han sido admitidas se les de la razón. El Gobierno vasco, por ejemplo, presentó una demanda contra la Ley de partidos en septiembre de 2003, pero cinco meses después el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo decidió no admitirla a trámite con el argumento de que como que el Gobierno era «organización gubernamental», carecía de legitimidad para ello. Por tanto, la posibilidad de que el Tribunal Europeo condene al Estado español por ilegalizar a Batasuna es muy alta.
Supongamos que en Estrasburgo prevale la razón jurídica sobre la política, no como en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Constitucional españoles. ¿Suspendería ello la ilegalización de Batasuna? No. La sentencia de Estrasburgo no legalizará a Batasuna. En esa hipótesis, el Tribunal de Estrasburgo resolvería que el Estado español conculcó la libertad de expresión y de reunión de Batasuna y, en todo caso, podría obligar a indemnizar a quien ha sufrido la conculcación.
Evidentemente, dificultaría en adelante otras ilegalizaciones. Al parecer, no hay criterio unificado sobre el carácter vinculante de las sentencias de Estrasburgo, el debate entre juristas está aún abierto, pero es notorio que, más allá de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sería más difícil seguir ilegalizando partidos y candidaturas, también para los tribunales que han demostrado disposición para esto y más.
Más allá del carácter de la sentencia de Estrasburgo, parece que, para ANV, puede ser tarde. Basta con reparar en las declaraciones de los portavoces del Gobierno de España y de los dirigentes del PSOE para percatarse de que quieren seguir la línea que marcó hace tiempo el PP. En lo atinente a la legalidad, Rodríguez Zapatero ha dicho que ANV está en una situación más «frágil» que antes; José Blanco, que «hoy está peor que ayer»; Fernández Bermejo, que ANV está «en vigilancia constante», y Joan Mesquida, que cuando tengan pruebas las pondrán en manos de la Justicia.
Las informaciones que dicen que están a la espera de informes policiales tienen aspecto de excusa y más bien parece que decidirán ─o que ya tienen decidido─ cuándo acometer la ilegalización según las necesidades de la campaña electoral o, en caso de que hubiera prisa, cuándo pedir a Garzón que ordene la suspensión de actividades, ya que las peculiares normas de este estado de derecho prevén un camino judicial largo para ilegalizar a un partido, pero a un solo juez le basta un día para ilegalizar ─por si acaso─ de facto, sin dar previamente opción de defensa alguna al partido. Primero se ilegaliza, después se pregunta.
La asamblea de Eusko Alkartasuna. Después de la despedida de Josu Jon Imaz, es ahora el turno de Begoña Errazti. Hace ocho años Carlos Garaikoetxea le entregó el testigo en la dirección de EA y ahora se decidirá a quién entregar el de Errazti, en la Asamblea General que se celebrará este fin de semana en el palacio Kursaal de San Sebastián.
Tenía que ser la asamblea del consenso, todos querían el acuerdo, pero al menos la víspera de empezar el congreso éste no existía. He aquí, harto resumida, la fotografía previa al comienzo de la asamblea: Unai Ziarreta y el sector oficial a un lado, con la convicción de tener suficiente apoyo para ser presidente; Iñaki Galdós en el otro, con el convencimiento de que su sector merece mayor presencia en la dirección de la que le ofrece Ziarreta, y en medio Joseba Azkarraga, con la voluntad, en caso de presentarse, de ser candidato de consenso; solo, pero con ambos sectores llamándole.
La explicación de ETA. El comunicado de ETA sobre Capbreton ha dicho que los medios de comunicación españoles y franceses han difundido «confusión y mentiras». Ha dicho que fue «un enfrentamiento armado», pero que «ejecutaron» a Raul Centeno y Fernando Trapero. A falta de mayores precisiones, seguimos, por ello, sin conocer su versión.