La fiscalía de la Audiencia Nacional archivó el 14 de abril la solicitud de Pili Zabala, hermana de José Ignacio Zabala, secuestrado, torturado y asesinado por el GAL en 1983, para investigar las posibles implicaciones del expresidente socialista Felipe González al considerar que los presuntos delitos han prescrito. La fiscalía de Gipuzkoa sí vio indicios para la apertura de una investigación penal, por lo que remitió el caso a la Audiencia Nacional, competente en la materia. Ante esta nueva puerta cerrada, Pili Zabala ha impulsado la creación de la plataforma B-Egiaz para buscar nuevas informaciones y ha comparecido en rueda de prensa para explicar que más de 120 intelectuales, catedráticos, juristas, historiadores, archiveros, periodistas, escritores, actores, asociaciones y víctimas de ETA “piden saber la verdad de una vez por todas”.
Pili Zabala aportó como documentación para la apertura del caso el informe de la CIA en el que se afirmaba en 1984 que “Felipe González ha acordado la creación de un grupo de mercenarios para combatir fuera de la ley a terroristas”; un informe del CESID de 1983 que concluía que “la forma de acción más aconsejable e la desaparición por secuestro” para los miembros de ETA; una información sobre una cena en el Hotel Ercilla de Bilbao en la que Felipe González manifestó que “había que machacar a los terroristas con sus propias armas”; declaraciones de un programa de televisión en la que el exministro de Defensa Eduardo Serra aseguró que la no desclasificiación de los informes estaba motivada porque inculpaban al expresidente socialista, y manifestaciones del exministro francés Robert Pandreau en las que el Gobierno francés pidió explicaciones a Felipe González y José Barrionuevo por el asesinato de Juan Carlos García Goena, caso aún en juicio.
A continuación, el auto de la fiscalía explica que la denunciante solicita que se incoen diligencias de investigación para determinar si Felipe González “pudo haber incurrido en delitos de inducir a cometer asesinatos a través de los GAL o en el delito de haberse prevalido de su cargo público para tolerar, financiar o encubrir graves vulneraciones de Derechos Humanos por medio de fondos reservados, tal y como evidencian numerosos testimonios e informaciones”. Sin embargo, considera que “no resulta procedente el ejercicio de acciones penales en este momento”, amparándose en que desde la fecha de datación de los restos óseos de José Ignacio Zabala, en 1995, ya han pasado veinte años, el plazo máximo para enjuiciar un asesinato.
No obstante, los delitos por asesinato prescriben a los 20 años. No es así con los delitos de terrorismo con resultado de muerte, de lesa humanidad y genocidio y contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, salvo los castigados en el artículo 614 del Código Penal. Todos ellos están exentos de prescripción.
“Seguiré insistiendo —ha resumido Pili Zabala— ante las diferentes justicias que existen hasta agotar la vía penal”. “Estoy convencida de que únicamente desde la defensa integral de los Derechos Humanos conseguiremos derribar ese muro de impunidad que aguanta apuntalado con la ayuda de determinadas instancias oficiales”, ha añadido.
La ley española de Secretos Oficiales continúa protegiendo los documentos clasificados que previsiblemente ampararon el terrorismo de Estado. Una impunidad contra la que luchó Juan Mari Jauregi cuando fue gobernador civil de Gipuzkoa con Felipe González entre 1994 y 1996, ha recordado su hija, Maria Jauregi. Su padre fue asesinado por ETA en 2002, pero dos años antes su testimonio contra Enrique Rodríguez Galindo y la cúpula de la Guardia Civil en el cuartel donostiarra de Intxaurrondo fue clave para esclarecer parte del caso (los ejecutores directos de Lasa y Zabala, pero no quién creó el GAL).
“Estoy segura de que hoy mi aita haría todo lo que estuviese en sus manos para poder aclarar todo lo relacionado con los GAL y para hacer justicia”, ha indicado Jauregi. “Cualquier víctima, para poder cerrar heridas, necesita conocer la verdad. Es por ello que hoy estamos aquí, para dar a conocer el manifiesto y solicitar al Gobierno que sea valiente, que asuma su parte de responsabilidad”, ha reivindicado claramente emocionada al recordar a su padre.
El actor Juan Diego Botto y la directora del Archivo Provincial de Alicante, María Del Olmo, han intervenido también en la rueda de prensa. El padre del actor fue secuestrado, torturado, asesinado y forzado a desaparecer durante la campaña de terror de la dictadura argentina de Jorge Rafael Videla. “En Argentina muchos responsables de los crímenes de Estado han sido sentenciados, lo que demuestra que vivimos en un mundo donde, si peleas mucho, alcanzas la justicia. La justicia es algo que cura, pero ¡qué terrible es cuando la injusticia está acompañada de impunidad!”, ha esgrimido.
Por su parte, la historiadora ha remarcado la importancia del libre acceso a los archivos y la de modificar la Ley de Secretos Oficiales para adecuarse a los estándares internacionales, aportando luz y verdad “a determinados hechos horribles de nuestra historia reciente, y el GAL lo es especialmente, ante los que callar y no luchar individual y colectivamente para que se haga justicia creo que nos convierte en cómplices”.
Firmantes
Entre las personas que han firmado el manifiesto de la plataforma B-Egiaz para seguir investigando a los GAL destacan los exlehendakaris Karlos Garaikoetxea y Juan José Ibarretxe, el hijo de Juan Manuel García Cordero (víctima de ETA), Iñaki García Arrizabalaga, la exdirectora del Instituto Extebare Aizpea Goenaga, el presidente de Archiveros Españoles para la Función Pública Antonio González Quintana, la viuda de Jesús Mª Pedrosa (concejal del PP víctima de ETA), Mari Carmen Hernández, el escritor Bernardo Atxaga, el periodista Gorka Landaburu, el cantante Fermin Muguruza, el exrector de la Universidad del País Vasco Pello Salaburu, la impulsora de la querella argentina para las víctimas del franquismo Paula Slepoy, y un largo etcétera que se puede consultar en la web de la plataforma, donde está disponible el manifiesto para ser suscrito por las personas que así lo deseen.
Entre las asociaciones, figuran la sección española de Amnistía Internacional, Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Archiveros Sin Fronteras España, Periodistas de Investigación, la Plataforma pro Dignificación Fuexes Comunes de Siero (Asturias), la Asociación Andaluza de Víctimas de la Transición La Comuna d’Asturies y la Asociación de Víctimas 3 de Marzo-Martxoak 3 Elkartea.