Por el cierre –inmediato y definitivo- de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), la Campaña CIE No de Valencia convocó el 31 de agosto una concentración en la puerta azul del centro de Zapadores, en la capital valenciana.
La movilización tiene lugar el último martes de cada mes, desde hace más de 10 años. “Ahora hay personas encerradas en esta prisión racista”, recuerdan. Asimismo CIE No de Valencia apoya la iniciativa #Marlaska dimisión, que pide a través de las redes sociales la renuncia del ministro del Interior “por vulnerar los derechos de la infancia migrante”, con motivo de las expulsiones de menores a Marruecos realizadas este verano desde Ceuta.
Otro hecho significativo se produjo el 26 de agosto en relación con el centro de internamiento de Aluche, en Madrid. Activistas de la ONG Mundo en Movimiento y el Observatorio de Derechos Humanos Samba Martine presentaron una queja al Juzgado Número 20 de Madrid (en funciones de control del CIE) por el trato que están recibiendo los 11 internos afectados de la COVID-19 (sobre un total de 28 personas encerradas en el CIE).
Las personas contagiadas en Aluche “llevan seis días aisladas y nos relatan que las medidas de higiene que creen que deberían observarse no se cumplen”, afirman las ONG. Se da la circunstancia de “varios internos aislados que tienen síntomas que ellos consideran graves y que no son debidamente tratadas ni atendidas por parte del servicio médico”, subraya el escrito dirigido al juez (los internos señalan que en los casos de gravedad no se han producido traslados al hospital). El 26 de agosto el director en funciones del CIE comunicó a las organizaciones sociales que había adoptado la medida de impedir la entrada en el centro a cualquier organización o persona externa.
El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) realiza anualmente un informe sobre los CIE; el pasado mes de junio presentó el documento correspondiente a 2020, titulado Razón jurídica y sinrazón política, con información que los equipos del SJM recabaron en los centros de Madrid, Barcelona, Valencia y Algeciras-Tarifa. Una de las variables que han de considerarse es que los CIE quedaron vacíos el 6 de mayo, debido a la crisis del coronavirus; el 23 de septiembre se produjo la reactivación parcial de los centros (en Madrid, Barcelona, Murcia y Las Palmas).
Antes que el Gobierno español declarara el estado de alarma el 14 de marzo de 2020, los voluntarios de la Fundació Migra Studium informaron que un grupo de internos del CIE de Zona Franca, en Barcelona, se declaró “brevemente” en huelga de hambre. Ocurrió el 27 de enero, debido a la “falta de respuesta del servicio médico a un interno que pidió asistencia durante la noche anterior, al estar sangrando, y no recibió respuesta”. Otra de las quejas recopiladas en el CIE barcelonés data del 18 de marzo, cuando –en el contexto de la pandemia y la deportación de migrantes argelinos- un recluso de esta nacionalidad denunció en el juzgado de guardia (presuntos) malos tratos policiales.
El informe del SJM destaca el “escándalo” de los vuelos de deportación a Mauritania –desde las islas Canarias- de migrantes de nacionalidad mauritana y terceros países, denunciados por la Campaña Stop Deportación en el primer trimestre de 2020. Además, apunta el SJM, “los medios de comunicación documentaron el itinerario de algunos de los ciudadanos malienses conducidos a la frontera con Mali tras unos días de cautiverio en Nuadibú (Mauritania) sin comer ni beber”.
Más de una veintena de personas se amotinaron –el 17 de marzo de 2020- en el CIE de Aluche, por el temor a un posible contagio de la COVID-19 o la expulsión; fueron reducidos por la policía antidisturbios (pocos días antes fue deportado un grupo de argelinos, subraya el SJM). Antes del vaciamiento de los centros, acaeció una de las intervenciones judiciales más relevantes: el juez de control del CIE de Gran Canaria ordenó el desalojo del centro de Barranco Seco ante los contagios por coronavirus entre los internos.
El SJM continuó realizando el seguimiento tras la reapertura de los centros. Así, migrantes internados en el CIE de Sangonera Verde, en Murcia, se declararon en huelga de hambre en octubre, después que uno de los encerrados manifestara síntomas de coronavirus. En el centro de reclusión murciano, cuatro jóvenes de Marruecos -capturados en una redada policial- fueron ingresados en noviembre.
Asimismo en Sangonera Verde “se practicaron devoluciones a comienzos de diciembre”, reseña el informe. Por otra parte, a finales de septiembre, el Juzgado de Instrucción número 4 de Tenerife denegó el internamiento de 31 ciudadanos procedentes de Mali en el CIE de Hoya Fría (los migrantes manifestaron su voluntad de pedir protección internacional).
La red de entidades sociales jesuitas recuerda la responsabilidad del Estado español en la muerte hace casi una década (diciembre de 2011) de la joven Samba Martine durante su estancia en el CIE de Aluche. Originaria de la República Democrática del Congo, le fue diagnosticada una enfermedad grave en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla; pese a ello fue recluida en el CIE madrileño, donde recibió un tratamiento médico deficiente (acudió a este servicio en una decena de ocasiones) y no se le facilitó intérprete. Finalmente, en octubre de 2020, el Estado español resolvió favorablemente la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por la familia y ordenó que esta percibiera una indemnización.
En un Anexo con los datos estadísticos, procedentes del Ministerio del Interior, la red jesuita informa de que a 2.224 personas se les internó en los CIE durante 2020, de las que 1.767 (el 79,4%) lo fueron por acuerdos de devolución y la gran mayoría por entrada considerada ilegal en patera. Asimismo, detalla el Anexo, de los 42 menores identificados en los centros, la mayoría (25) corresponden a Madrid y Las Palmas (la Ley de Extranjería establece que no podrá acordarse el ingreso de menores en los CIE).
A ello se añade que 84 personas migrantes (72 de ellas en el CIE de Barcelona) fueron conducidas a una habitación de separación preventiva, lo que “aumenta el carácter penoso del internamiento”, critica el SJM. Respecto a las repatriaciones forzosas de 2020 -un total de 3.739-, cerca de un tercio lo fueron a través de un CIE. El informe plantea, por otra parte, la siguiente pregunta: “¿Para qué tantas personas con acuerdo de devolución internadas cuando la gran mayoría será puesta en libertad?” Y concluye señalando que el Ministerio del Interior remite los datos “parcialmente y con tardanza”.
En 2020 “España ha sobrevivido a los CIE vacíos”, escribe en el informe el capellán del centro de internamiento de Barranco Seco (Gran Canaria), Antonio Viera Rodríguez. “Lo que en la Ley de Extranjería aparece como una medida excepcional, aplicable solo cuando se han agotado todas las vías, en la práctica se hace un uso desproporcionado y un abuso sistemático (del internamiento) en unas instalaciones costosas, innecesarias e inhumanas”, agrega el religioso.
El Servicio Jesuita a Migrantes dedica un apartado a la tutela de derechos en relación con el internamiento. Así, en diciembre de 2020, la Audiencia Provincial barcelonesa emitió un auto que revocaba la decisión del Juzgado de Instrucción 26 de Barcelona de archivar una denuncia por presuntas torturas en el CIE de Zona Franca.
El informe menciona la sentencia del Tribunal Supremo (junio 2020) sobre la determinación de la mayoría/minoría de edad de las personas migrantes; otra sentencia también de junio, del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que establece mayores garantías ante los internamientos de migrantes que manifiesten su voluntad de solicitar protección internacional. Y de la Audiencia Nacional (Junio 2020), frente a la demora en la respuesta de la Administración a la solicitud de protección internacional presentada en los CIE. Por último, se hace referencia a la sentencia del TJUE –octubre de 2020- respecto a los criterios de proporcionalidad en las órdenes de expulsión por mera estancia irregular.
Con datos extraídos de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el SJE da cuenta de la inversión prevista por el Estado español en obras para las infraestructuras de los CIE: 33,6 millones de euros durante el periodo 2019-2024. El mayor volumen inversor -26,7 millones de euros- está previsto en el nuevo centro de internamiento de Algeciras, junto a la prisión de Botafuegos, con un aforo máximo para 500 internos. “Los proyectos de reforma de los CIE existentes quieren acoger las recomendaciones del Defensor del Pueblo y de los juzgados de control, pero revelan una apuesta política por el internamiento confirmada por la obra nueva de Algeciras”, concluye el Servicio Jesuita a Migrantes.