Los/las abajo firmantes, historiadores/as e investigadores/as, ante la denuncia presentada contra Dionisio Pereira -por el contenido de su intervención en el Congreso de la Memoria celebrado en Narón, en diciembre de 2003, y publicada en las Actas en 2004- por las alusiones que en este relatorio hace a «personas señaladas en los asesinatos y maltratos […]
Los/las abajo firmantes, historiadores/as e investigadores/as, ante la denuncia presentada contra Dionisio Pereira -por el contenido de su intervención en el Congreso de la Memoria celebrado en Narón, en diciembre de 2003, y publicada en las Actas en 2004- por las alusiones que en este relatorio hace a «personas señaladas en los asesinatos y maltratos o como instigadores de los mismos» a una serie de nombres de cargos de Falange Española, todos ellos fallecidos, que el historiador recogió de sus múltiples testimonios orales, y cuyos familiares ahora le acusan de atentar contra su honor; quieren manifestar lo siguiente:
1. No es objeto central de su trabajo atacar ningún honor. El contexto del Congreso en el que se encuadró el relatorio o el libro de Actas en el que se publicó, no es equiparable a otros escenarios de divulgación pública a los que se aplica esta figura jurídica; así como, el hecho de la distancia en el tiempo de las personalidades citadas non tienen la misma fuerza que las generaciones vivas para contraponer el derecho al honor frente a la libertad de expresión, y mucho menos al derecho a la creación científica en la que se enmarca la tarea de el/la historiador/a.
2. El conjunto de datos que se allegan en este caso, y la trayectoria investigadora del historiador, acreditan un respaldo suficiente a su derecho a formular hipótesis, discutibles en un contexto polémico en base a información de la que dispone. Exigir certezas incuestionables a los historiadores, sería tanto como impedir el desarrollo de esta materia fundamental para la formación de la conciencia cívica de cualquier sociedad.
3. Es una grave distorsión aplicar al objeto investigado las categorías de situaciones presentes. Es evidente que la represión informal llevada a cabo en aquel momento, por definición y salvo raras excepciones, carece de pruebas documentales que la acrediten y, en la medida en que el aparato policial y judicial quedó en poder de quien la llevó a la práctica, nunca se procedió a investigar dichos crímenes. Conviene recordar que la franquista, como toda Dictadura, tuvo como base la impunidad.
Lo antedicho no debe impedir al historiador afirmar que dichas muertes se produjeron y apuntar que se puede establecer como hipótesis factible y verosímil algún tipo de relación con ellas, en calidad de autores o instigadores, por parte de los principales integrantes de las organizaciones que llevaron a cabo estas actuaciones, distinguidamente la Falange, atendiendo a los testimonios orales recogidos y a la documentación escrita encontrada. Hay que matizar, asimismo, que no se hace ninguna aserción concreta sobre una actuación determinada de los mencionados: esto es, no se asevera sobre la adscripción específica de los aludidos con ninguno de los tres grados de intervención en la represión que se indican, y su supuesta participación en aquella está «señalada» en tercera persona por fuentes orales contrastadas.
4. En su ámbito, los historiadores valoran cuales son las causas que explican los hechos históricos y proponen su interpretación, y aunque tales explicaciones e interpretaciones sean en ocasiones incompatibles con otras visiones, no corresponde a un Tribunal de Justicia decidir, por acción u omisión, cual o cuales deban imponerse de entre las posibles. Son los propios ciudadanos quienes, a la luz del debate historiográfico y cultural, conforman su propia visión de lo acontecido, que puede variar en el futuro.
En caso contrario, se impondría la censura previa o la autocensura en la producción científica, algo inconcebible en el marco de una sociedad democrática y abierta; sobre todo cuando se trata de relatar unos hechos históricos relevantes del pasado reciente que precisan una saludable averiguación cuidadosa y el esclarecimiento, para reforzar precisamente la defensa del pluralismo político y el diálogo, representado por las víctimas de la represión frente al totalitarismo y el fundamentalismo que impusieron los vencedores; estos, para legitimar un régimen surgido de un golpe militar, inculcaron además una versión oficial de los acontecimientos, frente a la cual -de producirse una condena al historiador- nos encontraríamos que no se permitiría oponer otras perspectivas diferentes.
Por todo esto nos solidarizamos con el investigador Dionisio Pereira y solicitamos de los jueces que desestimen la demanda.