Yo Capitán. Se trata de una película italiana de 121 minutos, estrenada en 2023 y dirigida por Matteo Garrone; el filme trata de dos muchachos que abandonan Senegal rumbo a Europa.
Durante la travesía, tienen que hacer frente a los centros de detención en Libia, además de los riesgos en el mar y el desierto; participan en el reparto actores africanos como Seydou Sarr, Issaka Sawadogo o Bamar Kane; la cinta fue galardonada –en 2023- en el Festival de Cine de Venecia.
El Informe sobre Delitos de odio y el tercer sector, realizado por la asociación Rumiñahi -durante tres años, en Madrid, Murcia y Valencia- destaca el racismo institucional en el estado español; los testimonios recogidos señalan las barreras de acceso a la vivienda, el empleo y la educación.
“Los participantes describen cómo las actitudes racistas y xenófobas forman parte de su cotidianidad, llegando incluso a ser aceptadas como algo inevitable o natural; esta normalización es especialmente evidente en las experiencias de microagresiones (…)”, concluye el reporte de la ONG.
La presentación del filme Yo Capitán y la investigación de Rumiñahui forman parte de la Semana Migrante celebrada –entre el 14 y el 19 de diciembre- en Valencia (El pueblo que salva también es migrante).
Con motivo del Día de las Personas Migrantes, cerca de 30 ONG, plataformas y sindicatos se movilizaron el 18 de diciembre en la Plaza de la Virgen de Valencia; denunciaron la vulneración de derechos y la represión contra las personas migrantes, tanto en el estado español como en la UE.
Entre otros ejemplos, el de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE); según el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), en 2023 fueron encerradas 2.085 personas migrantes en los centros de Algeciras, Barcelona, Las Palmas, Murcia, Valencia y Madrid.
Un 71% de las reclusiones estaban causadas por órdenes de expulsión; el 26%, por expedientes de devolución; y cerca del 2%, por salidas obligatorias.
“Desde 1985 los CIE se encuentran entre las herramientas más aflictivas y represivas de la política migratoria española y Europea, aunque no sea la más utilizada”, denuncia el SJM.
Por otra parte, el Centro de Integración de Datos (CID) ha contabilizado –desde el 29 de octubre hasta el 12 de diciembre- 223 muertes por la gran riada (DANA) en la provincia de Valencia.
Entre las diversas ayudas por la catástrofe, el Gobierno de España ha informado de dos apartados en el capítulo de inclusión y seguridad social, a fecha 18 de diciembre: 9.522 perceptores del incremento del Ingreso Mínimo Vital, y 5.929 en el Complemento de Ayuda para la Infancia.
Los colectivos que se concentraron en Valencia exigen que las personas migrantes afectadas por la DANA “sean tenidas en cuenta en el escudo social planteado por las diferentes administraciones, ya que las ayudas excluyen a las personas en situación administrativa irregular, que hayan sido afectadas por las inundaciones”.
Asimismo denunciaron “la explotación de las mujeres trabajadoras en el hogar; las redadas por perfil racial y el racismo en sus diferentes formas”.
Tal vez en el Ciclo represivo puedan incluirse las 5.054 víctimas mortales en las rutas de acceso al estado español, entre enero y mayo de 2024 (datos ONG Caminando Fronteras); la mayor parte de las muertes -4.808- se produjeron en la denominada Ruta Canaria; 47 embarcaciones desaparecieron con todas las víctimas a bordo.
Las organizaciones de la Federación SOS Racismo en Aragón, Bizkaia, Catalunya, Galicia, Gipuzkoa y Nafarroa recogieron 569 denuncias por incidentes discriminatorios o racistas en 2023; la mayor parte (34%) corresponde al racismo institucional, seguido de los conflictos y agresiones racistas (19%); la denegación de acceso a prestaciones y servicios privados (14%); y del acceso a las prestaciones de carácter público (13%).
En el contexto de la DANA (75 municipios afectados en Valencia), los portavoces de las ONG se preguntaron:
“¿En qué situación se deja a las trabajadoras del hogar –especialmente a las que trabajan como internas-; los temporeros; los riders y otras personas en situación administrativa irregular que lo han perdido todo y ni siquiera pueden contar con el reconocimiento de las Administraciones”.
De hecho, añadieron los activistas en un comunicado, “sin DNI o Número de Identidad de Extranjero (NIE) el sistema no te reconoce como (persona) afectada y quedan excluidas”.
También se refirieron a un orden globalizado injusto, que se fundamenta en la explotación de las poblaciones y el saqueo de los recursos naturales en los países del Sur (a finales de 2023, ACNUR estimaba que 117,3 personas en el mundo se vieron forzadas al desplazamiento, por razones como las persecuciones, conflictos o violaciones de los derechos humanos).
Y, según la FAO, cerca de 733 millones de personas padecen hambre en el planeta; ello supone uno de cada 11 habitantes, cifra que se incrementa en África hasta una de cada cinco; así, la inseguridad alimentaria y la malnutrición afecta a 152 millones de personas más que en 2019.
Los colectivos movilizados el 18 de diciembre también rechazaron –en su manifiesto- el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entró en vigor el pasado 11 de junio; consideran que el objetivo del Pacto es impedir la llegada de personas migrantes a la UE y, en caso de hacerlo, proceder a una rápida expulsión.
Quizá una plasmación de la Europa-Fortaleza se constató en las primeras semanas de diciembre, tras el derrocamiento del ya expresidente sirio, Bashar al-Assad; diversos gobiernos europeos, como los de Austria, Alemania, Francia, Reino Unido, Bélgica, Suiza o Noruega anunciaron la suspensión de los procedimientos de solicitud de asilo para ciudadanos que provenían del país árabe.
El manifiesto recuerda que, pasado un año de la presentación en el Congreso de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización de personas migrantes (entre 390.000 y 470.000), no se ha producido la modificación de la Ley de Extranjería con este fin.
Impulsada por el movimiento Esenciales, la iniciativa ciudadana recogió 611.821 firmas (validadas); 906 organizaciones y 14.479 personas voluntarias se movilizaron para hacer efectivo el citado mecanismo legal.
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