Emilse Bailarín Domicó, lideresa cultural y artesana indígena, de 22 años, fue asesinada el pasado 9 de mayo; formaba parte de la Comunidad Emberá, en el municipio de Tierralta (departamento de Córdoba) y participaba en la Organización de Artesanías de Colombia; permanecía desaparecida desde hacía una semana; los restos de la joven indígena mostraban señales de violencia sexual y quemaduras.
En Tierralta tiene presencia la organización narcotraficante/criminal denominada Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), así como las bandas de carácter local, según informó la ONG Indepaz en las redes sociales; el territorio se incluye en la Jurisdicción de la Séptima División del Ejército de Colombia.
Indepaz detalla que, con la muerte de Emilse Bailarín Domicó, son 64 las personas líderes asesinadas durante 2024 en el país; el caso anterior, reportado también el 9 de mayo, es el del dirigente y activista de la Unión Sindical Obrera (USO) en el departamento de Norte de Santander, Jhon Jarry Vargas Sarabia.
Cuatro días antes, en el Norte de Santander (municipio de Villa del Rosario), sujetos armados mataron al delegado de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio 13 de Marzo, Miguel Ángel Bautista Correa.
Cerca de 70 ONG, sindicatos y partidos de izquierda en el estado español difundieron, el pasado 3 de abril, un Manifiesto de apoyo al defensor colombiano Gabriel Marrugo Ávila; condenaron el “intento de homicidio” del que fue objeto (el 26 de marzo), y exhortaron al Estado de Colombia a la protección de su integridad física.
El atentado sucedió cuando Gabriel Enrique Marrugo se hallaba junto a su escolta y se dirigía –en moto, con chaleco antibalas- desde el municipio de Quibdó hasta la Comunidad Indígena El Veinte (ruta Quibdó-Medellín); como consecuencia de los disparos realizados por paramilitares, el activista ingresó en un hospital de Quibdó.
Líder de la asociación Cabildo Mayor Indígena de la Zona del Bajo Atrato (CAMIZBA), Marrugo Ávila participó –en 2020- en el Programa Valenciano de Protección Integral y Acogida de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos.
Además de integrante de CAMIZBA, la nota informativa de las entidades presenta al dirigente comunitario como miembro de la red Guardianes del Bosque, constituida en 2019 por RESEDA Eco-Institute “para apoyar a los activistas que defienden los bosques primarios del planeta”.
Otros colectivos en los que ha trabajado el activista, miembro del pueblo Embera Dovidá, son Artesanos por la Vida en el municipio de Riosucio (Chocó); la Coordinadora de las Comunidades Étnicas del Departamento de Chocó y la organización de derechos humanos ASOMAVIC.
Respecto al Chocó, subrayan las entidades firmantes: “Esta región colombiana se caracteriza por el abandono histórico y una carencia urgente de infraestructuras y recursos”.
Precisamente en febrero de 2023, la Comisión Colombiana de Juristas (CJC) dio cuenta de la gira de miembros de CAMIZBA a Bogotá, para mantener reuniones con funcionarios estatales sobre las carencias de los pueblos indígenas de la región; entre otras la falta de agua potable, en materia de vivienda, salud y para reivindicar “el acceso a los recursos del Sistema General de Participaciones”.
Con más de 35 años de acciones en el norte del Chocó, CAMIZBA reúne a una docena de comunidades en cinco resguardos, de los pueblos Embera Chamí; Embera Dobida, Zenú y Katio; en cada caso cuentan con sus cabildos y autoridades locales; asociado a la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), tiene entre sus principales consignas “Para nuestros pueblos la cultura es vida, espiritualidad y conexión con la naturaleza”.
¿En qué contexto se desempeñan los defensores de los derechos humanos y líderes sociales en Colombia? 181 fueron asesinados en 2023, un aumento significativo respecto a los 133 de 2016, según el Informe del Defensor del Pueblo a partir del Sistema de Alertas Tempranas (SAT); en el balance global, cerca de 1.300 víctimas mortales en los últimos ocho años.
Entre los sectores que concentraron más homicidios en 2023 figuran el comunal (37), los pueblos indígenas (37) y el comunitario (36); por departamentos, en tres se concentró el 41% de los crímenes: principalmente en el Cauca, seguido de Antioquía y Nariño.
Otro conteo de interés es el de las masacres; Indepaz ha registrado 21 (con 70 víctimas mortales) entre enero y finales de abril de 2024 en todo el país; dos de las masacres tuvieron lugar en el Chocó, en los municipios de Quibdó y Lloró (cuatro y tres víctimas mortales).
La última escabechina documentada en Colombia sucedió el 14 de mayo, en el municipio de San Zenón (departamento de Magdalena): en el Corregimiento de El Horno fueron asesinadas tres personas. Adscrita a la Jurisdicción de la Primera División del Ejército, en el citado territorio actúan las AGC, así como las llamadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y bandas locales.
En cuanto al Chocó (municipio de Quibdó, en el barrio Zona Minera), murieron dos jóvenes el pasado 25 de abril; una de las personas eliminadas fue el líder e integrante de la Asociación de Jóvenes Desplazados, Yarlinton Robledo Rentería, quien además participaba en el proyecto Manos Unidas.
Un mes antes, en el mismo municipio, Naciones Unidas condenó el atentado mortal contra la defensora Yirleana Lorena Moreno Cuesta, miembro de la Red de Madres y Cuidadoras de Jóvenes Víctimas de Homicidios en Quibdó; “urgimos por el esclarecimiento del crimen, por la protección de su familia, su organización y su comunidad”, reportó en las redes sociales la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
La lideresa asesinada “trabajó incansablemente por la construcción de la paz, así como por la búsqueda de justicia y verdad para ella y sus compañeras”, valoró Indepaz.
Los balances de Global Witness permiten obtener una fotografía global del riesgo que afrontan las personas defensoras; así, en el informe presentado en septiembre de 2023, se detalla que al menos 177 personas defensoras del medio ambiente y el territorio fueron asesinadas en el planeta durante 2022 (en una década -entre 2012 y 2022- las muertes se elevaban a 1.910). Una situación particular es la de Colombia: 60 muertes en 2022, “el país con la mayor tasa de homicidios del mundo”.
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