Bernardo Argüello Santos. El dirigente social y comunitario, durante años perseguido por el Estado colombiano, falleció de un infarto el pasado 14 de abril; Bernardo Argüellos participó en el Movimiento Político de Masas, Social y Popular del Centro Oriente de Colombia; y desempeñó responsabilidades en la Empresa Comunitaria de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Gas del municipio de Saravena (ECAAS), en Arauca.
El líder comunal fue recordado en la jornada sobre La paz total en Colombia. ¿Qué sucede en los territorios?, organizada el 30 de mayo por la Coordinadora Valenciana de Solidaritat amb Colòmbia (CVSC) en la sede de CEDSALA; en el acto estuvo presente la integrante de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra y lideresa social en Arauca, Sonia López.
INDEPAZ da cuenta de las personas defensoras asesinadas entre enero y el 13 de junio de 2024 en Colombia: 81, de las que ocho se produjeron en Arauca; asimismo el Observatorio contabiliza 29 masacres durante el primer semestre en todo el país, con 94 víctimas.
Sonia López y la Fundación Joel Sierra fueron dos de las personas/colectivos galardonados con el Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia, que otorgan la ONG Diakonia y Act Iglesia Sueca,
En el conversatorio de CEDSALA, Sonia López ha recordado el homicidio del dirigente comunitario Josué Castellanos Pérez, el 5 de marzo, en el municipio de Tame (Arauca); se desempeñaba en el sector de El Botalón y, recordó INDEPAZ, “su labor estaba enfocada en el fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal, así como el acompañamiento e impulso de proyectos productivos de plátano en el Piedemonte Llanero”.
En la jornada de la CVSC se destacó, asimismo, la Caravana por la Vida, por la Paz y por la Permanencia en el Territorio, que visitará -desde finales de julio y en agosto- los departamentos de Antioquía, Sur de Bolívar, Arauca, Chocó y Cauca (la llegada a Arauca está prevista el 4 de agosto, en concreto a Saravena, y recorrerá los municipios del departamento hasta el 11 del citado mes).
Promovida por más de una veintena de asociaciones campesinas, indígenas, ONG, iglesias y medios de comunicación independientes, la Caravana tiene entre sus fines el conocimiento de las condiciones de vida de la población; las iniciativas de las organizaciones populares -en materia de agroecología, género o comerciales- para la permanencia en los territorios y hacer visibles las violaciones de los derechos humanos.
Otra convocatoria de interés -entre el 18 y el 20 de julio- es la Asamblea Nacional por las reformas sociales, la paz y la unidad (Construyendo país. ¡Sí a la democracia, no al golpe!), impulsada por el Comando Nacional Unitario; la Coordinadora Nacional por el Cambio; el Pacto Histórico y la Minga Social y Comunitaria, entre otras entidades.
Mediante la publicación de comunicados, la Fundación Joel Sierra denuncia que los líderes sociales “siguen siendo víctimas de la violencia, en completa indefensión”; es el caso de José Ricardo Calderón Núñez, asesinado por sujetos armados -el 19 de mayo- cerca de su domicilio; la víctima ejercía como tesorero de la Junta de Acción Comunal de la vereda Las Nubes (municipio de Tame).
Además, desde el 4 de junio, la Fundación ha informado en las redes sociales sobre la Movilización Nacional por la Vida y la Permanencia en los Territorios, que protesta por el avance del paramilitarismo y su impacto entre las poblaciones (“Los reportes desde los distintos puntos de la Movilización indican que la estigmatización, los perfilamientos ilegales y la militarización de la protesta continúan siendo una constante”, alertó la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos).
Por otra parte, el departamento de Arauca no es ajeno a los intereses de las multinacionales, que ambicionan el control de los hidrocarburos; tiempo atrás las organizaciones populares ya denunciaron, y resistieron, a las embestidas de la petrolera estadounidense OXY y de Repsol-YPF; a estas se agregan -en el presente- los proyectos gasísticos de la canadiense Parex Resources y de Ecopetrol SA, vinculada al Ministerio de Energía y Minas.
Otro punto señalado en el conversatorio de CEDSALA son las relaciones con la potencia estadounidense; de estas son una muestra la visita a Bogotá de la general Laura J. Richardson, jefa del Comando Sur de los Estados Unidos; en el encuentro se abordó “la protección ambiental, la seguridad y la lucha contra las drogas, la gestión de la migración, los derechos humanos y el desarrollo económico” (comunicado 28 de mayo, Fuerza Aérea Colombiana).
El 10 de junio la Embajada de Estados Unidos en Colombia informó de que el transporte rápido de la armada norteamericana USNS Burlington (T-EPF 10) estará -durante julio y agosto- en diferentes países de América Latina, entre ellos Colombia; se trata de la denominada Misión Promesa Continua-2024 de las Fuerzas Navales del Comando Sur de los Estados Unidos/Cuarta Flota.
Antes de que tengan lugar estos despliegues, una decena de organizaciones internacionales hicieron público, el 30 de abril, un llamamiento “por la protección de la vida e integridad” de las comunidades del Sur de Bolívar; en las fechas previas, cerca de 150 personas que provenían del Corregimiento de Micoahumado, así como de otras Veredas del municipio de Morales, se vieron forzadas al desplazamiento.
Entre otros factores, las entidades apuntan la “violenta incursión de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)”, organización paramilitar también conocida como Clan del Golfo.
En este contexto, a las agresiones y “retenciones arbitrarias de pobladores” se agregan asesinatos como el de Narciso Beleño, perpetrado el 21 de abril; el homicidio ocurrió en el municipio de Santa Rosa del Sur (Bolívar); el dirigente campesino y luchador popular formaba parte de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar y el Magdalena Medio.
Las Comunidades de Mina Proyecto y Micoahumado alertaron del “inminente riesgo”; de hecho, el 18 de abril, en la vereda El Porvenir (Micoahumado, Morales), los disparos de paramilitares terminaron con la vida de uno de los pobladores, Eneil Anzola Perilla.
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