A finales de febrero de 2025, estaban afiliadas a la seguridad social en el estado español 1.242.635 mujeres migrantes, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; la mayor parte procedía de Rumanía, seguido de Colombia, Marruecos y Venezuela; por régimen de afiliación, el tercer grupo en relevancia numérica es el del Sistema Especial de Empleadas del Hogar (140.758), integrado en un 95% por mujeres (los hombres migrantes sujetos a este régimen son 7.906).
La Federación SOS Racismo presentó el 17 de diciembre el informe anual Expresiones de Racismo y Violencia contra las trabajadoras del hogar y de cuidados en el estado español; en la investigación han participado -a través de encuestas y entrevistas- 431 personas, principalmente mujeres, tanto trabajadoras domésticas y de cuidados como agentes y profesionales en esta materia.
El trabajo de campo se realizó entre febrero y agosto en cinco territorios del estado español: Aragón, Bizkaia, Catalunya, Gipuzkoa y Navarra.
Uno de los puntos de partida del documento es el informe de Oxfam Intermón Trabajo invisible y cuerpos rotos (marzo 2025), que destaca cómo, en 2023, el 40% de los permisos de trabajo concedidos en el estado español a mujeres migrantes fueron para el trabajo doméstico; la ONG califica este sector como de “extrema precariedad” y “gran informalidad”.
Respecto a la procedencia de las trabajadoras encuestadas, la mayor parte provienen de colombia, seguido de Nicaragua, Perú y Honduras; “el empleo del hogar y de cuidados en el mercado laboral español es un sector profundamente feminizado y racializado”, concluye SOS Racismo.
En cuanto a la situación documental, el 31,6% estaba en una situación administrativa regular; el 24,8% poseía la doble nacionalidad; el 23,5% se hallaba en una situación considerada oficialmente irregular; el 7,8% eran nacionales; el 7,5%, con la solicitud en trámitey el 2,6%, solicitantes de asilo.
Uno de los profesionales entrevistados señala, como uno de los problemas del sector, que el trabajo se desarrolle en el ámbito privado: a menudo al margen del control público y la legislación laboral.
Esto ocurre sobre todo en el caso de las trabajadoras internas, de las que se espera frecuentemente una disponibilidad casi absoluta; puede suceder que este trabajo quede encuadrado, en la práctica, en una relación afectiva o familiar incompatible con el respeto de los derechos básicos.
Los principales trabajos desarrollados por las mujeres entrevistadas son la limpieza del hogar, seguido del cuidado de personas mayores; cocinar y preparación de alimentos; cuidado de personas dependientes, de niños y niñas y el lavado/planchado de ropa.
El informe de SOS Racismo recoge, en Bizkaia, el testimonio de una mujer de 32 años, proveniente de Colombia y con tres años de residencia en el estado español; se hallaba en situación administrativa oficialmente irregular y con empleo -sin contrato- en diferentes hogares:
“Que veníamos a quitarles el trabajo a ellos, que vivíamos de las ayudas, que no nos gustaba trabajar…cosas así…que veníamos a quitarles los maridos a las españolas. Comentarios así, para mí era muy incómodo escucharla”.
El documento señala que el racismo puede manifestarse de modo explícito, mediante comentarios despectivos (burlas por el acento o el color de la piel) y/o trato discriminatorio (“tú no tienes derecho a nada en este país”), pero también por la vía de la segregación laboral y las condiciones desiguales en los contratos.
Así, la encuesta de la ONG revela que el 50,5% de las trabajadoras del hogar y los cuidados ha sido objeto de discriminación racial, mientras que el 15,4% ha presenciado esta situación; a ello se agrega la violencia simbólica, en forma de hipervigilancia, infantilización, desconfianza sistemática y degradación laboral: “Como tú hay quinientas” o “agradece lo que tienes”.
También más de la mitad de las trabajadoras (51,4%) apunta que la persona empleadora es el principal agente de discriminación; frente a ello, aplican estrategias de resistencia y autoprotección, como aguantar (29%), renunciar al empleo (22,8%) o negociar con el empleador (16,6%).
A menudo las mujeres tratan de lograr apoyo en redes familiares, de amistades o compañeras de trabajo; pero el factor predominante continúa siendo el silencio y evitar la denuncia (63,8%), por razones como la desconfianza en las instituciones; la normalización de la discriminación; desconocer los canales de denuncia o la inseguridad económica.
En Gipuzkoa, SOS Racismo recabó el testimonio de una mujer que procedía de Nicaragua, de 27 años y seis viviendo en el estado español; tenía doble nacionalidad y trabajaba con un contrato a jornada completa:
“Creo que nos confunden por ser mujeres de otro país, que nosotras venimos buscando otras cosas y ellos confunden; que ellas son indocumentadas, podemos hacer con ellas -darles un trato malo- y ellas no se pueden quejar, porque no pueden ir a la policía; creen que a veces uno no conoce sus derechos y muchas no conocemos nuestros derechos, porque inclusive yo no conocía (…)”.
El informe dedica un capítulo a cómo la discriminación racial/sexista puede afectar a la vida personal y profesional de las trabajadoras; el 32,6% de las encuestadas ha señalado estrés emocional o ansiedad; el 19,6% problemas de salud mental, como depresión o agotamiento; el 17,6% inseguridad económica y el 7,7% enfermedades ocupacionales: fibromialgia, dolores musculares o síndrome del túnel carpiano´
Una muestra de estas situaciones son las palabras de una mujer migrante colombiana, de 58 años y con dos años de residencia en el estado español; se halla en desempleo y en condiciones oficialmente consideradas de irregularidad; comparte su experiencia desde Navarra:
“Me ha generado frustración, impotencia y cansancio emocional. He llegado a dormir sólo tres horas diarias por la sobrecarga de trabajo, y cuando pedía descansar, me respondía que yo sabía a qué venía”.
El informe de SOS Racismo se complementa con una evaluación económica de las actividades domésticas no intercambiables en el mercado; así, según un artículo de la socióloga Marta Domínguez Folgueras (¿Cuánto vale el trabajo doméstico en España? Fundación La Caixa, 2019), el valor de las actividades no remuneradas en el estado español ascendió, en 2010, a 426.372 millones de euros, lo que representó el 40,7% del PIB; dentro de esta estimación, conservadora, el 26,2% corresponde a las mujeres.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.