Traducido para Rebelión por Ramon Bofarull
Imaginemos que el juez de la Audiencia Nacional que recibió el atestado de los hechos de Urbina (Álava) del 17 de enero, en lugar de devolverlo a la Ertzaintza, hubiera visto indicios de delito y hubiera decidido abrir sumario. Ahora tendríamos a otras ocho personas imputadas con peticiones de condena correspondientes a delitos de terrorismo, bajo la decisión de un tribunal que no recibe con mucha hospitalidad a los ciudadanos vascos. Y, en esencia, todo por participar en una acción pacífica de desobediencia civil después de una manifestación.
El juez Santiago Pedraz resolvió que lo ocurrido en Urbina carecía de relación con el terrorismo y devolvió las diligencias a la Ertzaintza. En vista de lo sucedido en el País Vasco durante los últimos años casi parece una postura digna de agradecimiento que un juez de la Audiencia Nacional adopte decisiones así. Hasta ahí hemos llegado.
Pero ha quedado claro que la Ertzaintza ha querido imponer la carga de la condena correspondiente a un delito de terrorismo sobre las espaldas de las ocho personas detenidas en Urbina, con todas las consecuencias que eso implica sobre cualquiera. En este caso la Ertzaintza ha ido más lejos que la Audiencia Nacional. Poco vale, para algunos, la libertad de los ciudadanos de una determinada ideología.
El movimiento popular contra el tren de alta velocidad (TAV) hacía tiempo que denunciaba que las administraciones que quieren llevar adelante esta infraestructura están intentando criminalizar su actividad. Esta semana Berria ha dado noticia de la orden enviada por escrito por el jefe de la división de Seguridad Ciudadana de la Ertzaintza a los jefes de las delegaciones territoriales. Entre otras cosas, ordenaba tratar como terrorismo las acciones contra el TAV ─sin distinguir entre acciones pacíficas y violentas. Si el protocolo se hubiera utilizado para los sabotajes y atentados nadie se habría sorprendido. Pero su aplicación en acciones de desobediencia civil muestra que existe la intención de confundir las actividades civiles pacíficas con las violentas, es decir, la voluntad de criminalizar al movimiento civil y a quienes participan él.
No va por buen camino el conflicto del TAV. Las administraciones, a pesar de saber que un sector importante de la sociedad está en contra, han decidido seguir adelante con el proyecto. ETA ha emprendido una campaña de atentados, en uno de los cuales ha matado al empresario Ignacio Uria. Las acciones de ETA y sucesos como los que se han conocido esta semana ─cada cual a su modo─ muestran que la racionalidad y el entendimiento mutuo han sido dejados de lado.
La Consejería de Interior del Gobierno vasco no ha desmentido que la Ertzaintza tenga la orden de tratar como terrorismo las acciones contra el TAV. Y, por tanto, quedará en manos de la voluntad de la Audiencia Nacional que a personas que carecen de relación con delitos de terrorismo se les impongan o no tales condenas. Aun más sorprendente resulta esa actitud considerando que el partido político que ha dirigido la Consejería de Interior ha declarado una y otra vez que es legítimo mostrarse en contra de esa infraestructura, si la protesta se realiza de modo pacífico. No parece que la orden emanada de la Consejería de Interior se compadezca con ese criterio.
Berria, 15 de marzo de 2009