El autor analiza los procesos judiciales contra militantes antifascistas en las peculiares «democracias» de los estados español y frances de este inicio de siglo. «Estamos ante unos juicios-farsa contra un partido politico y un movimiento de resistencia al que se le ha negado el derecho a la defensa juridica, hasta el punto de expulsarles de […]
El autor analiza los procesos judiciales contra militantes antifascistas en las peculiares «democracias» de los estados español y frances de este inicio de siglo. «Estamos ante unos juicios-farsa contra un partido politico y un movimiento de resistencia al que se le ha negado el derecho a la defensa juridica, hasta el punto de expulsarles de la sala a golpes cada vez que intentaban expresarse o replicar», sostiene.
Una operación dirigida por Garzón y la Guardia Civil, con el apoyo de las autoridades judiciales colaboracionistas francesas (entre las que destaca el instructor lepenista Bruguiére) e italianas, que siguieron a pies juntillas los dictados e informes falsificados que se les enviaban desde el Ministerio de Interior español, llevó a 26 militantes de la AFAPP, SRI, PCE(r) y GRAPO a la cárcel en 2002. Tres años y medio de incomunicación, aislamiento e indefensión para los encausados, que culminan con dos macro-juicios farsa: uno, celebrado del 16 de noviembre al 2 de diciembre en el Tribunal de Grande Instance de París, y el segundo, en la Audiencia Nacional de Madrid, que empezó el pasado 15 de diciembre y finalizará el próximo 20 de enero.
Las condenas, ya dictadas de antemano, superan los 60 años para los 9 presos juzgados en Francia por «asociación de malhechores». Y superan los 160 las que pide la Fiscalía a los 13 militantes que están siendo juzgados estos días en la Audiencia Nacional. El objetivo de los juicios no es otro que la culminación de un largo proceso de criminalización contra el Partido Comunista de España (reconstituido) PCE(r) y su asimilación a los GRAPO, cuando el PCE(r) ha sido y es desde su fundación un partido político obrero y comunista y su única actividad es, justamente, la política. Un partido que en sus 37 años de historia ha tenido que sufrir las consecuencias de la guerra sucia de la «democracia» española: miles de años de cárcel, torturas, asesinatos a sangre fría (Eizagirre, Cario, José España…), huelgas de hambre contra el exterminio y las dispersiones, etcétera. Lo que se pretende con semejantes parodias de juicio y ejemplares condenas es impedir que el PCE(r) pueda proseguir su tarea política entre los trabajadores e impedir, también, que se prosiga la tarea solidaria con los represaliados.
Intoxicacion
A las detenciones del 2002 siguió una persistente campaña de intoxicación, presentando esta operación represiva en Francia, España e Italia como una «desarticulación de los GRAPO». Estas detenciones se realizaron para justificar la posterior ilegalización del PCE(r) y de su «entorno», criminalizando a organizaciones solidarias con los presos políticos como las AFAPP y el SRI. A todas ellas y a sus militantes se les continúa aplicando la guerra sucia: detenciones, seguimientos, amenazas… prohibiendo y declarando «subversivas» sus publicaciones «A la Calle», «Solidaridad», «Resistencia» y «Antorcha». Se anunció que «todo es GRAPO». Una canción que ya es habitual: «todo es GRAPO» como «todo es ETA en el 18/98» o «todo es terrorismo islámico» en el comando Dixán.
En tres años de instrucción, Garzón y la Guardia Civil han construido testimonios y nuevas pruebas falsas con las que tergiversar el contenido de documentos y crear vínculos orgánicos inexistentes con otras organizaciones antifascistas, inventando la «banda PCE(r)-GRAPO». En todos los años de historia del PCE(r), ningún tribunal se había atrevido a tanto. Como expresó Fernando Hierro Chomón, veterano luchador antifascista, ante el Tribunal vichysta, «los torturadores mienten cuando hablan de dos ramas de una misma organización, pues hasta un Tribunal español ha dictado sentencia [en alusión a la sentencia contra Segi] señalando que no se pueden asimilar las organizaciones políticas a las organizaciones armadas». Hierro habló, además, de la vuelta a los orígenes fascistas del régimen.
Estamos ante unos juicios-farsa contra un partido político y un movimiento de resistencia al que se le ha negado el derecho a la defensa jurídica, hasta el punto de expulsarles de la sala a golpes como ha ocurrido en París cada vez que intentaban expresarse o replicar. También se está denunciando que una parte del sumario elaborado por Garzón se ha desgajado y la mantienen guardada en secreto con el fin de incriminar en el futuro a otras organizaciones y militantes antifascistas bajo las mismas acusaciones de «terrorismo». De hecho, a lo largo del sumario la Guardia Civil señala a la Asociación Libre de Abogados (ALA) de Madrid como «organismo terrorista», y nombra a determinados abogados como pertenecientes a un supuesto «frente de abogados de los GRAPO», al igual que hace con familiares de presos políticos, organizaciones solidarias como CNA, librerías…
La intoxicación teledirigida por el Ministerio del Interior prosigue cuando desde las páginas de «Abc», poco antes de iniciarse el juicio de Madrid, acusaba a determinados sectores del movimiento okupa, solidarios, medios libertarios, independentistas gallegos y catalanes, o a la misma kale borroka en Euskal Herria, como la «cantera de los nuevos GRAPO». ¿Y las pruebas?
En el cénit de los dislates, las fiscalías acusan con esta joya: «los GRAPO están compuestos por unas decenas de activistas armados» (…) para, sin inmutarse y a renglón seguido, añadir: «englobados en la estructura AFAPP-SRI-CNA-ALA-A La Calle-Solidaridad-Resistencia-Antorcha-PCE(r)-GRAPO». ¡De un plumazo, cientos de personas acusadas de militancia armada!
No hay pruebas
Pero la farsa se les está viniendo abajo. Primero, por el trabajo incansable y diario de todas esas organizaciones populares, cada una en su campo genérico e independiente desde hace más de 37 años, como en el caso del PCE(r). Y segundo, porque en esos 24.000 folios en España y otros tantos en Francia, no han conseguido ni una sola prueba que «demuestre» tamaña barbaridad sin tener que recurrir a la falsificación («pruebas» ¡en fotocopias!, manipulación de ADN, desgajo del sumario, una de las militantes juzgada en París y Madrid ¡al mismo tiempo!, reconocimiento del propio Presidente de los jueces de que «existe una cierta corriente favorable a la disolución de la Audiencia Nacional», el juez reconociendo «que PCE(r) y GRAPO son dos organizaciones distintas» en la sesión del 15 diciembre, la tortura a los detenidos o el trabajo sucio de las policías políticas de Italia, Francia y España.
* Erlantz Cantabrana es un represaliado político vasco militante de Socorro Rojo Internacional.