María Cristina y Laurentio Ion tosían mucho hace un mes y su tía se preocupó. Cogió a los dos niños rumanos, de tres y dos años respectivamente, y los llevó al Centro de Salud de Yepes (Toledo), pero allí se encontró con el muro del no. Según relata la tía de los menores, Micaela Istrate, […]
María Cristina y Laurentio Ion tosían mucho hace un mes y su tía se preocupó. Cogió a los dos niños rumanos, de tres y dos años respectivamente, y los llevó al Centro de Salud de Yepes (Toledo), pero allí se encontró con el muro del no. Según relata la tía de los menores, Micaela Istrate, la administrativa que estaba en la puerta les negó la asistencia, les dijo que los niños no tenían NIE y que si estaban tan enfermos que los llevase a Urgencias, pero que el pediatra no los iba a atender.
«Me dijo que los niños no tenían derecho a un médico porque no son legales y no están dados de alta en la Seguridad Social. Esa misma persona, hace cinco años, me recomendó que si mi primo (padre de los menores) quería tener una tarjeta sanitaria se casase o buscase un trabajo», afirma Micaela, ya nacionalizada en España.
Dos semanas después, los niños consiguieron ser examinados por el pediatra. Médicos del Mundo en Castilla-La Mancha, ONG que lleva denunciando sistemáticamente las malas prácticas en la puesta en práctica del Real Decreto Ley 16/2012, tuvo que mediar. La organización se puso en contacto con la administrativa y le explicó que los menores, aunque sean inmigrantes, tienen el acceso a la Sanidad pública garantizado por ley, explica Micaela.
La presidenta de Médicos del Mundo en Castilla-La Mancha, Idoia Ugarte, confirma que el caso de estos dos menores es «la punta del iceberg», pues únicamente en Castilla-La Mancha, la organización ha tramitado más de 200 expedientes de negación de asistencia médica. «No se puede tener cifras ni siquiera a nivel provincial, pero es evidente que se está negando la asistencia y que se hace por desconocimiento», reitera Ugarte. Considera, además, que el hecho de dejar fuera a pacientes tan frágiles supone una «vulneración grave» de las obligaciones contraídas con la Convención sobre los Derechos del Niño.
Pero pasa. Es una realidad que los menores, al igual que otros grupos sociales vulnerables como las mujeres embarazadas, tienen en muchas ocasiones dificultades para acceder al derecho de la asistencia sanitaria. Y el problema es el desconocimiento. De hecho, a esta ONG le consta que el 30 de enero el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) envió una circular interna en la que describía el protocolo a seguir en estos casos y dar «una especie de tarjeta sanitaria a menores y embarazadas». «Hay mucha desinformación. El personal administrativo no tiene claro cómo ha de actuar ante un caso así y siguen negando la asistencia», explica la presidenta.
Por su parte, el SESCAM negó el mismo día en que la ONG hizo pública su denuncia, el pasado jueves, que esas prácticas se estén llevando a cabo en la comunidad dirigida por la popular María Dolores de Cospedal. De hecho, desde la administración pública se mostraron «preocupados» por que esta organización «lance esta voz de alarma cuando no se están produciendo estos hechos».
Facturas pese a la cobertura gratuita
Pero la asistencia sanitaria a menores no ha sido el único punto conflictivo entre el gobierno de Castilla-La Mancha y Médicos del Mundo en los últimos días. La organización denunció el mismo día que que hospitales como Virgen de la Salud de Toledo habían enviado facturas superiores a 3.000 euros por un parto a personas con ese servicio totalmente cubierto por el Sistema Nacional de Salud.
El SESCAM lo desmintió y aseguró que era una afirmación «rotundamente falsa». Médicos del Mundo aseguró que tenía documentación que acreditaba que las facturas existían. La organización ha enviado la siguiente factura a La Marea este lunes:
El documento registra la fecha de ingreso de la paciente el 10 de enero de 2012, con alta dos días después. En la factura, expedida por el Hospital Virgen de la Salud, se recogen tres conceptos: hospitalización general (gratuita), cura de urgencias (222,73 euros) y parto vaginal con complicaciones (3.114,97 euros). Total: 3.337,70 euros por dar a luz en uno de los hospitales públicos de Toledo.
Un paciente madrileño denuncia no recibir la atención que necesita tras ser derivado a una clínica privada
El pasado jueves, una hora antes de ir a que le practicasen una colonoscopia, el paciente Francisco Ruz recibió una llamada de la clínica privada Anderson. Querían confirmar su asistencia a la exploración que tenía programada. «No, no voy a ir», respondió. Y no se presentó. Por miedo y «por dignidad». A Francisco, paciente del área de Digestivos del Hospital público Gregorio Marañón, le faltaba una prueba esencial para entrar en el quirófano con todas las garantías: la consulta con el anestesista, que debía certificar que la anestesia era adecuada teniendo en cuenta la medicación que toma tras sufrir un ictus hace seis meses. Sin ella, no quería correr riesgos.
Cuatro días después, el paciente sigue sin saber a qué centro le correspondía realizar esa consulta con el especialista. «No sé si me tendría que haber citado en el hospital (donde le han hecho el resto de pruebas pre-exploración) o en la privada, con el equipo que me tenía que intervenir», explica Francisco. El caso es que nadie le citó.
Desde hace nueve años, a Francisco le practican anualmente una colonoscopia debido a su dolencia degenerativa, una colitis ulcerosa crónica. Tras sufrir el ictus, según el paciente, su médico del Gregorio Marañón le comentó que el anestesista debería «reestudiar su caso» antes de la intervención «por seguridad». Pero poco después derivaron a Francisco a la clínica privada Anderson Internacional. En el camino de lo público a lo privado, se ha perdido la consulta con el especialista.
Para redondear el sinsentido, ahora tiene que esperar hasta mayo, «cuando tengo cita en Digestivos para evaluar las pruebas que no me he realizado. Es absurdo», asegura frustrado el paciente.
Si bien es cierto que Francisco no tenía ningún inconveniente a priori en acudir a la clínica Anderson, tras lo sucedido, desconfía. «No he ido ni voy a ir a un centro privado, aunque no me pidan dinero. No pienso entrar en el juego. Lo que ha pasado evidencia que lo primero no es la salud. Si hasta este año se hacía todo en el mismo hospital, ¿por qué de repente no se puede? Alguien se está beneficiando clarísimamente con este tráfico de pacientes», se pregunta Ruz.
Hace unas semanas Madrid Salud le envió una carta en la que se lee: «En relación a la cita de colonoscopia diagnóstica que tiene usted citada en el Hospital Gregorio Marañón, le comunicamos la posibilidad de realizársela en este centro. Le adjuntamos la citación para la prueba que tiene pendiente en el Hospital MD Anderson Internacional España SA». Y a continuación un mapa indicativo de cómo el paciente que vive en Perales de Tajuña (a 42 kilómetros de Madrid) debía llegar al centro, en el barrio de Arturo Soria.
A pesar de que la Consejería de Sanidad justifica la «externalización» sanitaria y el Plan de Sostenibilidad según criterios económicos y argumentando que la calidad asistencial se va a mantener, la realidad es otra. El trasiego de pacientes del sistema sanitario público al negocio privado es un secreto a voces que se está intensificando en los últimos meses. Y, en última instancia, los grandes perjudicados son los pacientes.
«No me puedo arriesgar a quedarme en la mesa de operaciones. Estamos hablando de anestesia general. No es una broma», lamenta Francisco. Asegura que es un «enfermo muy problemático» que debería recibir una atención y seguimiento «por parte del mismo equipo profesional siempre», como había sucedido hasta el momento de recibir la carta.
El paciente, con un 38% de minusvalía, reconoce que cuando acudió a su última consulta con su médico de Digestivos, en el pasillo esperaban diez pacientes, «todos derivados a la privada. Las colonoscopias y endoscopias las van derivando a otros centros, cuando aquí tienen el material y el personal necesario», afirma. Francisco se siente víctima de «una descoordinación que pone en peligro la vida de los enfermos».
La Marea ha tratado de conocer la versión del Hospital Gregorio Marañón y la clínica Anderson desde el pasado jueves sin éxito.