¿Se imaginan que a los trabajadores de la Ford su empresa le hiciera descuento por comprarse un Opel? ¿O que a los trabajadores de El Corte Inglés les dieran bonos para comprar en Carrefour? Cosas así sólo pueden pasar en la administración pública. Cuando nos advierten continuamente del déficit de la sanidad pública, el gobierno […]
¿Se imaginan que a los trabajadores de la Ford su empresa le hiciera descuento por comprarse un Opel? ¿O que a los trabajadores de El Corte Inglés les dieran bonos para comprar en Carrefour? Cosas así sólo pueden pasar en la administración pública. Cuando nos advierten continuamente del déficit de la sanidad pública, el gobierno paga a sus trabajadores sanidad privada. Teniendo en cuenta que los funcionarios son el único colectivo que tiene asegurados sus ingresos es un derroche económico que no tiene justificación alguna, a no ser que se asegure que sean derechos históricos adquiridos.
Pero, ¿que tipo de derecho sociales no se han recortado estos años por motivos económicos? ¿No se han recortado las prestaciones por desempleo, medicamentos, etc…? Esta prestaciones sanitarias se gestionan por tres organismos: La Muface (Mutualidad de Funcionarios del Estado), en la que están integrados los funcionarios del estado; la Mugeju (Mutualidad General Judicial), que la componen los funcionarios de la Administración de Justicia; y la Isfas (Instituto Social de las Fuerzas Armadas), que gestionan los derechos sociales de los miembros del Ejercito y Policía. Una vez ingresado en la función pública se puede elegir la entidad sanitaria. Si bien es verdad que se puede elegir la Seguridad Social, los propios funcionarios encargados te la desaconsejan por su masificación, y sobre todo por que a ellos le suponen un «mayor papeleo». También ocurre a menudo que funcionarios destinados en pequeñas ciudades se afilien a una entidad privada pero luego tienen que acudir a la Seguridad Social en casos de urgencias, existiendo un convenio por el que la entidad pública recibe una mísera indemnización por estos servicios.
La Mugeju e Isfas tienen una organización interna jerarquizada y anti-democrática, más propia de un cortijo que de un organismo público en un estado democrático. En el caso de la Mugeju el Presidente sólo puede ser un Magistrado del Tribunal Supremo elegido por el Presidente de este Tribunal. La asamblea general esta formada por 21 compromisarios del grupo II y otros 21 compromisarios del grupo I (titulados superiores). Al tener voto también el presidente, la minoría en cotizaciones y número (Jueces, Fiscales y Secretarios Judiciales), se impone sobre una mayoría. Esta forma de elegir delegados también se aplica en las ayudas sociales, así que la mitad de las ayudas se la reservan la elite gobernante dejando la otra mitad de ayudas sociales para el resto de trabajadores. La Isfas, como no podía ser de otra forma, esta gobernada por el ministro de Defensa como presidente, y vicepresidente el subsecretario de Defensa. Son vocales natos los directores generales de Presupuestos del Ministerio de Economía y Hacienda, de Personal y de Asuntos Económicos del Ministerio de Defensa, el secretario general del ISFAS, los jefes de los Mandos o Jefaturas de Personal de cada uno de los tres Ejércitos, el interventor general de la Administración del Estado y el subdirector general de Personal de la Guardia Civil, sin rastro alguno de democracia interna.
La Muface, Mugeju e Isfas también se han significado por su activismo en favor de los planes de pensiones privados, dándose la paradoja que para un trabajador que cobra menos de mil euros al mes le remiten periódicamente una oferta para suscribir planes de pensiones privados con aportaciones de 300 euros al mes.
UGT y CCOO, que en su origen eran sindicatos de clase, en lugar de solicitar la afiliación obligatoria de todos los trabajadores públicos al régimen de seguridad social, solo se han preocupado de intentar «democratizar» estas entidades, pero en ningún caso acabar con ellas. Seguramente entienden que ser de clase significa que en los servicios públicos hay clase primera y clase segunda como en los trenes.
La mejora de la sanidad pública requerirá eliminar estas bolsas de privilegios y que no este financiada con cargo a las cotizaciones de la Seguridad Social, sino con cargo a los presupuestos generales del Estado. Cada vez más son las bolsas de población que no cotizan pero que son atendidos en la sanidad pública (inmigrantes, parados…), como también soporta en solitario el sistema sanitario público la formación de los médicos, la investigación y las grandes operaciones (transplantes…). No es comprensible que la primera fuente de financiación del sistema sanitario público sigan siendo las cotizaciones de los trabajadores en activo dado su carácter universal. Sólo con medidas valientes se conseguirá salvar a la sanidad pública para todos y de calidad.