Las organizaciones Amnistía Internacional y Médicos del Mundo han dirigido un escrito al Gobierno de Canarias en el que expresan su preocupación por algunas de las medidas contenidas en el documento Propuestas sobre dinamización económica y del empleo y sobre limitación del sobrecrecimiento poblacional en Canarias, que fue tomado en consideración por el Consejo de […]
Las organizaciones Amnistía Internacional y Médicos del Mundo han dirigido un escrito al Gobierno de Canarias en el que expresan su preocupación por algunas de las medidas contenidas en el documento Propuestas sobre dinamización económica y del empleo y sobre limitación del sobrecrecimiento poblacional en Canarias, que fue tomado en consideración por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma Canaria el 12 de mayo de 2004, y que ya ha sido objeto de críticas por parte de diferentes instancias, como el Consejo Económico y Social de Canarias.
De entre los contenidos de dicho documento, a estas organizaciones les resultan especialmente preocupantes dos de las propuestas que se plantean, y que son las siguientes:
· Los servicios públicos llevarán un registro de aquellas personas que no aporten la documentación que acredite su situación regular en Canarias. Siempre con las garantías legales que exige el tratamiento de la información personal y la prestación de los servicios públicos esenciales.
· En particular, la Consejería de Sanidad llevará un registro y control de la asistencia no urgente, tanto primaria como en especializada, que se preste a personas que no acrediten su situación regular en Canarias. Siempre con las garantías legales que exige el tratamiento de la información personal.
Ante estas propuestas, Amnistía Internacional y Médicos del Mundo quieren recordar que los derechos humanos pertenecen a todas las personas por el sólo hecho de ser tales, tienen carácter inalienable y se encuentran por encima de cualquier situación jurídica como la residencia o la nacionalidad. Así lo establecen todos los tratados internacionales suscritos y ratificados por España, y por ello todas las autoridades españolas, cualquiera que sea su ámbito competencial, están obligadas a garantizar la protección de los derechos humanos de todas las personas que se encuentran en su territorio, tengan o no el estatus legal de residencia o nacionalidad.
En este sentido, a ambas organizaciones les preocupan aquellas medidas dirigidas específicamente hacia los inmigrantes en situación administrativa irregular, y que pueden tener impactos graves sobre derechos internacionalmente reconocidos como esenciales. Tales medidas pueden suponer discriminación, lo cual vulneraría las normas internacionales de derechos humanos.
Un Estado receptor de población migrante, a través de su legislación, decisiones administrativas y en sus actuaciones prácticas, incrementa o reduce la situación de vulnerabilidad de las personas que migran. En el caso de las medidas propuestas, el efecto directo sería mermar el acceso de las personas inmigrantes a los recursos públicos disponibles previstos para garantizar el derecho a la salud, entre otros derechos humanos que la Administración canaria tiene la obligación de proteger.
En opinión de Amnistía Internacional y Médicos del Mundo, las propuestas contenidas en el documento indicado podrían producir la invisibilización de un determinado colectivo, impidiéndole el acceso a derechos fundamentales como el derecho a la salud o el acceso a ayudas sociales de emergencia. El miedo a la expulsión podría impedir que los inmigrantes que no gozan de situación regular hagan uso de estos servicios básicos. Este impacto es especialmente preocupante cuanto se trata de grupos particularmente vulnerables, como los menores y las mujeres, especialmente las que sufren violencia en el ámbito familiar. Las medidas que obstaculizan el acceso de las personas inmigrantes en situación irregular a derechos fundamentales vulneran el principio de no discriminación.
Por todo ello, estas dos organizaciones se han dirigido por escrito al Gobierno Canario y le han instado a que no adopte ninguna medida que pueda suponer un menoscabo de los derechos fundamentales de las personas, independientemente de su situación jurídica, ni que supongan una barrera para el acceso de los inmigrantes indocumentados a estos derechos.