La subcontratación de profesionales emigrantes por parte de Osakidetza fomenta el deterioro del servicio público de salud y pone de relieve las deplorables condiciones laborales y sanitarias en las que ejercen su actividad.
No cabe duda que las movilizaciones del personal sanitario, y de una parte importante de la clase obrera de este país, han conseguido ralentizar el imparable deterioro de la Sanidad Pública. Dos campañas electorales se han sucedido en lo que va de año con vanas promesas de apostar por lo público o, peor aún, de vanagloriarse de ser los auténticos defensores de los servicios públicos. Pero la ley 15/97 y la dependencia de las políticas liberales europeas pesan como una losa en unos proyectos políticos que asumen el sistema capitalista y, por tanto, la enajenación de lo público para ser transferido al negocio privado.
Somos los usuarios/as de la Sanidad los primeros afectados por los recortes presupuestarios que cierran centros de atención primaria, centros de especialidades y hospitalarios. Las largas listas de espera desesperan a muchas personas, que no encuentran otra alternativa que acudir a la sanidad privada. El deterioro consciente de lo público es el paso previo al ensalzamiento del servicio privado cuyo objetivo no va a ser otro que alcanzar el mayor beneficio posible.
Por otro lado se encuentran los profesionales de la Sanidad Pública que experimentan cómo se van deteriorando sus condiciones laborales, con menos contrataciones y cada vez más precarias. Y para amortiguar un estallido ciudadano por el paupérrimo servicio recibido, las administraciones públicas han acudido a la subcontratación del servicio, de tal manera que el usuario sigue creyendo que es atendido por el Servicio Público de Salud y la Administración Pública sigue sin contratiempos con el proceso privatizador.
Así es como está actuando el Servicio Vasco de Salud, Osakidetza, y la empresa Care 4 Chronics, con el agravante de que está permitiendo a esta empresa la contratación de trabajadores/as emigrantes con condiciones laborales que, si fueran aplicadas a profesionales nacionales, supondría un verdadero escándalo. Personal sanitario, la mayoría médicos, procedentes de países latinoamericanos que en muchos casos desconocen la legislación y que, además, se ven encadenados por la firma de una addenda de su contrato laboral. Así se desprende de la denuncia en Inspección de Trabajo de Gipuzkoa presentada recientemente por el sindicato Alternativa Sindical de Clase.
Care 4 Chronics contrata a estos profesionales a través de una persona que se encarga de captar médicos en diferentes lugares de América Latina para trabajar en la sanidad pública de Euzkadi. Firmado el contrato se les amenaza con una fuerte sanción económica si deciden volverse atrás. Y, además, se les presenta para firmar un documento anexo en el que, por una determinada cantidad de dinero, renuncian a las vacaciones, al cobro de horas extraordinarias, a cualquier gratificación o plus por guardias, festivos, trabajo en Navidad, fin de año, Reyes… . La firma del contrato es el inicio de un verdadero calvario para estos profesionales de la salud.
La actividad que realizan, una vez en Euzkadi, es la atención de urgencias en el medio rural. Para ello son asignados a una de las nueve bases que están distribuídas en diferentes puntos de la geografía vasca. Y se les asigna un vehículo dotado de GPS para desplazarse a distancias que en muchas ocasiones superan los 50 kilómetros y hacerlo en solitario, de noche y sin el acompañamiento de un profesional de la Enfermería o un conductor, en muchas ocasiones sin haber pasado la ITV obligatoria. No se les da un curso de Formación ni siquiera para el manejo del vehículo o de la enrevesada geografía vasca o del material que deben utilizar. Hay jornadas que llegan a realizar hasta 400 kilómetros. en condiciones de gran presión por tener que atender urgencias graves y con llamadas constantes mientras conducen para acudir a otras urgencias. No es de extrañar que en estas circunstancias los accidentes de tráfico que sufren sean una constante y, al ser notificados, la empresa priorice su interés por el estado del vehículo al del trabajador/a a quien se le insta a seguir atendiendo las urgencias sin importarles su estado físico o psicológico. Por supuesto, las multas de tráfico corren por su cuenta, muchas de ellas por exceso de velocidad o uso del teléfono móvil, que deben atender obligatoriamente cuando son llamados desde la base. También el mantenimiento y limpieza del vehículo corre de su cuenta .
Las penurias no acaban ahí. Una vez en el domicilio del paciente se ven obligados a realizar labores propias y las de Enfermería o la administración de medicamentos suministrados en maletines con escasas existencias. Actividades que la legislación vigente y sus códigos éticos no contemplan, como el inicio de cuidados paliativos en solitario.
Las denominadas bases son sus centros de trabajo, pisos no adecuados para el servicio que prestan, sin unas condiciones mínimas de salubridad, donde la limpieza se realiza cada dos días y el mantenimiento lo deben realizar los propios facultativos. Las habitaciones disponen de una cama donde se supone que el trabajador/a puede descansar si el servicio lo permite, pero que nunca se cambian las sábanas y deben ser ellos mismos quienes, por cuestiones higiénicas, aporten las suyas propias. Eso si en algún momento pueden descansar.
Esta kafkiana situación parece impensable en un servicio de calidad que con el que nos debería dotar el Gobierno Vasco. Pero sonroja a más de uno las condiciones laborales que sufren, tal vez por su condición de trabajadores/as inmigrantes.
Los facultativos se quedan solos en los centros de trabajo a partir de las 10 de la noche, sin el apoyo de otro profesional y sin un plan de contingencia. Tampoco disponen de un descanso reglamentario, ni siquiera en las jornadas de 24 horas y solo el hecho de comer lo deben hacer en tiempos muertos entre servicio y servicio. No disfrutan de vacaciones debido a las condiciones leoninas impuestas por la empresa y estas se regulan con la suma de días libres o cambios realizados con compañeros/as y en períodos fijados por la propia empresa. No se les reconoce las horas trabajadas fuera de su jornada laboral y, por supuesto, no se les compensa. Sus salarios llevan años sin actualizarse a pesar de la elevada inflación que sufrimos.
A pesar de sus interminables jornadas y en esas deplorables condiciones no disponen de seguros de riesgo ni protocolos ante situaciones de peligro, ni con un programa de educación profesional, evaluación del desempeño o una coordinación médica.
¿Creemos las ciudadanas y ciudadanos vascos que este es el servicio de salud de calidad que el gobierno vasco se enorgullece de tener? ¿Podemos permitir las ciudadanas y ciudadanos vascos que seamos atendidos por profesionales sanitarios con estas condiciones laborales que se dejan la vida para atendernos en casos de urgencia médica? ¿Permitiremos las ciudadanas y ciudadanos vascos el continuo deterioro de un servicio público que financiamos con nuestros impuestos y que pone en riesgo nuestra salud y nuestra vida?
La denuncia interpuesta en Inspección de Trabajo deja todas estas reflexiones en nuestras mentes. Pero señalan directamente a la grave responsabilidad de las empresas que son contratadas por el gobierno vasco y que no dudan en saltarse la legislación vigente para obtener más beneficios a costa del recorte en las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. Apunta a Osakidetza y a su responsable, Miren Gotzone Sagardui, que permite a estas empresas realizar ese tipo de contratos y tener a estos trabajadores y trabajadoras en condiciones indignas. Acusa al gobierno vasco que fomenta el deterioro de la Sanidad Pública y pone parches sin afrontar los verdaderos problemas de este sector. Y, en definitiva, cuestiona una vez más un sistema capitalista depredador que no duda en poner en riesgo nuestra salud ni en esclavizar a la clase trabajadora para conseguir sus objetivos económicos
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