El Congreso de los Diputados aprobó el jueves 22 de junio una proposición declarando al actual año 2006 como Año de la Memoria Histórica e instando al Gobierno a presentar, en el plazo de un mes, el prometido informe sobre las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo que ha estado elaborando, desde finales […]
El Congreso de los Diputados aprobó el jueves 22 de junio una proposición declarando al actual año 2006 como Año de la Memoria Histórica e instando al Gobierno a presentar, en el plazo de un mes, el prometido informe sobre las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo que ha estado elaborando, desde finales del 2004, una Comisión Interministerial.
Esta proposición de ley fue aprobada con 174 votos a favor (de IU-ICV, PSOE y CiU), 135 en contra (del PP) y 13 abstenciones (de ERC y el PNV), y en ella se reconoce a la II República (1931-1936) como antecedente de la actual democracia e insta al Ejecutivo a que promueva durante este año actos de homenaje a quienes fueron víctimas de la Guerra Civil española y del franquismo e hicieron posible el régimen democrático instaurado con la Constitución de 1978.
El texto fue modificado previamente por el Senado para que en la exposición de motivos, aprobada inicialmente en el Congreso, se subrayara el papel de la Constitución Española como «instrumento de concordia y convivencia para el futuro»; pero a pesar de ello el Partido Popular lo siguió considerando inoportuno.
Lo más importante de este texto, treinta años después de la muerte del dictador, es que por fin se considera oportuno «honrar a quienes trabajaron por la democracia».
No obstante, este reconocimiento sólo vendrá acompañado de la puesta en circulación de sellos conmemorativos y la edición e incorporación a las bibliotecas de libros y vídeos pedagógicos sobre la recuperación de la memoria histórica de la II República, la represión franquista y la lucha por las libertades.
En el texto ni siquiera se hace referencia a la anulación de las sentencias pronunciadas por los tribunales represivos de la dictadura franquista contra cuantos luchaban por las libertades que hoy proclama constitucionales la actual Democracia. Sólo se insta al Gobierno a que presente un Informe sobre este tema en el plazo de un mes.
Recordemos que Zapatero se había comprometido públicamente, a principios de este año, a presentar dicho Informe antes de que comenzara el verano.
En su intervención ante el pleno del Congreso, el diputado del PSOE Ramón Jáuregui insistió en que en la ley no tiene «ningún afán vengativo ni sectario» sino que intenta «recordar nuestro pasado para hacer justicia a todos los españoles, no importa de qué lado».
Jáuregui rechazó que se pueda acusar al PSOE de reabrir heridas o «despertar demonios de nuestro pasado» y recordó que fueron los partidos de izquierda junto a los de derecha quienes sellaron el pacto de reconciliación que hizo posible la transición española.
Como puede verse, el PSOE y el Gobierno siguen demorando la decisión de anular las sentencias franquistas y, en cambio, siguen insistiendo en equiparar las víctimas de los dos «lados», que es la excusa del PP para oponerse a la rehabilitación de las víctimas del franquismo.
Por su parte, el portavoz de IU-ICV, Gaspar Llamazares, se limitó a remarcar que no puede existir una reconciliación completa «con amnesia y olvido», por lo que abogó por recuperar la memoria republicana, democrática y antifascista.
Desde CiU, Jordi Xuclà agradeció al Senado su «buen hacer legislativo», por el que se ha modificado de forma positiva la ley, al tiempo que instó al Gobierno a que cumpla su promesa de presentar en el Congreso la anunciada ley de la memoria histórica.
En su turno en contra de la iniciativa, el diputado del PP, Manuel Atencia, insistió en que, «puestos a conmemorar», a ellos les parece más adecuado declarar este año como «Año de la Concordia» y de este modo hacer un homenaje a la Constitución de 1978 en tanto que «superadora de conflictos y de etapas de enfrentamiento».
En cuanto a los que se abstuvieron en la votación, ERC y PNV, se limitaron simplemente a tachar la ley de «insuficiente» y «poco atrevida». El portavoz de ERC, Joan Tardà, lamentó que la propuesta se quede «en una simple declaración vacía de contenido» y advirtió al Gobierno de que no aceptarán «gato por liebre» en la anunciada ley de la memoria histórica. Esta posición fue reiterada por el diputado del PNV, Aitor Esteban, quien expresó «serias dudas» de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, «cumpla su promesa» de traer al Parlamento el prometido informe sobre la situación de las víctimas de la guerra civil y el franquismo.
Como puede verse, además de que cada partido adopta una posición acorde con su actual posicionamiento político, se está aún lejos de un consenso para la total rehabilitación de las víctimas de la represión franquista y para que el Año de la Memoria Histórica sea realmente el de la definitiva condenación del régimen franquista. Las decisiones tomadas hasta ahora son solamente simbólicas, la continuidad institucional del régimen franquista en la actual Democracia sigue sin ser puesta en causa y Zapatero y su gobierno socialista siguen manteniendo una posición ambigua al respecto. Es necesario pues exigirles que se definan.