El Congreso de los Diputados aprobó el 14 de julio la Ley de Memoria Democrática, con los votos favorables del PSOE, Unidas Podemos, EH Bildu, el PNV, el PDeCAT, Más País y Compromís; la nueva legislación ha sido rechazada por los derechistas PP, Ciudadanos y el partido de extrema derecha Vox. Tras la aprobación en el Congreso, la Ley de Memoria continuará con la tramitación parlamentaria en el Senado.
Entre otras medidas, el texto declara ilegales y nulas las sanciones o condenas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la guerra y la dictadura; asimismo se reconoce a las víctimas el derecho al reconocimiento y la reparación integral por parte del Estado; la designación de una comisión técnica para que –en un año- elabore un estudio sobre la vulneración de los derechos humanos entre 1978 y 1983; la disolución de asociaciones por apología del franquismo; o la creación de un Banco estatal del ADN de víctimas.
Con independencia de las iniciativas legales, los relatos de la memoria republicana y democrática se tejen desde el periodismo y la literatura. La reportera y escritora Katarzyna Kobylarczyk (Cracovia, 1980) ha publicado en mayo el libro Costras. España hurga en sus heridas (Ed. Crítica), tras decenas de entrevistas y viajes por el estado español.
La editorial Crítica presenta Costras como “un libro de historias sobre la guerra civil española, un reportaje literario que viaja del Valle de los Caídos hasta las cunetas anónimas republicanas y las tumbas fascistas arrinconadas (…)”; y también “la certeza de los huesos recuperados por los antropólogos forenses”.
La crónica de 260 páginas fue galardonada en 2020 con el Premio internacional Ryszard Kapuscinski de Reportaje Literario, que se otorga anualmente en Polonia desde hace una década (entre los finalistas de la XI edición figuraba la traducción al polaco de Bestia. Los migrantes que no importan, de Óscar Martínez, periodista de El Faro de El Salvador).
“Cada uno de esos puntos es una fosa. Pero no es un mapa de cementerios”. La autora de Costras empieza el libro con referencias al Mapa de Fosas (virtual) en que se localizan los enterramientos de personas desaparecidas durante la guerra de 1936 y la represión de posguerra. De acuerdo con lo establecido en la primera Ley de Memoria (2007), el Ministerio de Justicia presentó la cartografía –en su versión inicial- en 2011.
El Mapa de Fosas se halla en proceso de actualización; puede accederse al documento gráfico en la Página Web del Ministerio de Presidencia.
Por ejemplo, en Andalucía figuran fosas “no intervenidas” como la de la antigua zona civil del cementerio de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz); “allí fueron enterradas numerosas víctimas de la represión”, se detalla; y otras con la calificación de “exhumada total”, como la del cementerio nuevo del municipio de Sierro (Almería); en esta fosa fueron enterrados dos guerrilleros abatidos en mayo de 1947.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) denuncia los asesinatos y la desaparición de los cadáveres de 114.226 civiles por parte de los golpistas de 1936.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mencionó esta cifra de desaparecidos forzosos –114.000, el segundo del mundo tras Camboya- en el último Debate sobre el estado de la nación; “el Estado asume la responsabilidad de encontrar y exhumar los cadáveres de muchos familiares que aún están en muchas partes de nuestro país”, afirmó Sánchez en la tribuna del Congreso.
Katarzyna Kobylarczyk agrega rostros a la ley y las estadísticas; entre los primeros del libro está el de Faustina López González, trabajadora de la limpieza casada con un jornalero y ejecutada el 21 de septiembre de 1936 en el municipio de Pedro Bernardo (Ávila); fue arrojada a una fosa junto a otras 30 personas, después que miembros de Falange Española le raparan la cabeza y pasearan por el pueblo. Su hija, María Martín, falleció en 2014 (a los 84 años) luchando por la exhumación de los restos de Faustina.
Asimismo, la autora de Costras entrevistó en Madrid a Fausto Canales cuando tenía 85 años. Todavía buscaba a su padre, Valerico Canales Jorge, quien trabajó de segador, pero también arregló carreteras, limpió canales de riego e instaló vías férreas en Toledo y Madrid; además asistía a las reuniones de la Casa del Pueblo, de UGT, en el municipio de Pajares de Adaja (Ávila). Valerico Canales fue uno de los diez republicanos del pueblo abulense asesinado por falangistas, en 1936. Los restos mortales se arrojaron a un pozo seco cercano.
En el reportaje, Katarzyna Kobylarczyk da cuenta de los procedimientos empleados en Pajares de Adaja: “Van a buscar a los ‘rojos’ de la lista por la noche. Los hacen subir a un camión. Los sacan del pueblo (…). Una zanja, un pozo, un desfiladero, una cueva, un hoyo en la tierra son lugares adecuados para sus fines. Ocasionalmente, puede ser un muro del cementerio. Disparar a la nuca, rematar, enterrar”.
Otro testimonio recabado es el del sociólogo y periodista Emilio Silva Barrera, uno de los fundadores de la ARMH a finales del 2000. Es nieto de Emilio Silva Faba, quien regentaba una tienda de ultramarinos en Villafranca del Bierzo (León) y estuvo afiliado a Izquierda Republicana (IR). Con 44 años y seis hijos, Emilio Silva Faba murió asesinado por pistoleros falangistas en octubre de 1936, junto a otros 12 civiles republicanos. Los restos mortales fueron exhumados de una fosa en octubre de 2000.
El Proyecto de Ley de Memoria Democrática establece –en el Artículo 54- que el Valle de los caídos pase a denominarse Valle de Cuelgamuros, y su resignificación como Lugar de Memoria Democrática. No podrán realizarse en el recinto actos políticos, de exaltación de la guerra o la dictadura; y se atenderán las reclamaciones de los familiares para la exhumación de los restos de las víctimas allí enterradas; además se declara extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.
Katarzyna Kobylarczyk recuerda uno de los objetivos principales de la dictadura para la construcción del denominado “monumento nacional a los caídos”, inaugurado el 1 de abril de 1959; se trataba, según los comunicados oficiales, de “dar en él sepultura a quienes fueron sacrificados por Dios y por España y a cuantos cayeron en nuestra Cruzada, sin distinción del campo en que combatieran (…), con tal que fueran de nacionalidad española y de religión católica”.
En el libro de Crítica, la periodista polaca concluye: “Los historiadores calculan que en la cripta del Valle de los Caídos puede haber no sólo 33.000 cuerpos, sino incluso 60.000”; de ahí la calificación de “la fosa común más grande de España; además, “ya hace años que se comenta que allí también están los cuerpos de los republicanos que fueron extraídos de fosas anónimas y llevados a Cuelgamuros sin el permiso de sus familias”.
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