El 15 de enero, el Foro empresarial vasco Zedarriak, algo así como un comité de expertos dedicado a aportar ideas y sapiencias (think tank, llaman a eso), dio a conocer su VI Informe titulado “Euskadi y la Unión Europea, un destino compartido de prosperidad y competitividad”. Su presentación corrió a cargo de Pedro Luis Uriarte, ex-Consejero de Economía y Hacienda en el primer gobierno vasco y, posteriormente, Consejero Delegado y Vicepresidente del Consejo de Administración del BBVA. Cuando abandonó esta entidad en 2003 percibió por su jubilación la cantidad de 57 millones de euros, compartidos con su colega Emilio Ibarra, otro que tal.
El Informe, en su parte dedicada a la transformación industrial, hacía referencia a la “fantástica oportunidad” que se abre hoy en día para apostar por la industria armamentística y de seguridad. Entre los oyentes se encontraba el actual consejero de Industria, Mikel Jauregi y dos colegas más del actual gabinete, así como el exlehendakari Iñigo Urkullu y la exconsejera Arantxa Tapia. Todo un equipazo PNV. Aplaudieron todo a rabiar, ocurrencia armamentística incluida.
Posteriormente, el actual vicelehendakari y consejero de Industria del actual gobierno vasco, Mikel Torres (PSE), en su participación en el Fórum Europa-Tribuna Euskadi ha afirmado que “el Gobierno Vasco va a estar en todo aquello que pueda apoyar para desarrollar y abrir a esas empresas (las armamentistas) nuevos mercados, nuevos productos, por supuesto, en beneficio para todo el país”. Resumiendo, PNV y PSE, tanto monta, monta tanto, van de la mano en este empeño: las futuras armas, bombas, morteros, drones, misiles, robótica y todo lo que se tercie, utilizadas para matar y arrasar en guerras y conflictos alimentados por Occidente en cualquier lugar del mundo, llevarán impreso el euskal label correspondiente.
Según ha publicado recientemente el colectivo antimilitarista Gasteizkoak, la industria vasca dedicada en todo o en parte a la producción armamentista alcanza un total de 187 empresas (casi el triple que hace dos décadas), amén de 11 centros tecnológicos y cinco universidades. Más de la mitad han recibido subvenciones o ayudas del gobierno vasco. Por si fuera poco, la extensión y agravamiento de los conflictos internacionales, lejos de motivar el impulso de políticas activas y comprometidas de paz, negociación, mediación y desarme, lo que hace es acentuar en empresarios y gobernantes la avidez por obtener beneficios, sin que importe cómo lograrlos.
En 2022, tras la cumbre de la OTAN, Pedro Sánchez adquirió el compromiso de incrementar los presupuestos militares españoles hasta alcanzar el 2% del PIB en 2029. Pero este objetivo se ha quedado corto. En enero de este año, el nuevo secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha pedido elevar este porcentaje hasta el 3% y por las mismas fechas, el nuevo emperador de EEUU y el mundo mundial, Donald Trump I, ha reclamado a los países europeos que lleguen al 5%. ¿Quién da más?
En el estado español, en teoría, el gasto militar está en el 1,28% del PIB, pero estas cifras están muy amañadas. El truco consiste en adjudicar a otros ministerios distintos al de Defensa (Industria, Hacienda, Ciencia y Tecnología…) gastos claramente militares: pensiones y prestaciones sanitarias del mundo castrense, créditos para la industria militar, misiones en el extranjero, cuotas a pagar a organismos internacionales, presupuestos extraordinarios… En realidad, hace ya tiempo que se superó el 2% del PIB en el estado español, pero se falsean los datos para así justificar sus continuas subidas. Entre 2012 y 2022 el presupuesto de Defensa creció un 60,8% y tan solo en 2023 se elevaron un 26%. En esto no ha habido diferencias entre los gobiernos de Mariano Rajoy y los de Pedro Sánchez, el mas progresista de la historia patria.
Hace años, en una comida popular, me tocó asiento junto a un renombrado psiquiatra. Frente a él se situó un rockero, también bastante conocido. Fue en los postres cuando, en frío, sin mayor motivo, el psiquiatra espetó al cantante: “Y tú, ¿a qué distancia serías capaz de matar a alguien?” Este último palideció. No daba crédito. “Sí, sí – insistió el primero -, ¿a qué distancia serías capaz tú de acabar con la vida de una persona?”, y prosiguió, “porque a la distancia a la que estamos tú y yo, de metro y medio, sería bastante desagradable ver como le revientas la cabeza de un tiro y tener que limpiarte luego la sangre que ha manchado tu cara”.
La expresión del cantante iba acartonándose por momentos, pero el siquiatra, inasequible al desaliento, volvió a la carga: “¿Serías capaz de disparar a cinco metros sobre alguien?, ¿y a 10?, ¿y a 100, con un rifle de mira telescópica?”. Lo que quería decir es que todo el mundo, o casi, es capaz de matar a una persona, siempre que esta se encuentre a una distancia que impida ver directamente el crimen cometido: los sesos desparramados, la sangre saliendo a borbotones….
Los gastos militares son los que, desde un punto de vista social, tienen menor utilidad. Si no se usan, son puro derroche, y si se utilizan, el derroche es doble, pues entonces hay que reconstruir lo destruido y hacer frente a los inmensos costos derivados de la muerte de miles, decenas, cientos o millones de personas. Doble derroche social…, pero doble beneficio para quienes las producen y las constructoras buitres que vienen por detrás.
Se puede afirmar casi con total seguridad, que los futuros presupuestos públicos reflejarán las consecuencias de la escalada bélica que vivimos. Crecerán, y mucho, los gastos militares y el apoyo a la industria armamentista, y disminuirán a la par las partidas sociales. Es hora pues de que los gobiernos y grupos parlamentarios se planteen la pregunta del siquiatra: ¿a qué distancia soy capaz yo de matar a alguien sin que me remuerda la conciencia?, ¿qué excusas daré entonces para defender esos presupuestos de dolor y sangre, lejana, sí, pero real como la vida misma?
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