El Estado mexicano recibió una tunda del Comité de la CEDAW, al no informar claramente sobre sus acciones contra la discriminación de género. Al comparecer ante el Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), la delegación del Estado […]
El Estado mexicano recibió una tunda del Comité de la CEDAW, al no informar claramente sobre sus acciones contra la discriminación de género.
Al comparecer ante el Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), la delegación del Estado mexicano fue duramente cuestionada por las constantes violaciones a los derechos humanos de las mujeres en nuestro país.
Lo anterior ocurrió durante la 52 sesión del Comité de Expertas de la CEDAW, en Nueva York, para evaluar el cumplimiento de la Convención aprobada en 1979 por la ONU, y ratificada por México en 1981.
Las expertas que integran el comité demandaron respuestas puntuales a la representación mexicana sobre sus acciones para prevenir y castigar la trata de personas y la violencia de género, abatir la impunidad, y garantizar el derecho al aborto legal, entre otros temas.
Dubravka Šimonovi criticó a las y los funcionarios por sólo enumerar leyes aprobadas a favor de las mujeres: «¿Cuál es la reducción de la violencia contra las mujeres para pensar que se ha garantizado que vivan seguras? ¿Cuál es el objetivo trazado? ¿Cuántos asesinatos menos hay? ¿Cuántas desapariciones menos hay para decir que se ha logrado el objetivo?»
La francesa Nicole Ameline arremetió contra la jefa alterna de la delegación mexicana, la directora del Inmujeres, Rocío García Gaytán: «¿No es acaso justo hacer de la violencia contra las mujeres una causa de prioridad nacional? Usted ha reconocido la violencia e impunidad que viven las mujeres y que llega a niveles insostenibles. ¿Tienen en cuenta esta urgencia? ¿Tienen como prioridad acelerar la coordinación?»
La también experta Soledad Murillo manifestó su indignación por la impunidad en las violaciones sexuales contra 26 mujeres en San Salvador Atenco, en mayo de 2006.
«¿Cómo es posible que cuando las mujeres fueron violadas en el traslado realizado por la policía, aún no haya un solo detenido?», inquirió previo a que la delegación mexicana informara al comité que ya había dos personas arrestadas por los hechos.
El anuncio fue calificado por organizaciones de los derechos humanos como una «simulación» del Estado mexicano, y criticaron que no se avisara de esas aprehensiones a las sobrevivientes de tortura sexual y a sus familias.
Murillo cuestionó la incongruencia del Estado al tener una fiscalía para investigar la trata de personas, pero sin facultades contra el crimen organizado. Pidió que se le explicara cómo a un tratante se le aplican sólo cinco años de prisión y a una mujer por abortar 35 años de cárcel.
Entre las respuestas ambiguas de la delegación oficial, la responsable de la Comisión Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres, Dylcia García, dijo que hay «acciones de impacto» para enfrentar la violencia contra las mexicanas, y se limitó a presumir los bancos de datos de mujeres desaparecidas y la aplicación de protocolos y alertas contra ese delito.
El presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Ricardo Bucio, y el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de Seguridad Pública federal, Facundo Rosas, sólo enlistaron leyes, programas, cursos de capacitación y hasta informes de trabajo de sus dependencias.
Panorama desolador
En un hecho histórico, 113 organizaciones civiles presentaron 18 informes alternos al reporte oficial entregado por México a la instancia de la ONU, para demostrar el incumplimiento de 20 recomendaciones emitidas por las expertas desde 2006.
Los grupos ciudadanos acusaron el aumento de la discriminación y violencia contra las mujeres debido al combate de la delincuencia organizada y la militarización.
Criticaron que en las cuatro ocasiones que se solicitó la Alerta de Violencia de Género (AVG), el gobierno federal se negó a otorgarla. Sobre el feminicidio, advirtieron que entre 2007 y 2009 se incrementó 68 por ciento en todo el país y continúa impune.
En derechos reproductivos, calificaron como «alarmantes» los altos índices de muerte materna, en especial entre las indígenas que no tienen fácil acceso a los centros de salud.
Respecto al aborto, las activistas observaron que aunque la interrupción del embarazo por violación es legal, su acceso es casi nulo sobre todo en 17 estados que reformaron sus constituciones para «proteger la vida desde la concepción-fecundación».
A Rocío García Gaytán no le quedó más que reconocer que en México privan la desigualdad y la discriminación de género. Pero se defendió: «Nunca habíamos avanzado tanto en derechos humanos de las mujeres gracias a la alianza con los tres poderes, los tres niveles de gobierno, y el apoyo de la mayoría de la sociedad civil».
CEDAW, mecanismo jurídico y pilar del sistema
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), es uno de los mecanismos jurídicos más importantes en la lucha contra la discriminación de género.
La Convención, adoptada el 18 de diciembre de 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, es uno de los seis instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes para los estados miembros, que conforman la llamada Carta Universal de Derechos Humanos, y constituyen la estructura jurídica del sistema internacional de promoción y protección de los derechos humanos.
La CEDAW detalla en qué consiste la discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los estados miembros se comprometen a consumarla a través de medidas a nivel interno para eliminar las violaciones a los derechos humanos de las mujeres.
México firmó la convención el 17 de julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981; con ello se comprometió a nivel internacional y nacional a cumplir con las obligaciones que especifica.
Aída González, abogada mexicana exintegrante del Comité de la CEDAW, señala que la aplicación de la convención está sujeta al análisis internacional, es decir, no le corresponde sólo al estado miembro decidir si ha cumplido o no con esas obligaciones.
En los artículos 17 al 20 de la convención se establece el sistema de control y supervisión sobre su aplicación. El artículo 17 indica la creación de un comité integrado por 23 personas elegidas por la Conferencia de Estados miembros cada dos años.
González explica que no se trata de representantes de los gobiernos, sino de personas expertas y conocedoras de la convención, en particular sobre las condiciones de las mujeres.
Una función primordial del comité es supervisar la debida aplicación de la CEDAW y los progresos que los estados firmantes logren en ese propósito.
El artículo 18 de la CEDAW indica que los estados deben presentar al secretario general de la ONU informes iniciales y periódicos sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de cualquier otra índole que hubieran adoptado para hacer efectivas las disposiciones de la convención y sobre los progresos que hubieran alcanzado para tal fin. Tales logros serán examinados por el Comité de Expertas.
Según información de la Cátedra UNESCO de la UNAM, el Estado mexicano tiene la obligación de presentar informes periódicos cada cuatro años.
Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil pueden realizar informes «sombra» para contrapuntear el reporte del Estado mexicano.
Desde que ratificó la CEDAW, México ha entregado ocho informes. Apenas en septiembre de 2010 se presentaron los reportes 7 y 8.
La delegación oficial presentó los argumentos de esos informes en la 52 sesión del Comité de la CEDAW en la sede de la ONU, el pasado 17 de julio. De esa sesión saldrán nuevas recomendaciones al Estado mexicano, que se darán a conocer próximamente.
En la sesión del Comité de la CEDAW, 113 organizaciones defensoras de los derechos humanos presentaron 18 informes «sombra» o alternos.
Entre las expertas que analizaron los informes oficial y ciudadano, y que cuestionaron a la delegación mexicana sobre la situación de las mujeres, están Zou Xiaoqiao, directora de la Federación de Mujeres Chinas, y Zohra Rasekh, líder de Asuntos de la Mujer de la Oficina de Derechos Humanos Internacionales en el Ministerio de Asuntos Extranjeros de Afganistán.
También participaron Silvia Pimentel, jurista brasileña, profesora de la Universidad Pontificia de Sao Paulo, y activista histórica del movimiento feminista; así como la española Soledad Murillo de la Vega, investigadora y profesora de Sociología e Investigación Cualitativa en la Universidad de Salamanca. De Cuba, estuvo Magalys Arocha Domínguez, feminista y asesora de organizaciones civiles y de agencias de la ONU.