Pese a la gravedad de los hechos -es la primera vez que muere una persona durante su deportación por parte de la Policía española-, y a las peticiones de una explicación oficial por parte de diversas organizaciones, al cierre de esta edición ninguna voz autorizada había aportado su versión de los hechos. La familia del fallecido denuncia el silencio oficial y exige justicia.
El 21 de junio, el Consejo General de la Abogacía Española exigió una explicación pública a la Dirección General de la Policía y Guardia Civil, y la depuración de responsabilidades civiles, penales y administrativas, calificando los hechos de inadmisibles. El 26 del mismo mes se hacían públicos los resultados del análisis del Instituto de Toxicología de Barcelona, que completan la autopsia inicial que certificaba la presencia de moratones, confirmando que la causa de la muerte del joven es la asfixia.
La familia del fallecido, multitud de organizaciones sociales -la Federación de Comunidades de Nigerianos, SOS Racismo, CEAR…- e incluso el PP exigen una explicación de los hechos. Sin embargo, por ahora, Interior se mantiene mudo. Siguen abiertas las investigaciones judiciales e interna, además de los trámites de las dos denuncias -por malos tratos y por provocar la muerte- interpuestas por la familia contra la policía.
El 9 de junio aterrizaba en Alicante el vuelo de Madrid a Lagos de Iberia, al haber fallecido el joven Osamuyia Aikpitanhi, uno de los tres pasajeros de origen nigeriano que eran deportados bajo custodia de la Policía Nacional. Los dos agentes policiales encargados de ellos lo tenían inmovilizado -estaba atado de manos y piernas- y amordazado, hasta que al cabo de una hora de vuelo se dieron cuenta de que el joven respiraba con mucha dificultad. No lo pudieron salvar.
El enfado de la familia
En conversaciones con DIAGONAL, Chester, hermano de la víctima, se queja amargamente del trato recibido por las instituciones: «hasta hoy, ni Gobierno, ni Policía, ni nadie se ha puesto en contacto con nosotros. Ninguna excusa, nada. Desde el día que nos llamaron para identificar el cuerpo, no ha habido más contacto. He sido yo el que ha avisado a nuestra familia en Nigeria. Nunca había visto nada igual en mi vida. Se te hace muy difícil creer en la justicia. Mira que han pasado días».
Por desconocer, la familia de Osamuyia en el Estado español no sabía ni que el joven estuviese detenido en el Centro de Internamiento Temporal de Extranjeros de Aluche, a la espera de su deportación. Creían que estaba en su piso alquilado en Torrejón. Tampoco han sido informados por el juez o fiscal del juzgado de instrucción nº 1 de Elche, responsables del sumario. El cuerpo sigue en el tanatorio de Alicante, sin que lo puedan recuperar hasta que finalicen las investigaciones.
Chester agradece el apoyo recibido, que valora como muy importante, sobre todo para seguir con las denuncias, tanto por parte de organismos internacionales («hemos contactado con la ONU y con una asociación inglesa de inmigrantes», afirma), como de organizaciones autóctonas (Amnistía Internacional España, SOS Racismo…) y personas a título individual.
Justicia
La familia tiene muy claro que va a seguir con las denuncias interpuestas, aunque para los pasos siguientes está a la espera de las sugerencias del abogado. Su objetivo es la justicia: «mi hermano ya está muerto, no nos lo van a devolver, pero que no vuelva ocurrir más. Si van a expulsar a alguien, que por lo menos no lo maten. Ni maltratarlo y tenerlo amordazado, y dejarlo abandonado en la parte de atrás del avión, donde guardan la comida. En el tanatorio de Alicante nos dijeron que tenía los pulmones llenos de sangre. Que como tenía una cinta en la boca, no pudo respirar bien y eso provocó una hemorragia interna.
En la prensa ha salido que murió asfixiado». Chester remacha: «me acerqué a Aluche, donde había estado detenido, a preguntar por cómo estaba mi hermano antes del viaje, y me informaron de que él se encontraba con buena salud, que ellos no pueden expulsar a nadie si está enfermo, que si ha pasado algo en el aeropuerto o en el avión, ellos ya no lo saben».
Para Chester, la responsabilidad de la muerte es de la policía: «cuando una persona muere asfixiada, pues alguien lo habrá tenido que hacer. Cuando van a expulsar a una persona que está bien y después la entregan muerta, pues… Alguien lo ha maltratado, le ha atado una cinta en la boca, como un esclavo, lo ha atado como una cabra. ¿Qué le podía haber ocurrido?». Por ello, su valoración de la política de inmigración del Gobierno es dura: «yo no sé mucho de esto, pero lo que ha pasado con mi hermano es increíble: por no tener los papeles, parece que una persona ya no tiene valor alguno»