La complejidad de los problemas socio-económicos y por ende de la política excluye que la Presidenta de la República conozca en detalle los temas que le corresponde examinar en virtud de su cargo. ¿Qué esperamos de la Presidenta? Nada más ni nada menos que las grandes orientaciones por donde transitarán las soluciones a los problemas […]
La complejidad de los problemas socio-económicos y por ende de la política excluye que la Presidenta de la República conozca en detalle los temas que le corresponde examinar en virtud de su cargo. ¿Qué esperamos de la Presidenta? Nada más ni nada menos que las grandes orientaciones por donde transitarán las soluciones a los problemas específicos.
Un pedagogo escribía, «puede asegurarse que es el modelo quien otorga sentido al proceso educativo, y es función del mismo que corresponde evaluar los resultados; o dicho de otro modo, aunque casi con las mismas palabras, para entender el sentido y los objetivos del proceso, hay que comprender adecuadamente el modelo del cual es parte [la educación] y las limitaciones que este le impone». En lo que sigue hablaremos de propuestas, que a nuestro entender constituyen en sí un modelo de interpretación.
Antes de eso otra cuestión de fondo. Los alumnos del Instituto Nacional, colegio que nace con la República [1813], han planteado de manera respetuosa y madura problemas que sus mayores han dejado a la vera del camino por ya muchos años. Mencionemos lo central: reforma de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza [LOCE]; reformulación de la Jornada Escolar Completa [JEC]; gratuidad de la PSU; estudio y reforma de la municipalización de la educación. Es más, los alumnos nunca han dicho que tienen la solución. Invitan a sus mayores a debatir. Agreguemos: como a ti te gusta Michelle: ¡a cara descubierta! y digamos de paso, lamentamos la gran ausencia del problema educacional en tu discurso del 21 de mayo.
El ministro de educación ha expresado que recibirá a quienes no están en huelga. Eso podría parecer formalmente correcto. Sin embargo, ante una situación cuyas raíces vienen de uno de los períodos más negros de la historia de Chile, la dictadura, el ministro debe entender que el camino elegido por los estudiantes ha sido impuesto por aquellos que han desconocido el problema de fondo de la educación chilena, y que en democracia, se arrastra hace ya más de 16 años.
Historia del tema de fondo
En 1979 se inició la «modernización» de la educación mediante una Directiva Presidencial, que fijó los criterios y prioridades que debía privilegiar la educación nacional en correspondencia con el modelo neoliberal de la economía, orientación que llevaría a la postre a la privatización casi completa de esta función del estado.
En 1980 se inició el traspaso de las escuelas fiscales a las municipalidades o al área particular, mediante el mecanismo de la subvención fiscal. Junto con esto, los profesores, por su calidad de trabajadores, fueron incorporados a las disposiciones del Código del Trabajo vigente para el resto de los asalariados. Estas medidas, no cabe duda, buscaban quebrar la organización del gremio de clase media más importante del país. En esta misma dirección apuntaron las disposiciones normativas sobre formación de docentes, que terminaron con la formación única y su reemplazo por una multiplicidad de planes de formación docente, más en consonancia con la libre competencia. A esto se agregó, la exclusión de la Pedagogía de la nómina de carreras de rango universitario, con lo cual la formación de docentes no quedó reservada exclusivamente a las Universidades sino que podía ser asumida por otras instituciones de educación superior, como Academias o Instituto de Formación Profesional. En el imaginario de los profesores chilenos, esto significó un duro golpe para su auto estima.
Recordemos que la Constitución de 1925 declaró que la educación era «atención preferente del Estado». Es más, a fines de los años 20 se reorganizó el sistema educacional público y se creó el Ministerio de Educación. Por eso, sin ambigüedades podemos decir que la Educación, fue realmente atención preferente del Estado en todos sus niveles y ramas, sin perjuicio de la existencia de los establecimientos privados de educación. Hoy, el sistema de sostenedores no constituye sino una reminiscencia de la dictadura que convirtió la educación en un lucrativo negocio.
En nuestro propósito de aportar algunos elementos a lo que proponen los alumnos del Instituto Nacional y el conjunto de otros establecimientos actualmente ocupados por sus estudiantes, sometemos a la discusión las siguientes propuestas.
Propuestas.
1. Contrariamente a lo que se ha consagrado hoy en día, creemos que debe restituirse al profesor el papel y dignidad que nunca debió perder, asegurándosele para ello todos los medios económicos que su función requiere. Lo cual significa crear un Estatuto de la carrera profesional docente, que elimine cualquier elemento de flexibilidad laboral. Si se quiere implementar un proceso de evaluación, éste debe tomar en cuenta este concepto de dignidad de la función pedagógica. Concordante con esto el Estatuto Docente, deberá aplicarse a todos los profesores sin distingos. La dignidad del profesorado toca también el aspecto económico, esto es, en remuneraciones y pensiones justas y mejores condiciones laborales y de remuneración para los docentes en actividad, las cuales hoy en día, se sitúan a niveles de 40% menores a las de otros profesionales: abogados, médicos, ingenieros, etc.
2. Resulta inexplicable un Ministerio de Educación sin control alguno sobre los establecimientos educacionales. Este ministerio podría desaparecer y simplemente nadie lo notaría. En los años 20 del siglo pasado, al crearse el Ministerio de Educación se entendió que el Estado iba a ocuparse activamente de la política general, estrategias y programas de formación del profesorado nacional para todas las ramas de la educación. Ese papel en la educación chilena debe recuperarse con la máxima urgencia. Tarea a la cual deben incorporarse las universidades estatales.
3. Durante la transición a un nuevo sistema educacional debe evaluarse objetivamente el fracasado sistema municipal. Para ello, como se mencionó en el número anterior, el Ministerio de Educación, con real poder, debe recuperar su rol histórico. Se evoca un déficit de 30 mil millones de pesos. Pues bien en el paso a la transición debiera reemplazarse, por la acción directa del Ministerio de Educación, todo municipio incapaz de llevar a cabo la función educativa. Para ello, el Estado debiera retomar las escuelas municipalizadas en quiebra. Entendemos quiebra en un sentido general, abarcando por tanto, la incapacidad de proveer una educación de calidad.
4. Actualmente 60% de los jóvenes estudiantes, estudian en la educación municipalizada, 8% en establecimientos corporativos, 32% en la educación particular. Sin embargo, 42% de los estudiantes pertenecientes a la educación municipalizada y que rindió la PSU [2005] quedó bajo del puntaje mínimo [450 puntos] para optar a una carrera universitaria. El 91 por ciento de los particulares logró sobre 450 puntos. El 68 por ciento de los puntajes nacionales corresponden a alumnos de colegios particulares y sólo el 10 por ciento a municipales. Si se toma en cuenta la condición socioeconómica el resultado es similar: de las familias que ganan entre 0 y 278 mil pesos mensuales un 42% obtuvo bajo 450 puntos y en aquellas familias que superan el millón 400 mil mensual, sólo el 7 por ciento quedó fuera de las postulaciones. Frente a estos resultados el Rector de la Universidad de Chile comentaba: «evidentemente no podemos estar año a año repitiendo estos mismos resultados, diciendo que el Instituto Nacional es la única excepción, pero el promedio de la educación municipal lo hace muy mal respecto de la privada». La conclusión es clara: la falencia del sistema educativo actual. Requiere de cirugía mayor. Es la concepción misma del sistema la que falla.
5. La realidad socio económica de los estudiantes exige la consideración de aranceles diferenciados, así como la creación de un Fondo Nacional Solidario de la educación. Además, si el objetivo es integrar la enseñanza a las actividades productivas debemos dar un fuerte impulso a la enseñanza Técnico Profesional, buscando la concordancia con actividades productivas regionales. En ese mismo espíritu debieran profundizarse todas las instancias de regionalización del sistema educativo público, entregando el adecuado soporte financiero y técnico para que se cumpla esta función.
6. Necesidad de una Superintendencia de Educación en cuanto organismo contralor tanto de la educación pública como privada; cautelando el empleo de los recursos económicos y financieros del sector, la calidad y equidad de los servicios entregados a la población, por los distintos tipos de establecimientos educacionales, reciban o no subvención fiscal. En este mismo propósito de integración de la educación a la ciudadanía, en su expresión territorial, las municipalidades debieran organizar y hacer funcionar un Consejo Comunal de Educación integrado por representantes del Colegio de Profesores, profesionales y representantes de las organizaciones sociales culturales y deportivas.
7. Por ello, proponemos la realización de un Congreso Nacional de Educación con amplia participación del Colegio de Profesores, comunidades escolares y del complejo social del país, a objeto de estudiar a fondo las disposiciones constitucionales y legales heredadas de la dictadura, y promover una nueva ley orgánica de educación, que responda a las necesidades reales de la sociedad chilena y de su tradición democrática.
Un pedagogo escribía, «puede asegurarse que es el modelo quien otorga sentido al proceso educativo, y es función del mismo que corresponde evaluar los resultados; o dicho de otro modo, aunque casi con las mismas palabras, para entender el sentido y los objetivos del proceso, hay que comprender adecuadamente el modelo del cual es parte [la educación] y las limitaciones que este le impone». En lo que sigue hablaremos de propuestas, que a nuestro entender constituyen en sí un modelo de interpretación.
Antes de eso otra cuestión de fondo. Los alumnos del Instituto Nacional, colegio que nace con la República [1813], han planteado de manera respetuosa y madura problemas que sus mayores han dejado a la vera del camino por ya muchos años. Mencionemos lo central: reforma de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza [LOCE]; reformulación de la Jornada Escolar Completa [JEC]; gratuidad de la PSU; estudio y reforma de la municipalización de la educación. Es más, los alumnos nunca han dicho que tienen la solución. Invitan a sus mayores a debatir. Agreguemos: como a ti te gusta Michelle: ¡a cara descubierta! y digamos de paso, lamentamos la gran ausencia del problema educacional en tu discurso del 21 de mayo.
El ministro de educación ha expresado que recibirá a quienes no están en huelga. Eso podría parecer formalmente correcto. Sin embargo, ante una situación cuyas raíces vienen de uno de los períodos más negros de la historia de Chile, la dictadura, el ministro debe entender que el camino elegido por los estudiantes ha sido impuesto por aquellos que han desconocido el problema de fondo de la educación chilena, y que en democracia, se arrastra hace ya más de 16 años.
Historia del tema de fondo
En 1979 se inició la «modernización» de la educación mediante una Directiva Presidencial, que fijó los criterios y prioridades que debía privilegiar la educación nacional en correspondencia con el modelo neoliberal de la economía, orientación que llevaría a la postre a la privatización casi completa de esta función del estado.
En 1980 se inició el traspaso de las escuelas fiscales a las municipalidades o al área particular, mediante el mecanismo de la subvención fiscal. Junto con esto, los profesores, por su calidad de trabajadores, fueron incorporados a las disposiciones del Código del Trabajo vigente para el resto de los asalariados. Estas medidas, no cabe duda, buscaban quebrar la organización del gremio de clase media más importante del país. En esta misma dirección apuntaron las disposiciones normativas sobre formación de docentes, que terminaron con la formación única y su reemplazo por una multiplicidad de planes de formación docente, más en consonancia con la libre competencia. A esto se agregó, la exclusión de la Pedagogía de la nómina de carreras de rango universitario, con lo cual la formación de docentes no quedó reservada exclusivamente a las Universidades sino que podía ser asumida por otras instituciones de educación superior, como Academias o Instituto de Formación Profesional. En el imaginario de los profesores chilenos, esto significó un duro golpe para su auto estima.
Recordemos que la Constitución de 1925 declaró que la educación era «atención preferente del Estado». Es más, a fines de los años 20 se reorganizó el sistema educacional público y se creó el Ministerio de Educación. Por eso, sin ambigüedades podemos decir que la Educación, fue realmente atención preferente del Estado en todos sus niveles y ramas, sin perjuicio de la existencia de los establecimientos privados de educación. Hoy, el sistema de sostenedores no constituye sino una reminiscencia de la dictadura que convirtió la educación en un lucrativo negocio.
En nuestro propósito de aportar algunos elementos a lo que proponen los alumnos del Instituto Nacional y el conjunto de otros establecimientos actualmente ocupados por sus estudiantes, sometemos a la discusión las siguientes propuestas.
Propuestas.
1. Contrariamente a lo que se ha consagrado hoy en día, creemos que debe restituirse al profesor el papel y dignidad que nunca debió perder, asegurándosele para ello todos los medios económicos que su función requiere. Lo cual significa crear un Estatuto de la carrera profesional docente, que elimine cualquier elemento de flexibilidad laboral. Si se quiere implementar un proceso de evaluación, éste debe tomar en cuenta este concepto de dignidad de la función pedagógica. Concordante con esto el Estatuto Docente, deberá aplicarse a todos los profesores sin distingos. La dignidad del profesorado toca también el aspecto económico, esto es, en remuneraciones y pensiones justas y mejores condiciones laborales y de remuneración para los docentes en actividad, las cuales hoy en día, se sitúan a niveles de 40% menores a las de otros profesionales: abogados, médicos, ingenieros, etc.
2. Resulta inexplicable un Ministerio de Educación sin control alguno sobre los establecimientos educacionales. Este ministerio podría desaparecer y simplemente nadie lo notaría. En los años 20 del siglo pasado, al crearse el Ministerio de Educación se entendió que el Estado iba a ocuparse activamente de la política general, estrategias y programas de formación del profesorado nacional para todas las ramas de la educación. Ese papel en la educación chilena debe recuperarse con la máxima urgencia. Tarea a la cual deben incorporarse las universidades estatales.
3. Durante la transición a un nuevo sistema educacional debe evaluarse objetivamente el fracasado sistema municipal. Para ello, como se mencionó en el número anterior, el Ministerio de Educación, con real poder, debe recuperar su rol histórico. Se evoca un déficit de 30 mil millones de pesos. Pues bien en el paso a la transición debiera reemplazarse, por la acción directa del Ministerio de Educación, todo municipio incapaz de llevar a cabo la función educativa. Para ello, el Estado debiera retomar las escuelas municipalizadas en quiebra. Entendemos quiebra en un sentido general, abarcando por tanto, la incapacidad de proveer una educación de calidad.
4. Actualmente 60% de los jóvenes estudiantes, estudian en la educación municipalizada, 8% en establecimientos corporativos, 32% en la educación particular. Sin embargo, 42% de los estudiantes pertenecientes a la educación municipalizada y que rindió la PSU [2005] quedó bajo del puntaje mínimo [450 puntos] para optar a una carrera universitaria. El 91 por ciento de los particulares logró sobre 450 puntos. El 68 por ciento de los puntajes nacionales corresponden a alumnos de colegios particulares y sólo el 10 por ciento a municipales. Si se toma en cuenta la condición socioeconómica el resultado es similar: de las familias que ganan entre 0 y 278 mil pesos mensuales un 42% obtuvo bajo 450 puntos y en aquellas familias que superan el millón 400 mil mensual, sólo el 7 por ciento quedó fuera de las postulaciones. Frente a estos resultados el Rector de la Universidad de Chile comentaba: «evidentemente no podemos estar año a año repitiendo estos mismos resultados, diciendo que el Instituto Nacional es la única excepción, pero el promedio de la educación municipal lo hace muy mal respecto de la privada». La conclusión es clara: la falencia del sistema educativo actual. Requiere de cirugía mayor. Es la concepción misma del sistema la que falla.
5. La realidad socio económica de los estudiantes exige la consideración de aranceles diferenciados, así como la creación de un Fondo Nacional Solidario de la educación. Además, si el objetivo es integrar la enseñanza a las actividades productivas debemos dar un fuerte impulso a la enseñanza Técnico Profesional, buscando la concordancia con actividades productivas regionales. En ese mismo espíritu debieran profundizarse todas las instancias de regionalización del sistema educativo público, entregando el adecuado soporte financiero y técnico para que se cumpla esta función.
6. Necesidad de una Superintendencia de Educación en cuanto organismo contralor tanto de la educación pública como privada; cautelando el empleo de los recursos económicos y financieros del sector, la calidad y equidad de los servicios entregados a la población, por los distintos tipos de establecimientos educacionales, reciban o no subvención fiscal. En este mismo propósito de integración de la educación a la ciudadanía, en su expresión territorial, las municipalidades debieran organizar y hacer funcionar un Consejo Comunal de Educación integrado por representantes del Colegio de Profesores, profesionales y representantes de las organizaciones sociales culturales y deportivas.
7. Por ello, proponemos la realización de un Congreso Nacional de Educación con amplia participación del Colegio de Profesores, comunidades escolares y del complejo social del país, a objeto de estudiar a fondo las disposiciones constitucionales y legales heredadas de la dictadura, y promover una nueva ley orgánica de educación, que responda a las necesidades reales de la sociedad chilena y de su tradición democrática.
– Héctor Vega es economista, abogado y director de Fortín Mapocho.