El Juzgado de lo Social nº 5 de Valladolid ha dictado sentencia desestimando la demanda en reclamación de recargo de prestaciones derivada de enfermedad profesional interpuesta por la viuda de D. José M. que falleció el 16 de febrero del pasado año.
José M., comenzó a trabajar en la factoría que Renault tiene en Valladolid en octubre de 1973 hasta el año 2002, donde realizaba tanto tareas de soldador como de mantenimiento mecánico e industrial. La exposición al amianto se produjo porque este insalubre material, dadas sus óptimas características de aislante térmico, estuvo presente en las dos etapas laborales de D. José M. ya que, en el puesto de soldador, el amianto estaba presente como aislante de los tubos a soldar, en los aislantes de las conexiones eléctricas, en juntas de estanquidad y en las mantas de amianto que se utilizaban para evitar que las chispas de la soldadura le alcanzaran. En lo que se refiere a la segunda etapa laboral como mecánico, el amianto estaba presente en las lavadoras industriales que se usaban para limpiar las piezas utilizadas en la fabricación de coches. Lavadoras industriales que fueron habitualmente reparadas por el fallecido.
Prueba de la exposición al amianto es que en abril de 2018 se le diagnostica un mesotelioma. La enfermedad diagnosticada fue evolucionando progresivamente con un tratamiento paliativo de quimioterapia hasta que, lamentablemente, desembocó en su fallecimiento el 16 de febrero de 2021.
En noviembre de 2020 se le reconoce a D. José M. el carácter profesional de la incapacidad permanente absoluta sufrida como consecuencia del mesotelioma diagnosticado.
En este caso concreto, la familia contaba con varios testigos que acreditarían que en la factoría de Valladolid se trabajó con amianto, pero, días antes del juicio, dichos testigos no quisieron acudir a testificar y esto sin duda, perjudicó gravemente el resultado del juicio.
Esta es la triste realidad con la que tienen que lidiar las víctimas del amianto, pues muchas ven como aquellos que juraron ayudar en vida a quien tristemente enfermó en el ámbito laboral, a la hora de la verdad dan un paso atrás. Es sin duda un dolor añadido al sufrimiento que padecen las víctimas y que, desde el punto de vista judicial, debería aliviarse no exigiendo a los trabajadores acreditar aquello que no está en sus manos.