«Desgraciadamente esa es la política colombiana», afirma Luzmila Ruano, vocera del Congreso de los pueblos y líder del Coordinador Nacional Agrario. «Nosotros hablamos de paz mientras se están entregando concesiones a las multinacionales mineras y continúan las persecuciones y amenazas a líderes indígenas, sindicales, campesinos y obreros». La defensora del territorio y los derechos humanos […]
«Desgraciadamente esa es la política colombiana», afirma Luzmila Ruano, vocera del Congreso de los pueblos y líder del Coordinador Nacional Agrario. «Nosotros hablamos de paz mientras se están entregando concesiones a las multinacionales mineras y continúan las persecuciones y amenazas a líderes indígenas, sindicales, campesinos y obreros». La defensora del territorio y los derechos humanos en el departamento de Nariño realiza una gira por Europa, previa al encuentro europeo del Congreso de los Pueblos que se celebrará en Ginebra entre el 14 y el 16 de noviembre. En ese contexto ha participado en dos actos en Valencia, organizados por la Coordinació Valenciana de Solidaritat amb Colombia. Por su compromiso en la lucha contra las transnacionales minero-energéticas, Luzmila Ruano fue amenazada de muerte en junio de 2013.
-Realizas actualmente una gira previa al encuentro europeo del Congreso de los Pueblos. ¿Cuáles son los objetivos?
Nos han invitado compañeros exiliados de Colombia, que han llegado a países de la Unión Europea por razón de seguridad y para proteger su vida. Además, mantenemos estos días conversatorios con organizaciones de países como Francia, España o Alemania y diferentes instituciones. El objetivo de la primera asamblea del Congreso de los Pueblos (capítulo Europa) es mirar cómo el estado colombiano garantiza repatriar a los colombianos que están exiliados acá en Europa.
-Continúa el proceso de La Habana. ¿Cómo observas los diálogos la Cumbre de los Pueblos y la Cumbre Nacional Agraria?
Este proceso es alentador para nuestras comunidades, ya que si se llega a acuerdos hay posibilidades de seguir con nuestros procesos de lucha. Para nosotros la paz es la lucha social. En la Mesa de La Habana se han «tocado» muchos puntos pero, por ejemplo, yo no miro por parte del estado colombiano el reconocimiento en el manejo de cultivos de uso ilícito. No es desconocido que Colombia es un productor de hoja de coca; campesinos e indígenas de la zona rural tienen la necesidad de sembrar esos cultivos para su sustento económico. No hay una política en ese apartado. También pensamos desde nuestros espacios organizativos que, además de las FARC, hay otras guerrillas que se deben reconocer para avanzar en los procesos de negociación.
-Mientras se desarrollan los diálogos de paz en La Habana, continúan las amenazas, crímenes y violaciones de los derechos humanos…
Desafortunadamente esa es la política colombiana. Mientras hablamos de paz por un lado, por otro lado se están entregando concesiones del territorio y hay numerosas amenazas, persecuciones y estigmatizaciones a líderes indígenas, sindicales, campesinos y obreros. La semana pasada hubo amenazas directas a las comunidades indígenas del Cauca, organizadas en el CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca) y la ACIN (Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca). Hace quince días mataron a un sindicalista del norte del Meta, que venía resistiendo a la petrolera Pacific Rubiales en el municipio de Puerto Gaitán. Le asesinaron en su casa. A cualquier líder que aparezca se le dice que tiene nexos con la guerrilla, le llaman «terrorista» y le judicializan.
-Por otro lado, el 3 de octubre se constituyó en Bogotá la Mesa Única de Concertación y Participación entre el gobierno y la Cumbre Campesina, étnica y Popular. ¿Qué relevancia tiene este foro de diálogo?
Es un espacio importante porque tenemos sentado al gobierno nacional. Pero ya han empezado los primeros retrocesos por su parte. Además, si el gobierno no reconoce las mesas de concertación regionales, nos vamos otra vez al paro regional en diciembre. Uno de los principales puntos en la Mesa son los derechos humanos, vida y paz para los líderes, así como en general para las comunidades. Otro punto es mirar las propuestas minero-energéticas en el país, cómo estamos avanzando en esa parte. Además, se pretende discutir sobre el reconocimiento de los campesinos como sujeto organizativo y de derechos.
-En tu conferencia has subrayado la importancia del proyecto de ley de baldíos presentado el 3 de septiembre
La ley de baldíos dice que las tierras hay que adjudicarlas a la gente que tenga capacidad productiva. Pero nosotros, como campesinos e indígenas-afro, no tenemos la posibilidad de esta capacidad técnica y económica. Ésa es una difícil situación que se está dando en el país. Se están emitiendo las leyes para dejarles todo el camino «cuadrado» a las multinacionales. La mayoría del territorio se ha concesionado a las multinacionales para la explotación de recursos preciosos, madereros, la construcción de hidroeléctricas y la exploración de petróleo.
-Participas en las luchas por la defensa del territorio y los derechos humanos en Nariño. ¿Qué peligros se ciernen?
Nariño es, lastimosamente, un de los departamentos con gran potencial minero-energético y por ende tiene muchas concesiones mineras, sobre todo auríferas aunque también de plata y cobre. Las políticas estatales entre 2006 y 2010 dieron grandes concesiones. De los 64 municipios nariñenses, en 54 hay concesiones mineras. Por otro lado, el departamento de Nariño tiene vocación agropecuaria, y la población vive especialmente de cultivos de café (de excelente calidad), caña y de «pancoger», que garantizan alimentos a la gente y la soberanía alimentaria.
-Pero la realidad que describes podría extenderse a buena parte del territorio colombiano. ¿Qué singularidades presenta el departamento de Nariño?
El conflicto con la minería está abierto hoy en todo el departamento. Desafortunadamente, Nariño es la cuarta región minero-energética del país, pero es un departamento muy pequeño, donde el conflicto está invisibilizado. La militarización de nuestro territorio es muy aguda. No hay una movilidad tranquila. Cada día hay implementación de nuevas brigadas y nuevos batallones.
-¿Cómo se produce la implantación de las transnacionales mineras en el territorio nariñense?
A finales de 2010 y 2011 empieza a darse en todo el territorio la «socialización» de los megaproyectos. Se decía que la explotación del oro a cielo abierto eran proyectos de «generación de empleo» y «desarrollo sostenible». Las comunidades empezaron a averiguar en las alcaldías y en la gobernación qué eran esos proyectos «sostenibles». En ese caminar, se asienta una multinacional, la Gran Colombia Gold, con sede en Canadá y cuya presidenta es Consuelo Araújo, canciller en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. La familia de Consuelo Araújo está conectada al paramilitarismo.
-¿Qué efecto tuvo la llegada de las compañías mineras en las poblaciones campesinas?
El grave problema que estaba ocurriendo es que ofrecían trabajo a los líderes; También grandes «bonificaciones» y mano de obra entre los 18 y los 25 años. Pero la gente empezó a mirar que la mayoría de los terrenos concesionados eran fincas de campesinos, como en los municipios de San Lorenzo y Arboleda. Los ingenieros y los geólogos decían que la zona era riquísima en oro. Las empresas empezaron a romper el tejido social de nuestras comunidades, pero la gente se organizó y dijo «no» a las multinacionales. Detrás de los 52 municipios concesionados están la Anglo Gold Ashanti, cuya matriz está en Sudáfrica; la Gran Colombia Gold; Mineros SA (de capital nacional) y la Anglo American Colombia Exploration. También hay concesiones en menor escala de Eco Oro.
-¿Qué impactos generan estas macroiniciativas?
Por ejemplo la contaminación de las aguas superficiales y del subsuelo, lo que trae problemas dermatológicos y gastrointestinales. También se ha dicho que la presencia de estas mineras provoca la muerte del ganado. Además, el mercurio usado para la extracción del oro contamina en el suelo, el aire y produce problemas genéticos en la gente.
-¿Qué les ocurre a quienes se significan en la lucha contra las mineras?
Hay muchas amenazas a nuestros líderes, hombres y mujeres. Amenazan a quien se oponga. A finales de septiembre de 2013 fue asesinada una compañera líder campesina, Adelinda Gómez, del municipio de Almaguer (Cauca). La Fiscalía no ha avanzado en el proceso. Otra líder campesina, María Duby Ordóñez, ha tenido que abandonar los procesos organizativos tras recibir una amenaza hace tres meses. Y así sucesivamente, por lo general todos los defensores y defensoras de derechos humanos, son amenazados por paramilitares, en este caso, los «águilas negras» y los «rastrojos».
-Por último, tú también has sido víctima de estas amenazas…
Fue en junio de 2013, por estar al frente y apoyando algunos procesos con comunidades mineras y agromineras en el departamento. Veníamos de encontrarnos en una mesa de interlocución con el gobernador de Nariño, Raúl Delgado Guerrero, con quien se llegó a unos acuerdos para la formulación de una política minera. En ese marco fui amenazada. Me dijeron que me retirara de los procesos que venía liderando, o me iban a matar.
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