Fabián Antonio Rivera Arroyave, Ruth Alicia López Guisao, Éder Cuetia Conda… Entre enero de 2016 y marzo de 2017, la Defensoría del Pueblo de Colombia ha registrado 156 casos de homicidio, cinco desapariciones forzadas y 33 atentados contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos […]
Fabián Antonio Rivera Arroyave, Ruth Alicia López Guisao, Éder Cuetia Conda… Entre enero de 2016 y marzo de 2017, la Defensoría del Pueblo de Colombia ha registrado 156 casos de homicidio, cinco desapariciones forzadas y 33 atentados contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos también observó, en el informe hecho público en marzo de 2017, un total de 389 ataques a defensores de los derechos humanos durante el año 2016, que se desglosan en 59 homicidios, 210 amenazas (69 de ellas colectivas), 44 ataques, 72 violaciones a los derechos la propiedad y la privacidad (incluye fotografías, vigilancia y robo de computadores), tres casos de desapariciones forzadas y uno de violencia sexual.
Nacida en 1996 en el Departamento de Arauca, la Fundación Joel Sierra es una de las organizaciones que trabaja en la denuncia, asesoría jurídica y acompañamiento a represaliados y víctimas. Surgió trece años después que se descubriera el enorme pozo petrolífero de Caño Limón, en Arauca, descubierto y puesto en explotación por la multinacional estadounidense Occidental Petroleum (OXY). «Entonces se inició el proceso de despojo de los indígenas y campesinos que vivían en aquellas tierras», recuerda Sonia López Tuta, presidenta de la Fundación y miembro del Congreso de los Pueblos. El pasado cinco de abril la Agencia Reuters informó, citando a fuentes militares, que el oleoducto Caño Limón-Coveñas fue restablecido tras un cierre de 46 días debido a los ataques de la guerrilla del ELN (Ejército de Liberación Nacional). El oleoducto, de 780 kilómetros de longitud, es el segundo en importancia del país y tiene capacidad para transportar 210.000 barriles de petróleo diarios.
«Los desplazados de hace más de dos décadas -explica Sonia López- se vieron con la necesidad de retornar al territorio, porque el gobierno y las petroleras nunca cumplieron con la reubicación prometida». La Fundación Joel Sierra acompaña a las víctimas del macroproyecto Caño Limón y también a los dirigentes sociales «judicializados» durante años tras las detenciones masivas del 12 de noviembre de 2002. Aquel día el ejército desplegó la llamada operación «heroica» en el municipio de Saravena (Arauca). La Red de Comunidades en Ruptura y Resistencia de Colombia (RECORRE) denunció que más de 2.000 personas fueron encerradas por la fuerza pública en el coliseo «Jacinto Pérez». Se les censó y marcó «con un sello de tinta indeleble en su cuerpo»; durante la operación represiva, más de 70 viviendas resultaron allanadas y 85 personas, detenidas.
Otras organizaciones como el colectivo de abogados «José Alvear Restrepo», la ONG «Humanidad Vigente» y la Asociación Minga también han denunciado las ejecuciones extrajudiciales en Arauca, principalmente a manos del ejército pero también de la policía nacional. En un informe de 2009 «Humanidad Vigente» documentó -con nombre y apellidos, fecha y localización de la víctima- 60 ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008 en Arauca.
Sonia López Tuta ha participado en diferentes actos en el País Valenciano, organizados por la Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia y la ONG Perifèries. Destaca que numerosos activistas son «víctimas directas» de la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada en el verano de 2011. Dos casos bien conocidos en Arauca son los del dirigente sindical y comunal Pedro León Carrillo y el líder campesino Ernesto Roa Montáñez, procesados en febrero de 2013 durante las movilizaciones que exigían al Estado y a las corporaciones petroleras el fin de la depredación ambiental. La Fiscalía se basó para incriminarlos en un incidente ocurrido entre los manifestantes y un individuo -vestido de civil y armado-, quien después se supo que era un soldado profesional. «A bordo de un vehículo oficial embistió a los pobladores», denunció la Fundación Joel Sierra, la Asociación Minga y la Fundación Progresar.
Podrían citarse múltiples ejemplos. Y que se suceden en el largo plazo. A dirigentes comunitarios como Rito Hernández Porras, la defensa de los derechos humanos le costó la vida en septiembre de 2003. Fue asesinado en el municipio de Saravena. La Fundación Joel Sierra y el Movimiento Regional de Víctimas de Crímenes de Estado señalaron como responsables a dos sicarios pertenecientes a un grupo de criminales, que la Policía Nacional «trajo y alojó dentro de sus cordones de seguridad en el centro del municipio». Con la dirección, informes, acompañamiento y protección policial, añaden las citadas fuentes, «se dedicaron a asesinar, extorsionar, constreñir y amenazar a los pobladores».
Juan Manuel Santos accedió a la presidencia de Colombia en agosto de 2010. Seis años después el gobierno y la guerrilla de las FARC sellaron los Acuerdos de Paz de La Habana, y en febrero de 2017 se iniciaron en Quito las negociaciones entre el ejecutivo y el ELN. Pero continúan los ataques a los defensores de los derechos humanos, como acredita el informe del primer trimestre de 2017 del programa «Somos Defensores». Entre enero y marzo 193 activistas fueron víctimas de algún tipo de agresión que puso en riesgo su vida e integridad; el capítulo más destacado es el de amenazas (136), seguido de asesinatos (20), atentados (19) y detenciones arbitrarias (10). La cifra de 2017 representa un franco incremento respecto al primer trimestre de 2016, cuando se registraron 113 agresiones. «En el marco del proceso de paz se ha visto un alza en las llamadas extorsivas y ataques a miembros de los movimientos sociales y comunidades en general», explica Sonia López; «mientras se habla de paz, el territorio continúa todavía más militarizado»
Las situaciones de riesgo acechan en el día a día de los defensores de los derechos humanos. Por ejemplo las amenazas el pasado mes de abril a José Vicente Murillo Tobo, vocero nacional de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular; miembro del Congreso de los Pueblos y de la Fundación Joel Sierra. Después de participar en una reunión, recibió una llamada en el celular y un mensaje de texto remitido por un tal «Camilo», quien se presentó como comandante de las «Águilas Negras» y le interpeló en los siguientes términos: «Necesitamos hablar con usted, sabemos de sus movimientos, sabemos para quiénes trabaja, necesitamos que coopere con las indicaciones que le vamos a dar, si no será nuestro objetivo».
Según López Tuta, «las estructuras paramilitares continúan en Arauca, que continúa siendo un territorio muy militarizado a pesar de que se hable de paz; el Estado toma las acciones del ELN como excusa para reprimir a la población y a los dirigentes sociales». A Francisco Javier Gómez, abogado de la Fundación de Derechos Humanos del Oriente de Colombia (DHOC), le asestaron cuatro puñaladas el 21 de febrero de 2017 mientras dormía en su habitación, en el barrio de Corocoras de la ciudad de Arauca. Batallaba, entre otras causas, con 40 familias de la vereda Las Brisas en el municipio de Arauquita. «Se quiere presentar la agresión como un hecho aislado, pero se trata de un ataque político», sostiene la presidenta de la Fundación Joel Sierra. En octubre de 2016 las organizaciones populares difundieron las amenazas al líder campesino Dixon Torres en un lugar fuertemente militarizado, el complejo petrolero de Caño Limón. Los autores, dos individuos armados en una motocicleta. Dixon Torres es un dirigente destacado en la «retoma» de tierras en Arauca, por ejemplo en las veredas de El Vivero, La Osa, Corralito y El Líbano.
En una carta abierta publicada el pasado 31 de marzo, el Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente criticaba el señalamiento de medios como el portal «La Silla Vacía». En un artículo publicado pocas fechas antes, tras recordar la fuerza militar, política y social del ELN en Arauca, esta página Web afirmaba que en el citado departamento es «donde más se siente el ‘desgane’ por las conversaciones de Quito». El texto de «La silla vacía» concluye del siguiente modo: «Que precisamente en Arauca las organizaciones sociales afines a la guerrilla hayan decidido quedarse quietas no es coincidencia». Ante este tipo de artículos, la activista del Congreso de los Pueblos y de la Fundación Joel Sierra concluye que hay «una estigmatización de los movimientos sociales en Arauca; se nos acusa de pertenecer a las organizaciones guerrilleras y principalmente al ELN con el fin de criminalizarnos; y esto hace que aumenten los riesgos».
¿Y en cuanto al presidente Santos? Sonia López explica que se ha proyectado en Colombia y a escala internacional como un protector de los derechos humanos; sin embargo, ha promovido la Ley de Seguridad Ciudadana «que criminaliza acciones que históricamente han desplegado los movimientos sociales, como la realización de paros, bloqueos en las vías o ‘tomas’ culturales en las instituciones». Otra pata de la legislación represiva, asimismo muy cuestionada, es el nuevo Código de Policía, que entró en vigor el pasado 30 de enero. Y lo hizo en medio de dificultades. El cinco de mayo el periódico El Tiempo recordó que la Corte Constitucional colombiana ha emitido al menos siete fallos que eliminan o cambian el alcance de la ley, después de más de 35 demandas planteadas por ciudadanos, abogados, políticos y ONG. Los cambios al Código, añade El Tiempo, afectan a materias como el derecho de reunión y protesta, el desalojo de vendedores ambulantes o el ingreso de policías en viviendas sin orden judicial, entre otras.
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