Miles de personas han recorrido este sábado las calles de Bilbao para mostrar su rechazo a los desahucios y los recortes sociales, en una movilización en la que se ha denunciado que «los poderes públicos han beneficiado a quienes han hecho negocio con la vivienda, los constructores y la banca». A la cita, convocada inicialmente […]
Miles de personas han recorrido este sábado las calles de Bilbao para mostrar su rechazo a los desahucios y los recortes sociales, en una movilización en la que se ha denunciado que «los poderes públicos han beneficiado a quienes han hecho negocio con la vivienda, los constructores y la banca». A la cita, convocada inicialmente por ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE, HIRU, CGT-LKN, CNT y medio centenar de organizaciones sociales, y a la que se han adherido posteriormente CCOO, UGT y diferentes formaciones políticas, han asistido miles de personas entre las que se encontraba la líder de EH Bildu, Laura Mintegi.
Óskar Matute (Alternatiba), Unai Ziarreta (EA), Dámaso Casado (UGT), Mikel Noval (ELA) o Ainhoa Etxaide (LAB) han estado también presentes en una marcha, que ha transcurrido durante la mayor parte de su recorrido en silencio y que ha concluido en el Ayuntamiento de la capital vizcaína, donde los organizadores han leído un comunicado en euskera y castellano. En el mismo, han denunciado que «los poderes públicos han beneficiado a quienes han hecho negocio con la vivienda, los constructores y la banca», lo que ha convertido el derecho a una vivienda en un bien especulativo. «Éste es el resultado de permitir que bancos y cajas se conviertan en agentes centrales de lo que debería ser un derecho garantizado por el sector público«, han destacado.
Asimismo, han acusado a las instituciones de haber aplicado una política de recortes en materia de vivienda y no haber impulsado el alquiler público y la reutilización de viviendas vacías. Por ello, han exigido el reconocimiento del derecho de todas las personas a acceder a una vivienda. Del mismo modo, han exigido la paralización de todos los desahucios de manera definitiva y han acusado a los poderes públicos de estar sometidos a la banca, que actúa de «usufructuaría» imponiendo condiciones «totalmente abusivas a la hora de financiar las hipotecas». Creación de un instituto público de vivienda, así como dedicar dinero público a la promoción directa de vivienda en alquiler social, han sido otras de las exigencias realizadas. Además, han destacado que la gestión del suelo debe estar socialmente controlada. «Estamos hartos de que lleguen a grandes consensos que no suponen ningún cambio real de la situación», han finalizado.
Por su parte, la secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, ha recalcado que el Gobierno central ha demostrado su falta de voluntad a la hora poner «barras rojas» a la crisis, ya que el decreto aprobado este pasado jueves «no pone límites a los intereses del capital, sino que ha puesto los límites que quería la banca y que no van a solucionar ni el 3 por ciento de los casos de desahucio». Asimismo, ha pedido una ley que garantice el derecho a una vivienda digna a todos los ciudadanos y ha insistido en que el límite debe ser que todos «tenemos derecho a vivir dignamente porque hay riqueza suficiente». «La cuestión es repartir la riqueza de manera justa y por lo tanto apostamos por la movilización en Euskal Herria ante las instituciones vascas que es quienes haciendo un recorrido propio tienen que tener la capacidad de tomar decisiones ante lo que está pasando», ha remarcado.
Por último, desde LAB se ha remarcado el que «es la primera vez que ante esta crisis coincidimos todos los sindicatos ante una reivindicación«. En este sentido, ha considerado que «éste es el camino y hay que dar nuevos pasos todos juntos». Asimismo, desde ELA, su responsable de política social, Mikel Noval, ha reivindicado el derecho de todas las personas a una vivienda digna. «Ni un desahucio más, no a los recortes. Los responsables políticos están dando un espectáculo lamentable ya que hacen lo que quiere la banca y no la ciudadanía», ha denunciado.