Un vehículo con música de animación. Atraviesa con ritmo lento uno de los puentes en el cauce del río Túria, en Valencia, cerca del edificio del Gobierno Militar; la camioneta exhibe carteles de tela con los motivos de la marcha, el pasado 31 de mayo: Per una València millor, no a l’ampliació del port y +València, menys port; figuraba en el camión, además, el nombre de la plataforma ciudadana que organizó la movilización (la Comissió Ciutat-Port) contra el macroproyecto de ampliación del Puerto de Valencia.
Miles de vecinos participaron en la manifestación, que comenzó en el Paseo de la Alameda y se celebraba por tercer año consecutivo. Constituida en 2019, más de un centenar de colectivos vecinales, ecologistas y sindicales se adhirieron al manifiesto de la Comissió, en cuyo grupo técnico trabajan Per L’Horta; Acció Ecologista Agró; Ecologistes en Acció; Juventud X el Clima; València Saludable y Greenpeace.
Las octavillas repartidas denunciaban la amenaza de emergencia climática en el planeta y que, en este contexto, la megainiciativa implica un riesgo para la salud humana; también para el “frágil” ecosistema del Parc Natural de L’Albufera (humedal costero de 21.120 hectáreas emplazado a 10 kilómetros de Valencia).
Asimismo sobre las playas; de hecho, un estudio del Institut Cabanilles de la Universitat de València (UV) reveló en enero que las playas al sur del puerto (Pinedo, El Saler y La Garrofera) pasaron de 170 hectáreas de arena en los años 90 del siglo pasado, a 43 hectáreas en 2022.
Las hojas distribuidas en la manifestación señalaban a los responsables políticos de la ampliación; como el ministro de Transportes, Óscar Puente (PSOE), a cuyo departamento está adscrita la Autoridad Portuaria de Valencia (APV); la alcaldesa de València, María José Català y el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón (los dos altos cargos, del PP, gobiernan en coalición con el partido de ultraderecha Vox); también ha expresado su apoyo el naviero y presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda Fos.
“Supondrá la destrucción de más de 500 puestos de trabajo directos debido a la aumento de la automatización de la nueva terminal, y al abandono de la terminal actual, ya que ninguna empresa ha mostrado interés por ocuparla en años”, valoraba -en diciembre de 2023- un comunicado de la Plataforma contra las Grandes Infraestructuras de Transporte y diferentes organizaciones ecologistas (La ampliación del Puerto de Valencia es una obra innecesaria, despilfarradora y contraproducente).
El Ministerio de Transportes cifra la inversión público-privada en la nueva infraestructura (ampliación norte y nueva terminal) en más de 1.600 millones de euros; está previsto que la APV (pública) se haga cargo de la construcción del dragado, muelle y relleno consolidado, mientras que la empresa privada lo haga en la superestructura, instalaciones y material móvil.
Otro de los aspectos valorados por el departamento de Óscar Puente es que la nueva terminal de contenedores permita realizar operaciones a los buques (“de última generación”) MEGAMAX, de hasta 430 metros de eslora y una capacidad superior a los 24.000 TEU (unidad de medida en el transporte marítimo de contenedores).
Sin embargo, frente al discurso oficial, las hojas volantes repartidas por la Comissió hacen hincapié en que la ampliación implica “la defensa de los intereses privados de unos pocos” (el grupo MSC -con sede central en Ginebra- en el caso de la nueva terminal en la ampliación norte, y la española Balearia en la nueva terminal de cruceros).
A distancia del camión de la Comissió podían divisarse, el 31 de mayo, banderas -de color rosa y verde- con el anagrama de Joventut pel Clima; y, al ritmo de la batucada afrobrasileña, la escuela de percusión Borumbaia de Valencia -distinguible por las zamarras de color naranja- reiteraba el eslogan “No a l’ampliació”.
Una mujer de edad avanzada resumía -en tono irónico, en un cartel- las consignas de la marcha: “Qué ampliación más ecológica nos va a construir señor ministro”, a lo que adjuntaba la imagen de un buque/crucero expeliendo humo.
En un sentido similar, se hizo visible el lema “Ampliació=contaminació”; y, en otro de los afiches: “El porcentaje de azufre permitido en el combustible de los buques es 500 mayor al permitido en los camiones”; pero no era la única reivindicación; así, una joven exhibía, pegado a la espalda, un papel contra las viviendas turísticas.
La nota informativa de la Comissió Ciutat-Port planteaba que el dinero público se use para la reversión del dique norte, así como para la regeneración de la partida de La Punta, cuya huerta fue destruida para implantar la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto (un centenar de familias afectadas).
Entre otras iniciativas, los colectivos proponían “la naturalización del río Turia, de su tramo final artificial y hormigonado” o “recuperar la conexión que existía entre el Parc Natural del Túria, la ciudad de Valencia, su anillo de huerta protegida y el Parc Natural de L’Albufera”.
El colectivo social y vecinal valora especialmente que, en la movilización del 31 de mayo, se incorporara una representación de los trabajadores del puerto, quienes remarcan la ineficiencia en la gestión; así, “el Puerto de Valencia dispone de capacidad sobrada para cubrir las necesidades del mercado a medio e incluso largo plazo, simplemente con una buena gestión de las infraestructuras existentes” (Nota informativa Comissió Ciutat-Port).
Además se da la circunstancia que, la semana anterior, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid acordó declarar firme una sentencia dictada, el pasado 12 de abril, por este mismo tribunal, contra el Ministerio para la Transición Ecológica; de este modo, el TSJ estimaba parcialmente un recurso planteado por la asociación Per L’Horta; en concreto, anulaba la sustitución de Puertos del Estado por la APV como órgano sustantivo en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de ampliación del puerto.
Junto a la difusión de la sentencia favorable, los movimientos sociales denunciaron la censura practicada por el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat, que retiraron los anuncios sobre la convocatoria de la manifestación (del 31 de mayo) previamente contratados en las empresas públicas de transporte EMT (autobuses) y Metrovalència.
La Comissió ha recabado, asimismo, apoyos significativos; por ejemplo, el 25 de mayo se celebró en Valencia el Primer encuentro estatal de ciudades con conflictos portuarios; participaron colectivos de ocho ciudades mediterráneas: Barcelona, Tarragona, Palma de Mallorca, Sagunto, Alicante, Valencia, Cartagena y Motril (Granada).
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