En la Colombia de 1990, la burguesía transnacional en ascenso que se impuso sobre la débil burguesía industrial que sobrevivía precariamente desde la primera mitad del siglo XX, y que lo hizo canalizando a través del sector financiero las divisas (US$) que irrigaba en el país la economía del narcotráfico, necesitaba un pacto político para […]
En la Colombia de 1990, la burguesía transnacional en ascenso que se impuso sobre la débil burguesía industrial que sobrevivía precariamente desde la primera mitad del siglo XX, y que lo hizo canalizando a través del sector financiero las divisas (US$) que irrigaba en el país la economía del narcotráfico, necesitaba un pacto político para imponer su política neoliberal usando como cobertura un «acuerdo de paz» y una supuesta apertura democrática.
En años anteriores habían logrado desaparecer mediante el magnicidio a cuatro candidatos presidenciales que podían ser obstáculo para sus planes. Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Ossa, Luis Carlos Galán Sarmiento y Carlos Pizarro León-Gómez fueron asesinados utilizando como «gatilleros directos» a las mafias narco-paramilitares pero detrás de esos crímenes estaba la clase política corrupta sirviente del gran capital.
La nueva Constitución Política de 1991 fue presentada como un «pacto de paz» y como un dechado de virtudes, «la más avanzada carta de derechos humanos de América Latina», que le garantizaría la inclusión, el bienestar, el progreso y la democracia a los sectores excluidos de la sociedad como a los pueblos indígenas y afrodescendientes, a los trabajadores, y a todos los sectores discriminados por una sociedad y un Estado colonial, patriarcal y pre-moderno.
Pero nada de eso pasó. Todo se quedó en el papel. La guerra continuó y se agudizó. El paquete neoliberal fue implementado con prontitud. Se aprobaron las privatizaciones y aparecieron las EPS para la explotación mercantil de la salud. Los fondos de pensiones, hoy en manos de bancos extranjeros, se apoderaron de los ahorros de los trabajadores. Los recursos naturales y las pocas empresas nacionales fueron entregados al Gran Capital. La flexibilización laboral acabó con los derechos de los trabajadores. Una aplanadora neoliberal nos pasó por encima.
Pero eso no les ha bastado. Hoy quieren más. Necesitan otro «pacto de paz» para encubrir el segundo paquete neoliberal, más virulento que el primero. La resistencia a los mega-proyectos minero-energéticos y las luchas populares contra la extracción petrolera, los ha alertado. Ésta es protagonizada no sólo por pueblos indígenas y comunidades campesinas sino por amplios sectores ciudadanos como ocurre en Bucaramanga e Ibagué frente a proyectos depredadores del Páramo de Santurbán y de «La Colosa» en Cajamarca (Tolima).
Pero además, frente a la quiebra de la «locomotora minera» y la caída internacional de los precios del petróleo se vieron obligados a cambiar sus planes de inversión extranjera, que es la única fórmula que tienen para «modernizar» el país y ponerlo -en teoría- a la altura de los países que hacen parte de la OCDE. Ahora su intención es entregar amplias extensiones de tierra y zonas francas turísticas para que empresas transnacionales inviertan en opulentos negocios. De ahí, el afán de desarmar a las guerrillas y de aplicar reformas «estructurales» como la tributaria para atraer al gran capital y bajar los costos de la mano de obra.
Sin embargo, para poder hacerlo había que armar un escenario similar al de 1991. Ofrecer y montar otro «pacto de paz» con una nueva apertura democrática. Contaban con unas guerrillas debilitadas en lo político pero fuertes en lo económico y que se sostienen en lo militar. Debían convencerlas para integrarse a la vida legal con algunas «gabelas». Pero no contaban con que una buena parte de la sociedad no cree ni en las guerrillas ni en la paz que ofrecía el gobierno oligárquico.
No previeron que un político como Uribe, su socio y cómplice de tiempos recientes, a quien creían desgastado políticamente porque sus principales colaboradores han sido condenados por múltiples delitos, muchos de los cuales están en la cárcel o huyendo en el exterior, fuera a canalizar la inconformidad popular con un gobierno ineficiente y con un proceso de paz demagógico y, lograra derrotarlos en el plebiscito refrendatario. Pero sucedió. Hoy negocian con ese expresidente y otros promotores del NO, nuevos acuerdos para superar el «impase».
Lo especial del momento, lo que lo diferencia de 1991 y lo que muestra las enormes fisuras que tiene el actual modelo de dominación, es que esta vez la trampa no funcionó. No es sólo que los derrotó el NO sino que frente a la campaña estatal que contaba con todo el apoyo internacional, la ONU, el Papa, la mayoría de partidos políticos incluidos los alternativos y de izquierda, y los medios de comunicación, no consiguieron movilizar a las mayorías.
No es cualquier cosa lo ocurrido. Después de un mes la mayoría de los analistas, incluyendo los de izquierda, no lo entienden. Insisten en señalar aspectos accidentales y no concluyentes. La desconfianza acumulada ante un gobierno débil y mentiroso, el hastío frente a la clase política y el rechazo a las FARC, le facilitaron la tarea a Uribe que fue un ganador casual y sorprendido. Es lo enigmático para ellos. ¿Quién en verdad los derrotó? ¿Cómo pudo suceder? No pueden aceptar lo evidente y no tienen otro camino que aferrarse a lo trillado.
La tragedia colombiana es que no existe una fuerza democrática, deslindada del bloque de poder, diferenciada de Santos, Uribe y las FARC, que aproveche este «vacío de poder» para canalizar la desconfianza de las mayorías frente al establecimiento político. Lo poco que existe, como son algunas personalidades al interior de los «verdes», «progresistas» y del Polo Democrático, no se esforzaron por construir ese «otro referente» que en las actuales condiciones estaría jugando como fiel de la balanza y a la ofensiva.
Las fuerzas democráticas tenemos un año (2017) para corregir sobre la marcha. La meta es derrotar a todos los demagogos y corruptos en las elecciones de 2018. ¿Podremos hacerlo? O… ¿definitivamente le dejaremos esa tarea a las nuevas generaciones?
Pienso que hay que intentarlo. La gente está allí, la inconformidad está a la vista, el momento es propicio. La polarización Santos-Uribe muestra agotamiento. Las reservas democráticas están latentes, solo se necesita pensamiento estratégico y decisión. Si nuestra iniciativa tiene en cuenta las causas de lo ocurrido el 2 de octubre, muchas personas que votaron por el NO y buena parte de los que lo hicieron por el SI, van a apoyar una propuesta que rompa con lo existente y tradicional. Muchos abstencionistas pueden ser movilizados.
Se necesita desprendimiento personal y grupista, espíritu ciudadano y una visión política que rompa con el partidismo desgastado. No lo dudemos… ¡Hagámoslo!
@ferdorado
Blog del autor: https://aranandoelcieloyarando
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