«Mientras la estrategia de polarización social de la derecha extrema del PP -con su combinación de movilización extraparlamentaria y bloqueo a partir del aparato del estado- parecía tener posibilidades de éxito culminantes en una victoria electoral del PP, la extrema derecha movía en el mismo terreno. Pero cuando empieza a ser evidente que esa estrategia […]
«Mientras la estrategia de polarización social de la derecha extrema del PP -con su combinación de movilización extraparlamentaria y bloqueo a partir del aparato del estado- parecía tener posibilidades de éxito culminantes en una victoria electoral del PP, la extrema derecha movía en el mismo terreno. Pero cuando empieza a ser evidente que esa estrategia puede fracasar y que la izquierda va camino de volver a ganar las elecciones de marzo de 2008, las organizaciones fascistas y xenófobas comienzan a actuar por su cuenta en una estrategia de tensión destinada, primero, a provocar la abstención, y después, a justificar una nueva campaña de deslegitimación de los resultados electorales que tome el relevo de la ya desacreditada teoría conspiratoria aznariana del 11-M, basada ahora en la pretendida inseguridad ciudadana y en el cultivo de la más soez xenofobia antiinmigrante»
El pasado 11 de noviembre, Carlos Javier Palomino, un joven madrileño de 16 años, fue apuñalado y muerto en el metro de Legazpi por un soldado de 24 años de ideología fascista. Carlos se dirigía, con un grupo de amigos, a una contramanifestación organizada por la Coordinadora Antifascista de Madrid en repulsa por la concentración del partido fascista Democracia Nacional en el barrio de Usera a la hora en la que suelen reunirse en la plaza de Legazpi los inmigrantes latinoamericanos del sur de Madrid.
No era la única. Esa misma mañana, la delegación del gobierno había autorizado también otro acto de otro grupúsculo fascista, el Frente Nacional, contra los trabajadores inmigrantes en la plaza de Cuatro Caminos, en el popular barrio de Tetuán, donde residen muchos de ellos. Asistieron 150 militantes de extrema derecha, a los que un cordón policial impidió entrar en el barrio. Ambos actos, el de Legazpi y el de Cuatro Caminos, habían sido preparados con una pegada de carteles por las zonas de la ciudad consideradas «nacionales», utilizando la imagen de las ovejas blancas que expulsan al cordero negro del partido suizo xenófobo UDC, ganador con el 29% de la recientes elecciones legislativas en aquel país.
En los últimos quince años, la violencia fascista, dirigida en buena parte contra los trabajadores inmigrantes, se ha convertido en un problema político real. Han tenido lugar ocho asesinatos desde 1992 y más de 6.000 agresiones en 200 municipios en solo cuatro años/1. Lejos de tratarse de un «problema entre bandas de jóvenes fascistas y antifascistas» como pretenden algunos informes de la policía y los medios de comunicación de la derecha, estamos ante la reorganización de un sector del espectro político que va desde el franquismo nostálgico de los nietos de Blas Piñar, de los grupúsculos falangistas, del populismo xenófobo de Democracia Nacional, del nacional-catolicismo de grupos juveniles parroquiales y de colegios religiosos, hasta los grupos neo-nazis skins y asociaciones de clubs de fútbol, como los Ultra-Sur del Real Madrid. Hace escasamente unos meses, Sin Permiso reproducía un articulo de Miguel Urbán que advertía del proceso de reorganización de la extrema derecha española/2.
Una estrategia de tensión
La pregunta esencial es cuál es la función política que cumplen esta violencia y esta reorganización del fascismo español para las clases dominantes. De ser parte de los servicios de orden del Partido Popular y la Asociación de Victimas del Terrorismo (AVT), han pasado a convocar sus propias manifestaciones, y se multiplican los actos de agresión en la calle contra inmigrantes y militantes de izquierda en los últimos meses.
La acumulación de estas acciones de la extrema derecha coincide con el período preelectoral. Así ocurrió en Cataluña en marzo, con las campañas antiinmigrantes de las listas de Plataforma per Catalunya de Josep Anglada, Veïns Independents de Premiá, o la Coalición Adelante Cataluña (una alianza de Alternativa Española y Democracia Nacional) de Esteban Gómez Rovira. O en San Sebastián, cuando el Tribunal Superior de Justicia vasco autorizó una marcha falangista por «la unidad de España» en pleno Barrio Viejo de Donosti el 12 de octubre de este año, dando lugar a una batalla campal entre la policía y los contramanifestantes, que consiguieron finalmente impedir el acto.
Ahora, en Madrid, la cadena de actos no puede ser más llamativa: 11 de noviembre: las manifestaciones ya comentadas de Democracia Nacional y Frente Nacional; 17 de noviembre: marcha de Falange hasta el Valle de los Caídos por «José Antonio Primo de Rivera, asesinado por los socialistas en 1936» y manifestación de Alianza Nacional -con la consigna de «la inmigración destruye tu futuro»- en la Puerta del Sol; 18 de noviembre: concentración de la Confederación Nacional de Excombatientes en la Plaza de Oriente; 20 de noviembre: otra marcha al Valle de los Caídos, esta vez del Frente Nacional, mientras La Falange organizaba un acto en memoria de José Antonio en Alcalá de Henares; finalmente, el 24 de noviembre la AVT convocaba su octava manifestación en cuatro años contra un proceso de paz inexistente en el País Vasco, al que daban su apoyo explicito Democracia Nacional, Alianza Nacional, Juventudes Falangistas, España 2000, La Falange, Asociación Comandante Ynestrillas, España y Libertad, Frente Nacional, Los Peones Negros, Alternativa Española y Juventudes de la Falange Española.
Con la excepción de la manifestación de Alianza Nacional el 17 de noviembre, todas estas manifestaciones han sido autorizadas por la delegación del gobierno de Madrid tras la decisión de la sección octava del Tribunal Supremo de Justicia de Madrid, el cual, ante el recurso por la prohibición de la marcha falangista del 18 de noviembre, establecía que: «no existe riesgo de alteración del orden público, con peligro para las personas o bienes». Y ello a pesar del precedente del asesinato de Carlos Palomino el 11 de noviembre.
La financiación económica de estas manifestaciones y los recursos legales utilizados para su legalización no dejan lugar a dudas sobre la profundidad del entramado y su conexión con sectores de la derecha social. Es un secreto a voces, si se considera que el Arzobispo de Pamplona, Fernando Sebastián Aguilar, desde la página web de su sede episcopal, menciona como «dignos de consideración y apoyo» a grupos fascistas como FE de las JONS o Alternativa Española. O que el dirigente de esta última organización, Rafael López-Diéguez, trabaja en la consultoría Suala Capital Partners SL, fundada por Patricia Botín, heredera del BSCH/3.
Se podría argumentar que se trata de un canto de cisne de las conmemoraciones tradicionales de estas organizaciones alrededor del 20 de noviembre, fecha de la muerte de José Antonio y Franco. Que este año, tras la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica que las prohibirá en el futuro, era la última oportunidad de escenificar la nostalgia fascista. Por el contrario, el propio Zapatero, en el cierre de la Conferencia política del PSOE, en septiembre del 2006, alertaba del peligro de una «nueva extrema derecha» alimentada por la estrategia de polarización política extraparlamentaria del PP, el revisionismo sobre la insurrección del 18 de julio de 1936 y la dictadura franquista alentado por historiadores como Pío Moa o César Vidal, el intento de revitalizar el nacional-catolicismo de la cúpula episcopal con las beatificaciones de los «mártires religiosos de la Guerra Civil» y la desapoderada campaña de los medios de comunicación («España se rompe»), liderada por Jiménez los Santos desde la cadena de radio de los obispos, la COPE.
Mientras la estrategia de polarización social de la derecha extrema del PP -con su combinación de movilización extraparlamentaria y bloqueo a partir del aparato del estado- parecía tener posibilidades de éxito culminantes en una victoria electoral del PP, la extrema derecha movía en el mismo terreno. Pero cuando empieza a ser evidente que esa estrategia puede fracasar y que la izquierda va camino de volver a ganar las elecciones de marzo de 2008, las organizaciones fascistas y xenófobas comienzan a actuar por su cuenta en una estrategia de tensión destinada, primero, a provocar la abstención, y después, a justificar una nueva campaña de deslegitimación de los resultados electorales que tome el relevo de la ya desacreditada teoría conspiratoria aznariana del 11-M, basada ahora en la pretendida inseguridad ciudadana y en el cultivo de la más soez xenofobia anti-inmigrante.
No conviene olvidar que las organizaciones fascistas se justifican finalmente, en relación con otras formas de organización de la derecha, por su capacidad de violencia en la calle a la hora de enfrentar, dividir y desmovilizar a las clases trabajadoras. Esta función se subordina, en una situación liberal-democrática como la del Reino de España, a la estrategia electoral de la derecha política «respetable», capaz de representar al conjunto de la derecha social. De hecho, las perspectivas electorales autónomas de la extrema derecha son mínimas, pero ligeramente crecientes. Desde 1979, primeras elecciones democráticas, ha pasado de los 378.964 votos de Fuerza Nueva a 17.061 en 1996, 30.957 en 2000 y 48.118 en 2004, que representan el 0,18% de los votos. Pero ello no la hace menos peligrosa en la calle.
La respuesta de la izquierda
La respuesta a esta ofensiva fascista del mes de noviembre ha puesto de relieve las debilidades, divisiones y disputas de la izquierda, a la búsqueda de una respuesta unitaria a la altura del desafío político existente.
La primera reacción ha sido la de los sectores juveniles agrupados alrededor de la Coordinadora Antifascista, en Madrid y en numerosas ciudades. La Coordinadora se creó en Madrid en 1989, agrupando a las organizaciones de extrema izquierda comunistas y anarquistas, movimientos ocupas y alternativos para responder a las actividades anuales del 20-N de la extrema derecha. Desde entonces, ha convocado una manifestación anual de unos cientos o miles de personas, según el caso, con gran protagonismo de los jóvenes estudiantes de enseñanza media, de formación técnica y trabajadores precarios de los servicios, que hacían de ella su actividad central pública, marcada por un «antifascismo» anti-partidos. En los últimos años, las manifestaciones han sido legalizadas, con fuerte presencia policial, que temía una importación a Madrid de la kale borroka vasca, que nunca se ha llegado a producir.
La Coordinadora Antifascista convocó una primera asamblea para decidir su respuesta el día 13 de noviembre, tras una primera concentración de unas 500 personas en la Puerta del Sol el mismo día del asesinato de Carlos. El lugar fue la parroquia «roja» de San
Pero los problemas políticos más urgentes de la asamblea eran dos: cómo conseguir la legalización de la manifestación del 24 de noviembre, con el especial agravio comparativo de la legalización de las anteriores manifestaciones fascistas y la de la AVT ese mismo día; y la reacción paralela ante el asesinato de Carlos Palomino de las grandes organizaciones sindicales y políticas de la izquierda, agrupadas en el Foro Social de Madrid (FSM), que ya había hecho una concentración en Sol el día anterior.
En relación con la legalización, la Coordinadora decidió volver a entrar en contacto con la delegación del gobierno de Madrid y presentar un recurso ante los tribunales, además de solicitar la ayuda a las organizaciones del Foro Social de Madrid (FSM). Pero al mismo tiempo que solicitaba esta ayuda, mostraba su desconfianza ante los partidos y sindicatos que consideraba «reformistas» y que, con su movilización masiva en una manifestación unitaria propia, podían «robarle la política» y el protagonismo en la respuesta.
A pesar de los esfuerzos del FSM de mediar ante la delegación del gobierno para la legalización y presentar la manifestación del 24-N de la Coordinadora y la suya propia, prevista para el 2 de diciembre, no sólo como compatibles, sino como fases distintas complementarias de una misma respuesta, la ideología «anti-partido» de la Coordinadora creó todo tipo de fricciones.
En definitiva, lo que esta detrás es un debate clásico en el movimiento obrero desde los años 30. ¿Cómo derrotar al fascismo? ¿Mediante una táctica de confrontación interna en la izquierda por la hegemonía del supuesto sector más radical frente a la representatividad de las fuerzas «reformistas» o, por el contrario, a través de una política de frente único que agrupe a todos los sectores, aunque con formas de movilización distintas? Para toda una generación de la izquierda madrileña se trata de su primer debate político serio, de fondo, en relación con una experiencia de masas colectiva.
Para responder a este desafío fascista en Madrid parece evidente la necesidad de satisfacer tres condiciones: unidad, masividad en la respuesta y servicios de orden disciplinados. Más cuando los números con los que hay que medirse no son los cientos de las manifestaciones y concentraciones fascistas, sino los 65.000 de la manifestación de la AVT el pasado 24 de noviembre. La mera movilización de las fuerzas aglutinadas entorno a la Coordinadora Antifascista no podía superar los miles, aunque fuese el sector más joven y combativo. Sólo la movilización de conjunto de los trabajadores madrileños, con sus partidos y sindicatos tradicionales, puede generar la movilización necesaria para aislar a los grupúsculos fascistas y el medio social en el que se apoyan. La diferencia es que la experiencia del FSM, como una concreción del frente único, ha permitido hacer posible esa movilización unitaria del conjunto de la izquierda madrileña, como había demostrado la gran manifestación del cuarto aniversario de la guerra de Irak en marzo del 2007/4.
En cualquier caso, la prohibición y represión de la manifestación del 24-N programada por la Coordinadora Antifascista, en base al rechazo del recurso por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha tensado aun más los términos del debate. Un debate que ya ha enfrentado a los manifestantes del Sindicato de Estudiantes con un grupo de jóvenes autónomos el día 22. Para los sectores mas jóvenes es muy difícil aceptar un doble rasero en la legalización de las manifestaciones, que atribuyen directamente al PSOE, partido de la delegada del gobierno, al mismo tiempo que le ven convocando a la manifestación del 2-D.
La manifestación del 24-N acabó siendo una colección de carreras, pequeñas manifestaciones y enfrentamientos limitados con la policía en el centro de Madrid por parte de unos miles de manifestantes. Mientras, tenía lugar a la misma hora la concentración en Colón de la AVT. Solo después de dos horas de carreras, la policía permitió una concentración y homenaje a Carlos Palomino en el lugar de su muerte por parte de unos 500 jóvenes.
En el resto del Reino de España, la respuesta al asesinato de Carlos Palomino ha sido generalizada. En muchas ciudades se han producido pequeñas manifestaciones y concentraciones de jóvenes, aunque con una menor implicación -en algunos casos, ausencia- de los partidos y sindicatos tradicionales. En algunas ciudades, como Barcelona y Granada, han acabado con enfrentamientos y disturbios, que amenazan con convertir esa experiencia generacional también en una ruptura de este sector juvenil con las grandes organizaciones obreras. Por si faltase algo, el día 23 de noviembre otro militante de extrema derecha acuchillaba a un joven antifascista en Cáceres, en represalia por un anterior enfrentamiento.
Pero, a pesar del discurso sobre los «enfrentamientos entre bandas» de los informes policiales y de la prensa de derecha, un discurso involuntariamente alimentado por algunas reacciones pre-políticas de sectores juveniles antifascistas, lo vivido estos días en Madrid está muy lejos de ser una consecuencia postmoderna de la crisis urbana global. A pesar de estas explicaciones interesadas, la experiencia del fascismo en España está aún demasiado cercana como para que no sea reconocible para la mayoría de la población y de las clases trabajadoras lo que anda en juego. Incluyendo la integración de los trabajadores inmigrantes, que ya suponen un 15% de la población de la capital del Reino. Hoy, en Madrid, como en los años 30, se puede morir a manos del fascismo. Lo que explica que PSOE, IU, CC OO 5/ y UGT hayan decidido finalmente tomar en sus manos el asunto de cómo responder y convocar de manera unitaria una manifestación, a través del FSM, el próximo 2 de diciembre. El desafío es demasiado importante como para permitirnos un fracaso.
NOTAS:
1/Solamente en Madrid se han producido los asesinatos de Lucrecia Pérez (13-XI-1992), Ricardo Rodríguez Garcia (21-V-1995), David González Rubio (20-I-1996), Augusto Ndombele (20-VI-2002). Este año quedó tetraplégico de una paliza propinada por fascistas Miwa Buena Monake el pasado 10 de febrero en Alcalá de Henares.
2/ Miguel Urbán, «La extrema derecha en el Reino de España», Sin Permiso, 25 febrero 2007, http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=1044. Véase también Juanma Romero, «Los cuatro grandes bloques de la extrema derecha en España», diario Público, 18 de noviembre del 2007.
3/ Alfredo Muñiz, «Los nietos de Blas Piñar», Confidencial 18 octubre 2006, http://www.elconfidencial.com/ocio/indice.asp?id=3227
4/ En aquella ocasión también se reprodujo el mismo debate a un nivel mas limitado. Un sector de organizaciones de la izquierda alternativa organizó su propia manifestación, con consignas que ponían el acento en la diferencia con la política del Gobierno Zapatero, especialmente en Afganistán, para denunciar su carácter «reformista». El hecho de que IU defendiera la salida de las tropas españolas de Afganistán en el seno de la manifestación unitaria del FSM no fue argumento suficiente tampoco en aquella ocasión. La manifestación alternativa no llegó a reunir 1.000 personas frente a las más de 200.000 de la que fue la mayor manifestación contra esa guerra en todo el mundo.
5/ (Nota del Editor): Resolución Ejecutiva Regional de CCOO de Madrid: CCOO CONTRA LA VIOLENCIA RACISTA, XENÓFOBA Y FASCISTA : En los últimos cuatro años, se han producido más de seis mil agresiones racistas, xenófobas o protagonizadas por elementos de inspiración fascista, en al menos doscientos municipios españoles. En los últimos meses su tendencia es creciente y han tenido su manifestación más reciente en la muerte por apuñalamiento de un joven madrileño de 16 años. Ante esta situación, la Comisión Ejecutiva Regional de CC.OO.-Madrid quiere manifestar lo siguiente: 1) Nuestra rotunda condena de estos actos que atentan contra los derechos humanos recogidos en la Constitución. 2) Nuestra gran preocupación al valorar que los discursos radicales y populistas y las políticas que debilitan la cohesión social contribuyen a alimentar estas conductas. 3) Nuestra exigencia a los poderes públicos para que actúen con la máxima eficacia en la prevención de estos hechos. 4) Nuestra convicción de que la defensa de los valores democráticos debe ser abordada por toda la sociedad empezando por la escuela, la familia y los medios de comunicación. 5) Nuestra propuesta y compromiso de movilizar a todos los trabajadores y trabajadoras en defensa de los valores democráticos. Nuestro rechazo al reciente asesinato sucedido en Madrid y nuestra firme voluntad de dar respuesta a cualquier acto terrorista. 6) Reivindicamos una firme actuación de los poderes públicos en relación con las asociaciones y organizaciones de todo tipo que, bajo la cobertura de fines políticos, culturales, deportivos, sociales, … promuevan la discriminación, el odio o la violencia racista, xenófoba o de carácter fascista, contra personas o grupos de población concretos. Esas actuaciones de los poderes del Estado deben valerse de todas las herramientas existentes en un Estado de Derecho incluida, cuando proceda, la capacidad punitiva prevista para estos comportamientos en el Art. 515 del vigente Código Penal. Por último CCOO hace un llamamiento a la participación de los trabajadores madrileños a la manifestación convocada por el Foro Social de Madrid (en el que participa entre otras muchas organizaciones, CCOO) para el próximo domingo 2 de diciembre..- En Madrid, a 20 de noviembre de 2007.
*Gustavo Búster, miembro del Consejo Editorial de SINPERMISO, es el heterónimo de un analista político madrileño.