La Constitución de Pinochet (1980), vigente aún en Chile, fija la libertad de enseñanza como garantía constitucional. Ahora bien, la Constitución de 1925 fija también como garantía constitucional la libertad de enseñanza, pero, el contenido de la libertad de enseñanza en la Constitución de 1925 se enmarca dentro de lo que se llama en el […]
La Constitución de Pinochet (1980), vigente aún en Chile, fija la libertad de enseñanza como garantía constitucional. Ahora bien, la Constitución de 1925 fija también como garantía constitucional la libertad de enseñanza, pero, el contenido de la libertad de enseñanza en la Constitución de 1925 se enmarca dentro de lo que se llama en el texto, la educación pública como atención preferente del Estado. Esto es, el Estado asume como responsabilidad, el derecho de cada niño chileno a recibir educación. Dentro de ese contexto, siempre, y antes de los sistemas neoliberales libremercadistas, hubo libertad para que aquellos que tuvieran los medios y quisieran dar a sus hijos un tipo de enseñanza, lo hicieran, repito, dentro de la mayor libertad.
En cambio, la Constitución de Pinochet señala como único principio la libertad de enseñanza, que se entiende, según la práctica de más de 30 años de sistema neoliberal (incluido en este período los gobiernos de la Concertación), como la facultad para convertir la educación en un lucrativo negocio para los particulares, y lo que es peor con el dinero (vía impuestos) de todos los chilenos. En conclusión, lo que existe hoy en nuestro país, no es libertad de enseñanza sino libertinaje para hacer de la educación un lucrativo negocio. Es evidente que quienes lucran con la educación no quieren perder tan buen negocio. Por eso la lucha de los estudiantes secundarios es dura y necesita del apoyo, en primer lugar de todos aquellos que tienen que ver con la educación, a saber profesores, universitarios, padres y apoderados y de toda la sociedad que está dispuesta a poner punto final a esta indigna situación en la cual un derecho fundamental del hombre está limitado por la barrera del dinero.
Por eso, cuando el gobierno de la Sra. Bachelet expresa que no tiene dinero para atacar los problemas que el movimiento estudiantil ha puesto en evidencia, resulta pertinente y necesario señalarle donde están esos dineros.
1º Se calcula que este año, según un precio promedio que supera los dos dólares la libra de cobre los excedentes de CODELCO serán para este año más de 7.000 millones de dólares. Las platas anunciadas por Bachelet no representan sino 0.84% de los excedentes de CODELCO para 2006. Chile no dispone de las utilidades de las transnacionales extranjeras que operan en su territorio. Baste decir que las ganancias de compañías extranjeras ascienden a 16.746 millones de dólares que en virtud de una legislación tributaria lesiva para los intereses de Chile, negociada por los gobiernos de la Concertación, tributarán menos que CODELCO que sólo tiene un 30% de la producción total de cobre.
2º Citemos el caso de los gastos en defensa. Si lo que el gobierno de Bachelet está dispuesto a conceder es la suma de 31 mil millones de pesos para el transporte público de los estudiantes, o sea 57 millones de dólares [1USD=$ 530] para este año 2006, estaría significando que opta por dos F-16 Block 50 [última generación] de segunda mano, dentro de los 10 que Chile compró a Holanda. Lo que aquí se señala no es una opción puntual: se trata de una política de Estado. Recordemos que el año 2005 tres países en Suramérica gastaron en defensa alrededor de 3.5% del PIB. Se trata de Ecuador, Colombia y Chile. En ese mismo año, Argentina gastó 1,13% y México 0.43% del PIB. Agreguemos que entre las últimas adquisiciones de la Armada hay 4 fragatas [1 tipo 22 y 3 tipo 33] compradas al Reino Unido; el Ejército, compró 100 unidades de tanques Leopard 2 y 24 nuevos sistemas de artillería M109A3 en Suiza y 150 vehículos de infantería AIFV en Bélgica.
A estas opciones bélicas, podríamos agregar algunos otros datos que revelan las políticas y compromisos de la Concertación. El Ministro de Hacienda evalúa el costo del transporte gratuito, en 166 mil millones de pesos al año [o sea 313 millones de dólares], lo cual no representa sino 9,6% del «gasto tributario», esto es, subsidios, postergaciones de impuestos, rebajas de la renta imponible, créditos al impuesto etc., establecidos en la legislación tributaria y mediante las cuales el Estado deja de percibir 3.260 millones de dólares. Más aún, los 166 mil millones de pesos, representan 7,8% de la evasión tributaria, calculada en, ¡4 mil millones de dólares!
Todo eso suponiendo que el cálculo del Ministro sea correcto. El Ingeniero en Transportes, Luis Casado, pone en duda la evaluación del Ministro cuando escribe que «calcular el coste de la gratuidad del transporte escolar [región metropolitana] es sencillo: se multiplica el número de jornadas escolares, o sea 220 días, por la cantidad de viajes diarios, 970.000, por la tarifa, o sea 0,23 US$: 970.000 * 220 * 0,23 US$ = 49.082.000 US$. O sea 49 millones de dólares y no 300 millones de dólares como afirma Andrés Velasco. Casado agrega, «por razones que sería largo explicar pienso que este coste es aun menor». Por lo cual, «Andrés Velasco debiese explicar cómo calcula sus 300 millones». Más aún, Casado explica un dato interesante: «los pasajeros que pagan tarifa normal siguen subvencionando el transporte escolar». Pues, como lo explica en su comunicación, en la tarifa normal de los pasajeros se incluye la subvención al pasaje escolar. Concluye Luis Casado: «si el Estado subvencionase al transporte escolar pagando todo el coste, o sea si hubiese sólo una tarifa para todos los pasajeros, esa tarifa debiese bajar significativamente para todos porque desaparecería la necesidad de aumentar la tarifa normal para financiar la tarifa escolar».
Pesos más, pesos menos, lo que está en juego es la educación, esto es, el futuro de Chile. Los empresarios piensan, y lo han dicho muy claramente («es la política del chorreo»), que lo que es bueno para los empresarios de la educación es bueno para Chile. Confunden la productividad con la calidad; las rentabilidades en la competencia mercantil con la libre enseñanza; la Superintendencia de Educación con la Superintendencia de Valores y Sociedades Anónimas; la flexibilidad laboral con la dignidad del docente; la tutela del Ministerio de Educación con la subcontratación.
Conscientes que sin presión no habrá acuerdo con el gobierno, los secundarios mantienen su movimiento. El gobierno se engaña cuando piensa que esta tercera semana de movilizaciones, terminará por quebrar la voluntad de los estudiantes. En su ceguera no ve que este movimiento ha instalado un problema de sociedad y que del repudio inicial a las prácticas de la clase política, se ha formado una conciencia que abarca a importantes sectores de la población, que no sólo este estado de cosas no puede ontinuar, sino muy principalmente que el modelo político actual carece de los medios para resolver las grandes transformaciones que el pueblo reclama. Esta revolución de Mayo 2006 se ha escuchado fuerte, ha remecido conciencias e impulsará en un futuro muy cercano a importantes movilizaciones.
el Autor es Director de www.fortinmapocho.com y Coordinador Nacional de Iniciativa por un Frente Amplio