Una persona de 21 años, víctima de sinhogarismo, falleció el 11 de diciembre en el centro de Valencia; el pasado 25 de marzo, otro hombre sin techo, de 27 años, fue hallado muerto en una tienda de campaña de los asentamientos ubicados en el antiguo cauce del río Turia, en Valencia. “El migrante que murió en una tienda del Turia estaba esperando una vivienda social”, tituló dos meses después el periódico Levante-EMV.
Las personas que viven en la calle es una muestra del drama de la vivienda en el estado español; constituyen otro ejemplo la especulación y las expulsiones; el 3 de diciembre, la coalición Compromís denunció que el Ayuntamiento de Valencia (PP en coalición con Vox) ha autorizado una declaración responsable para la reforma integral de la denominada Finca Groga, en el barrio de la Saïdia; en el edificio viven cuatro vecinos: tres con contratos de renta antigua y uno de alquiler; se trata de un “nuevo caso de expulsión vecinal” y un “cheque en blanco para los especuladores”, valoró la portavoz municipal de Compromís, Papi Robles.
Ante circunstancias como las citadas, movimientos sociales, vecinales y sindicales han organizado el 20 de diciembre una manifestación con el lema Pel dret a l’habitatge, ara!, que comenzará a las 18,00 horas en la Plaza de San Agustín de Valencia.
Las entidades convocantes señalan la responsabilidad de “todas las Administraciones y partidos en los diferentes gobiernos local, autonómico y estatal”; asimismo exigen un Plan de Choque, relacionado con el derecho a la vivienda, consensuado con los movimientos sociales.
Ya en marzo de 2024, la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) presentó al entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, del PP, un Plan de Choque “ante la cantidad de procedimientos judiciales instados por los fondos buitre”.
La PAH reivindicaba, entonces, medidas como ayudas al alquiler, un parque público de viviendas o la moratoria y regulación de los pisos y bajos turísticos (el informe de Ecologistas en Acción Vecindarios en peligro de extinción, en enero de 2025, apunta que Valencia cuenta con 23,7 viviendas de uso turístico por cada mil viviendas, por encima de Madrid, Barcelona, Sevilla, San Sebastián, Alicante o Santander).
Uno de los puntos centrales de la movilización está relacionado con la finalización, el próximo 31 de diciembre, de la prórroga de la suspensión de los desahucios -y lanzamientos- por impago de la renta de hogares vulnerables sin alternativa habitacional; los movimientos alertan que si no se produce una “urgentísima prórroga”, a partir del 1 de enero de 2026 tendrá lugar la “terrorífica cuenta atrás” para el desahucio de cerca de 60.000 familias en el estado español.
Precisamente el pasado 2 de diciembre, una treintena de organizaciones sociales, de derechos humanos y por el derecho a la vivienda del estado español exigieron al Congreso la renovación, y ampliación, de la citada moratoria antidesahucios, una medida incluida en el denominado escudo social introducido en 2020 para hacer frente a la COVID.
Así, a partir del 1 de enero de 2026, “nos enfrentaremos a una emergencia habitacional sin precedentes, con una ola masiva de desahucios sin alternativa habitacional”, concluyeron los movimientos.
Esta alerta se concreta en situaciones -denunciadas por el Sindicato de Inquilinas de Madrid- como la de Mari Carmen, de 87 años, residente en el barrio de Retiro; con el respaldo de vecinos y activistas, logró a finales de octubre que un juzgado suspendiera temporalmente el desahucio promovido por un fondo buitre; Mari Carmen habitaba la vivienda desde 1956; la abogada de la afectada y el Sindicato pidieron al juez la suspensión del desahucio, por las razones de vulnerabilidad especificadas en la moratoria.
La movilización de Valencia tiene, entre sus ejes, la siguiente valoración: “Vivir sin acceso a la vivienda, o con la constante amenaza a perderla, es privar de derechos”; por ejemplo, la estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) revela que -en el tercer trimestre de 2025- se produjeron en el País Valenciano 455 desahucios respecto al alquiler de la vivienda, la tercera autonomía del estado español tras Cataluña (957) y Andalucía (546).
Los colectivos organizadores piden asimismo “respeto” por los barrios y el territorio, para evitar peligros como los evidenciados durante la DANA del 29 de octubre de 2024 (en el País Valenciano fallecieron 230 personas y 75 municipios resultaron afectados en Valencia); el informe de Greenpeace Danas, inundaciones y cambio climático (enero 2025) destaca que existen en el estado español más de dos millones de viviendas en zonas inundables.
“La inseguridad residencial genera miedo, estrés, problemas de salud y precariedad, afectando el rendimiento laboral, a la salud mental, al aprendizaje escolar y a la estabilidad familiar”, denuncia la convocatoria del próximo 20 de diciembre; afecta además a todos los sectores del mundo laboral, estudiantes y pensionistas.
Ejemplo de ello es la muerte en la calle, el 10 de diciembre, de una vecina desahuciada de 63 años en el municipio de Collado Villalba (Madrid); falleció tras el desalojo -el 30 de septiembre- del bloque de viviendas en el que vivía, sin que contara con alternativa habitacional, respuesta del Ayuntamiento -gobernado por el PP- y de los Servicios Sociales.
Las organizaciones de Valencia destacan las dificultades que la juventud afronta para la emancipación; de hecho, el 25% de las personas jóvenes del País Valenciano con empleo están emancipadas; la cifra desciende al 14%, en el caso de la población joven desempleada; y a cerca del 6% en los jóvenes considerados oficialmente inactivos, según el Observatori d’Emancipació del Consell Valencià de la Joventut (segundo trimestre 2024).
Varios miles de personas se manifestaron en Valencia, el pasado 5 de abril, con el lema Acabem amb el negoci de l’habitatge i del territorio; la iniciativa fue promovida por la campaña València no està en venda, integrada por 240 colectivos; la movilización abogó por la expropiación de viviendas vacías, turísticas o de la SAREB; las regulaciones en la vivienda de alquiler; la paralización de los desahucios sin alternativa habitacional o la constitución de un parque público de vivienda social.
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