“El Puerto de Valencia tiene una gran fuerza”, recuerda la integrante de Ecologistes en Acció y la Comissió Ciutat-Port, Pau Monasterio.
La Autoridad Portuaria de Valencia (APV), organismo público dependiente del Ministerio de Transportes, promueve actualmente la macroampliación norte del recinto portuario, y el objetivo tanto de vecinos como de las organizaciones sociales es paralizar la ejecución.
Se trata, además, de revertir algunas de las actuaciones ya realizadas, como el dique de abrigo norte, “que provoca un efecto sombra sobre las playas del sur de la ciudad”; e iniciar la reversión del proyecto de Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto, para “establecer un nexo natural y verde entre Valencia y el Parc Natural de l’Albufera”.
Pau Monasterio realiza esta síntesis de objetivos en el documental Sota el port està el litoral. La lluita contra l’ampliació del port de València, de Guillem Porcar y Óscar Romero, estrenado el 27 de diciembre en los cines Babel. En el acto se anunció también la Campaña de aportaciones para apoyar la lucha popular; algunas entrevistas del documental fueron realizadas el 22 de octubre, durante la manifestación en Valencia de rechazo a la ampliación portuaria, en la que participaron miles de vecinos.
Otra acción destacada tuvo lugar el 17 de diciembre en el Edificio del Reloj del Puerto. En la explanada de esta edificación, sede de la APV, la Comissió Ciutat-Port convocó el segundo Consell Ciutadà d’Administració del Port, en la que se preguntaba “¿Qué ciudad queremos?”; esta acción reivindicativa se realizó en paralelo a la reunión del consejo oficial de la APV.
La Comissió Ciutat-Port es una plataforma ciudadana de la que forman parte –o respaldan- más de un centenar de organizaciones y colectivos, entre otros Litoral per al Poble, Acció Ecologista Agró, Joventut pel Clima-Fridays for Future, Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret, Per l’Horta, Ecologistes en Acció, Intersindical Valenciana, CGT y CCOO-Educació.
“La ampliación es una locura sin precedentes; el macroproyecto implica duplicar la capacidad operativa del puerto, con un incremento en la entrada de buques y camiones; ya tenemos un problema de contaminación con las dimensiones actuales”, advierte en el documental el activista de Per l’Horta y la Comissió, Josep Gavaldà (entre enero y noviembre de 2021 los tráficos en el Puerto de Valencia superaron los 77 millones de toneladas, un volumen superior al de 2020 y al de 2019; el de Valencia se sitúa, de este modo, como cuarto puerto de Europa, informa la APV).
Además del impacto ambiental sobre l’Albufera y las playas de El Saler, “las obras de ampliación comprometen una cantidad muy significativa de dinero público”, subraya Gavaldà en el audiovisual (según el Manifiesto de las entidades sociales, “un gasto de más de 4.000 millones de euros para que la infraestructura sea funcional, pues implica crear el Acceso Norte y hacer nuevas ampliaciones de las carreteras V-30; V-31 y V-21”).
Según el portavoz de Per l’Horta, el proyecto de Ampliación Norte del Puerto, la construcción de la terminal nueva de cruceros y el Acceso Norte “están pensándose en un despacho al margen de los ciudadanos, pese a que representan un cambio en el modelo de ciudad”; también relaciona las movilizaciones actuales con las de los años 70 del siglo pasado, que impidieron la construcción de una autovía en el cauce antiguo del río Túria (hoy un parque urbano), y lograron paralizar la urbanización/destrucción del bosque de El Saler.
En el acto de los cines Babel ha intervenido el abogado, activista de Per l’Horta y la Comissió Ciutat-Port, Antonio Montiel. Informó de que la Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por los movimientos sociales contra el Ministerio para la Transición Ecológica, por una resolución ministerial –publicada el 12 de abril en el BOE- que declara a la APV “órgano sustantivo a los efectos de normativa ambiental” en el proyecto de ampliación del Puerto, que la misma autoridad portuaria promueve. La resolución implica que el Ministerio “se desentiende y elude sus responsabilidades respecto a la macroampliación”, critica Montiel.
Además, tras una denuncia de la Comissió Ciutat-Port, el Tribunal de Cuentas está investigando el “rescate” realizado en 2018 por la APV de una antigua concesión al Grupo Boluda (terrenos de la Unión Naval de Valencia), a cambio de una nueva concesión sobre otros terrenos, también portuarios, en los que la compañía podría construir un edificio de oficinas. En la zona de la antigua concesión (astillero de la Unión Naval), se ubicaría la nueva terminal de cruceros del puerto, en la que operaría la naviera Balearia.
Se da la circunstancia de que Vicente Boluda es presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), miembro del consejo de administración de la APV y expresidente del Real Madrid; en julio de 2019 el Grupo Boluda fichó al expresidente del Gobierno, Felipe González, como consejero de una de sus filiales.
Otro punto del argumentario oficial que niegan los activistas es la relación entre grandes infraestructuras y generación de empleo. El pasado 24 de mayo el alcalde de Valencia, Joan Ribó, se reunió en el Ayuntamiento con representantes sindicales de la terminal de contenedores CSP-Puerto de Valencia, que alertaron de los efectos de la ampliación norte. “Estibadores creen que el traslado de MSC a la terminal norte del Puerto destruirá ‘cientos’ de empleos”, tituló ese día el periódico Valencia Plaza.
Uno de los economistas que ha escrito cuestionando la necesidad de la gran infraestructura es Vicent Torres, por ejemplo en eldiairo.es. “El puerto tiene capacidad de crecer un 50% con sus instalaciones actuales (de 5 millones/TEU a 7,5 millones, según los estudios encargados por la misma APV)”, subraya en el artículo Ampliación del puerto: ¿Suma o resta? (octubre 2021).
El Puerto de Valencia cuenta actualmente con tres terminales de contenedores; están controladas por la compañía china COSCO; TIL, filial de la suiza MSC; y la danesa Maersk. Además, la Autoridad Portuaria seleccionó –en septiembre de 2019- la oferta de la empresa TIL para la construcción y explotación -en régimen de concesión administrativa- de la nueva terminal (cuarta) en la ampliación norte del puerto.
En ese contexto, la ampliación portuaria “no significa necesariamente un aumento del movimiento de contenedores, sino simplemente el traslado desde una terminal a otra, hecha a medida de los intereses de una empresa”, en este caso la multinacional MSC, explica el doctor en Economía y Experto en Transporte.
El profesor de Urbanismo en la Universitat Politècnica de València, Joan Olmos, también se ha significado contra la expansión desmesurada del Puerto. En un artículo publicado en la revista Mètode (El port de València porta cua, 3 mayo 2021), detalla las consecuencias negativas del proyecto de ampliación, a partir de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) emitida por el Ministerio de Medio Ambiente en julio de 2007.
“En las últimas décadas estas playas (las del sur de Valencia) han venido sufriendo un retroceso producido por la interrupción del transporte litoral, debido al crecimiento del Puerto y al descenso de aportes sólidos del río Túria”, expone la DIA y recoge el texto de Joan Olmos.
A continuación, la declaración ambiental identifica las figuras de protección en el ecosistema de l’Albufera, también amenazado; además de Parque Natural desde 1986, está incluido en la Red Natura 2000, catalogado Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) e incluido en el listado del Convenio Internacional de Ramsar. Se trata, por tanto, “de un medio altamente vulnerable a las operaciones gigantescas de dragados y rellenos necesarias para construir los muelles y diques del proyecto”, afirma el doctor ingeniero de caminos en la revista de la Universitat de València.
A estos efectos negativos del proyecto de ampliación se suman los que afectan a la salud de las personas, la economía local y “muchos otros perfectamente medibles que se obviaron en la DIA de 2007”, sostiene Joan Olmos. Por ejemplo los costos sanitarios, la degradación urbana, la depreciación de las viviendas o la pérdida de biodiversidad. Más aún, “teniendo en cuenta el nuevo marco legal derivado de la lucha contra el cambio climático”, concluye el docente y activista.
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