El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) informó el 17 de febrero favorablemente a la prórroga de la actividad de la central nuclear de Cofrentes, en la provincia de Valencia. La empresa propietaria de la central, Iberdrola Generación Nuclear, presentó la solicitud de renovación por nueve años y medio, hasta noviembre de 2030.
El CSN, organismo regulador de las instalaciones nucleares y radiactivas en el estado español, ha remitido el informe al Ministerio de Transición Ecológica para que decida sobre la autorización (la licencia actual de Iberdrola caduca el próximo 20 de marzo). Además el dictamen del Consejo establece nueve límites y condiciones, muchos de ellos en materia de seguridad, “especialmente importante porque la central cumplirá 40 años de operación en 2024”.
Ubicada a dos kilómetros del municipio de Cofrentes (1.100 habitantes) y en el margen derecho del río Xúquer, la planta produjo 9.247 millones de kilovatios hora (kWh) en 2020, lo que supone el 3,7% de la producción eléctrica del estado español, según datos de Iberdrola, también copropietaria de otras cinco centrales: Almaraz (I y II), Ascó (II), Vandellós (II) y Trillo. La central de Cofrentes entró en funcionamiento en 1984 y obtuvo la última prórroga de explotación en marzo de 2011, en las mismas fechas que se produjo el accidente nuclear de Fukushima. La nuclear valenciana utiliza la tecnología de reactor de agua en ebullición BWR/6 y recinto de contención del tipo Mark 3, diseñado por la compañía estadounidense General Electric.
El gigante energético, que incluye las renovables, obtuvo en 2020 un beneficio neto de 3.611 millones de euros (un 4,2% más que en 2019); el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, tuvo una remuneración de 6,2 millones de euros en 2019; asimismo Iberdrola constituye uno de los ejemplos de las puertas giratorias: en su consejo de administración se sienta el exministro del Partido Popular, Ángel Acebes; y dos de los últimos fichajes de la empresa son las exministras del PP Isabel García Tejerina y Fátima Báñez; otro de los contratados por la multinacional es el general y exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán.
Integrada por Ecologistes en Acció, Acció Ecologista Agró, Greenpeace, Plataforma per un Nou Model Energètic, Xúquer Viu, CGT e Intersindical Valenciana, entre otras organizaciones, la plataforma Tanquem Cofrents desarrolla una campaña que reclama el cierre inmediato” de la “envejecida” y “deteriorada” nuclear. Por ejemplo el 6 de febrero los activistas realizaron una performance ante la sede de Iberdrola en Valencia, con una gran pancarta en la puerta y maletas de despedida. En diciembre de 2019 desplegaron un cartel de enormes dimensiones en un edificio de la avenida del Cid, una de las arterias principales de Valencia, con la consigna “Salvem el clima, tanquem les nuclears”.
A ello se añaden las manifestaciones y marchas, como la que en mayo de 2019 llegó hasta las instalaciones de Cofrentes (el periódico El País ya informaba en junio de 1983 de una marcha ecologista hasta la nuclear para pedir el cierre y desmantelamiento); especialmente concurrida fue la manifestación antinuclear de abril de 2011 en Valencia, con miles de personas y el apoyo de 40 organizaciones. Otra acción simbólica se produjo en noviembre de 2012: activistas de Tanquem Cofrents ocuparon una antigua fábrica de colchones, cerca de la autovía Madrid-Valencia, y mostraron pancartas con el mensaje “Volem dormir tranquils, tanquem Cofrents”.
El movimiento también ha figurado en la diana represiva. Uno de los casos más difundidos se remonta al 15 de febrero de 2011, cuando activistas de Greenpeace accedieron a las instalaciones de Cofrentes para demostrar la falta de seguridad; seis de ellos escalaron a la torre de refrigeración, donde pintaron la consigna “peligro nuclear”; denunciados por Iberdrola, en 2014 se celebró el juicio por la protesta, en el que 16 de los activistas resultaron absueltos de los delitos de desórdenes públicos y lesiones, aunque tuvieron que afrontar sanciones económicas. Tras el recurso interpuesto por la empresa, una segunda sentencia ratificó la absolución por los citados cargos y elevó la cuantía de la multa.
Asimismo dos miembros de Tanquem Cofrents fueron multados –en aplicación de la ley mordaza– después que la multinacional los denunciara tras exhibir en 2017 una pancarta antinuclear en el embalse de Contreras (provincias de Cuenca y Valencia). A este caso se agrega la querella presentada por CGT –y admitida a trámite en septiembre por la Audiencia Nacional- contra Iberdrola y el excomisario Villarejo (vinculado a las cloacas del Estado) por el presunto espionaje y coacciones contra dos trabajadores y delegados de la organización anarcosindicalista en la nuclear de Cofrentes.
¿Qué peligro supone prolongar la actividad de la central? El informe Incidentes de la nuclear de Cofrentes. Falta de rigor del CSN y falta de cultura de seguridad de Iberdrola, publicado en febrero de 2018 por Tanquem Cofrents, Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), aporta algunas claves; entre otros riesgos, se detallan los comunes a las centrales del tipo BWR: “El vapor de agua generado en la vasija que extrae a su vez el calor del núcleo circula fuera de la contención para llegar a las turbinas, pasar por el condensador y volver a la vasija en forma de agua líquida, lo que significa que este vapor y este agua del circuito primario circulan por numerosas dependencias de la central, con el consiguiente aumento de riesgo de escape y contaminación”.
Además de los problemas estructurales, el documento menciona “incidentes”, “anomalías” o “sucesos” como la desigualdad de los caudales de los lazos de refrigeración (octubre de 2017); una fuga en los accionadores de las barras de control, lo que hizo necesario parar la central en enero de 2018; o una vibración anómala en uno de los cojinetes de la turbina, en 2018. “¿Qué hubiera ocurrido si hubieran fallado simultáneamente la turbina, la válvula del lazo A y los accionadores de la barra de control”, se pregunta el informe.
Entre 2001 y marzo de 2011 la nuclear de Iberdrola sufrió 25 paradas no programadas y 102 “sucesos” de seguridad notificados por el CSN, según el informe Razones para cerrar la central nuclear de Cofrentes, editado por Greenpeace (marzo 2011); “Cofrentes es una instalación sucia y contaminante, que produce unos residuos radiactivos con los que nadie sabe qué hacer; todas las opciones de gestión de los residuos radiactivos de alta actividad plantean serios problemas”, concluye la investigación.
Tanquem Cofrents también destaca en su campaña que, en más de tres décadas de funcionamiento, la central valenciana ha producido más de 950 toneladas de residuos nucleares de alta actividad; que si la central continúa operativa y produciendo residuos, estos tendrán que “vigilarse” durante 200.000 años; y que cada año la nuclear “malgasta por evaporación o consumo el equivalente a más de 10.000 piscinas olímpicas de agua del río Xúquer, necesaria para beber, regar y mantener el río en buen estado”.
Respecto al combustible nuclear gastado y alta actividad, la piscina de almacenamiento de Cofrentes estaba -a finales de 2019- prácticamente completa, con un nivel de ocupación del 88% (809 toneladas de uranio); en consecuencia, la ampliación durante una década de la explotación de la central depende del Almacén Temporal Individualizado (ATI), explica Cristina Rois, miembro de Ecologistas en Acción y el Comité asesor para información y participación pública del CSN. Iberdrola ha informado que a mediados de 2020 finalizaron las obras del ATI y previsiblemente comience a utilizarlo en el primer semestre de 2021. Autorizado en junio de 2019 por la Dirección General de Política Energética y Minas, el almacén temporal se sitúa junto a las torres de refrigeración y tiene capacidad para 24 contenedores de residuos nucleares.
Además de la lucha ecologista y de los movimientos sociales, la política institucional también se ha posicionado respecto a la nuclear. El grupo parlamentario de Unidas Podemos ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados para que no se renueve la autorización y se clausure la central, al igual que los representantes de Compromís en el Congreso y el Senado.
En el País Valenciano, todas las formaciones de izquierda -Unides Podem, Esquerra Unida, Compromís, el PSPV-PSOE y Esquerra Republicana- pidieron el 9 de febrero en una rueda de prensa, junto a Tanquem Cofrents, el cierre de las instalaciones. Ya en marzo de 2017 las Cortes Valencianas aprobaron una resolución, con los votos favorables del PSPV-PSOE, Compromís, Podemos y el voto en contra del PP, que exigía al Gobierno Central (en manos del PP) el cierre y desmantelamiento de la central y que no se autorizara la construcción del almacén temporal de residuos.