El historiador Pablo Alcántara ha investigado durante cuatro años la trayectoria de la policía política del franquismo a pesar del restringido acceso a los archivos oficiales
El historiador Pablo Alcántara (Avilés, 1992), doctor cum laude por la Universidad Autónoma de Madrid, es el primer investigador académico que defiende una tesis doctoral sobre la Brigada Político Social (BPS) de la policía franquista. El joven historiador, colaborador de elDiario.es y exponente de una nueva hornada de investigadores interesados en los aspectos aún desconocidos de la represión franquista, ha rellenado con su tesis doctoral un llamativo vacío en el estudio de la policía política de la dictadura, que contrasta con otros países europeos que han sufrido regímenes represivos en su historia reciente. «Ha sido muy difícil con las normativas actuales de acceso a los archivos oficiales, no se puede ni siquiera ojear mucha de la documentación del final de la dictadura y la Transición», explica por teléfono Alcántara. Más de cuatro décadas después de la muerte de Franco, aún se desconoce cuántos agentes formaron parte de la BPS. «He sacado más información gracias a investigadores particulares que gracias al Estado», apostilla.
El trabajo, de próxima publicación, analiza la actuación de la Brigada Político Social en Madrid, sede de la Dirección General de Seguridad y epicentro de la represión franquista, y en Asturias, con un fuerte movimiento obrero y, por tanto, objetivo prioritario de la policía de la dictadura. Alcántara ha centrado su trabajo en el periodo comprendido entre 1956, con los pactos entre el general Franco y los Estados Unidos ya en pie, y 1976, en plena estrategia de la tensión del inicio de la Transición, a la que no fueron ajenos conocidos agentes de la BPS. «Hay un cambio de la Brigada Social de la posguerra, cuando tenían fichados a la mayoría de militantes de la oposición clandestina y por tanto era fácil apresarlos, a los años sesenta, cuando nace un nuevo movimiento estudiantil y obrero que no había vivido la Guerra Civil», apunta el historiador.
A pesar de la tremenda represión, la policía política del franquismo «no consigue acabar con las organizaciones antifranquistas, detienen a muchos dirigentes y militantes pero esa oposición a la dictadura se mantiene». El autor de la tesis doctoral, dirigida por los historiadores Álvaro Soto Carmona y Fernando Hernández Sánchez, mantiene que aún hay muchos aspectos inexplorados sobre la BPS, desde su íntima relación con la Gestapo en la posguerra hasta sus tareas en el extranjero (especialmente en Francia) para perseguir a la oposición democrática en el exilio. «Aún falta mucha información sobre los fallos que pudo haber en el atentado contra Carrero Blanco, la vinculación con las tramas de la extrema derecha o la relación de destacados policías de la BPS en la guerra sucia contra ETA durante la Transición», afirma Alcántara.
Tras cuatro años de investigación, el historiador ha sacado a la luz material inédito que ha rescatado de archivos oficiales y de donde ha podido, como la documentación sobre la represión contra la guerrilla en Asturias o las fotografías de obreros asturianos torturados en 1958. Los maltratos y las palizas, herramientas habituales de los hombres de la social, son otro aspecto que recorre la trayectoria de la policía política de Franco, «aunque no hay obviamente documentos oficiales sobre la tortura, eso nunca hay».
Superada la etapa de posguerra bajo la órbita de la Gestapo nazi, destacados responsables de la BPS fueron adiestrados por el espionaje norteamericano, según desveló este diario con ocasión de la desclasificación del expediente oficial del comisario Roberto Conesa. «En esos viajes a Estados Unidos probablemente son formados en técnicas de tortura», asegura Alcántara, quien recuerda que la estructura policial del franquismo estaba «claramente militarizada» y su propia legislación «alentaba a acabar con la oposición al régimen». A pesar de que los jueces han reconocido que las torturas de la BPS fueron delitos de lesa humanidad, no pueden ser investigados porque España no ha ratificado la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad de las Naciones Unidas del 26 de noviembre de 1968.
«En la tesis analizo diferentes perfiles, muchas veces se da la imagen de polis sádicos con una brutalidad desmedida, como Billy el Niño, pero sabían perfectamente lo que hacían y tenían preparación ideológica», declara el investigador, que ha estudiado a personajes singulares como el propagandista nazi Julián Carlavilla (uno de los «teóricos del exterminio» franquista según el historiador Paul Preston) o el obsesivo perseguidor de masones Eduardo Comín Colomer. Ambos, dos auténticos chalados, eran escritores al servicio de la propaganda franquista y comisarios de la Brigada Político Social. «No sólo era gente que pegaba palizas, había toda una justificación ideológica detrás», asegura Alcántara.
Con la muerte de Franco, los antiguos agentes de la BPS fueron reciclados ya en democracia en la lucha antiterrorista. «Mantuvieron a esta gente porque no hubo ruptura con la dictadura y, por tanto, proceso de depuración, como sí se dio en Portugal o en Argentina», señala el historiador, quien critica «la dificultad de acceso a las fuentes». «Es una cuestión política: ningún gobierno se ha atrevido a plantear una apertura de los archivos», añade.
El historiador reconoce que, a pesar de todas las dificultades, «se ha avanzado mucho». «Espero que mi tesis sirva para poner negro sobre blanco los nombres de los represores de la Brigada Político Social, esa es mi pequeña aportación para que haya justicia y reparación para las víctimas de la represión franquista», dice Alcántara.