El Plan de Derechos Humanos presentado el lunes por el Gobierno español en la sede central de la ONU, en Nueva York, ni siquiera cita la palabra «tortura», según ha denunciado la coordinadora estatal que reúne a 42 asociaciones muy diferentes. No podía ser de otra forma, porque el manual del Estado español decreta que […]
El Plan de Derechos Humanos presentado el lunes por el Gobierno español en la sede central de la ONU, en Nueva York, ni siquiera cita la palabra «tortura», según ha denunciado la coordinadora estatal que reúne a 42 asociaciones muy diferentes. No podía ser de otra forma, porque el manual del Estado español decreta que la tortura no existe, y menos aún la tortura a los ciudadanos vascos. Como tampoco existe el informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU que ha instado a suprimir la incomunicación hace apenas dos meses y que sigue sin ser valorado por el Gobierno español y sin aparecer en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores que sí se hizo eco de la visita del relator Martin Scheinin. Así que ni siquiera se entiende muy bien para qué fue ayer la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, hasta Nueva York a presentarle el Plan al mismísimo Ban Ki Moon.
Para eso que no existe ni se puede nombrar no sólo hay un plan, sino también un protocolo que lleva el apellido del juez Baltasar Garzón. Ese protocolo también riza el rizo del absurdo, porque en él hay medidas cuya necesidad no se entiende habida cuenta de que las denuncias de malos tratos son, como dice el Gobierno, la invención de un manual de ETA. Nadie entiende para qué deciden despilfarrar en grabaciones de interrogatorios, qué sentido tienen los médicos nombrados por las familias ni para qué es conveniente telefonear a las familias de los detenidos. Será por eso que, como demuestra el caso de los detenidos la pasada semana, ni consta que haya habido grabación alguna ni se han atendido los informes médicos durante la incomunicación.
Resulta sorprendente que algunos medios hayan concedido tanto eco a estos planes y protocolos destinados a contrarrestar una realidad que no reconocen, como demuestra el silenciamiento de las últimas denuncias, que no han merecido una sola línea en sus páginas ni un solo segundo en sus noticiarios. Demasiado esfuerzo para tapar lo evidente. Demasiadas energías para encubrir una gigantesca hipocresía.