La corrupción es el segundo problema para los españoles, lógicamente detrás del paro, según el barómetro del CIS de junio. Si hacemos caso a Metroscopia la desconfianza ciudadana hacia la gestión política de las investigaciones judiciales de los escándalos que vive el país llega a porcentajes del 90%; no se hacen grandes distingos entre la […]
La corrupción es el segundo problema para los españoles, lógicamente detrás del paro, según el barómetro del CIS de junio. Si hacemos caso a Metroscopia la desconfianza ciudadana hacia la gestión política de las investigaciones judiciales de los escándalos que vive el país llega a porcentajes del 90%; no se hacen grandes distingos entre la actitud de PP y PSOE ante sus casos de corrupción más emblemáticos (Bárcenas y los ERE) y se constata el fuerte desgaste en la intención de voto hacia ambos. Es normal la reacción ciudadana. Por una parte, abruma la suma de escándalos: saqueos de entidades financieras, financiación irregular de los partidos, enriquecimiento espectacular de algunos políticos, pago de comisiones, sobornos y cohechos… Estamos ante una tangentópolis entre una parte de la clase política y empresarial, como la que en Italia se llevó por delante al sistema político surgido tras la II Guerra Mundial. Aquí va a pasar lo mismo.
La tolerancia hacia la corrupción disminuye al mismo tiempo que la población se está empobreciendo brutalmente. Muchas personas no tienen para comer y pagar la hipoteca, y se ven despojadas de sus derechos precisamente por la política que realizan los que se han estado enriqueciendo y llevando sobresueldos. Produce rabia ver la impunidad de la que gozan los altos delincuentes que pasan por ser próceres de la nación, cuando se conocen casos concretos de penas de cárcel para personas como un joven por robar una gallina o una madre por usar en el supermercado una tarjeta de crédito que se encontró, para dar de comer a sus hijos.
España es un país honrado, a pesar de las cifras agregadas de corrupción que hablan de 300 políticos encausados, más empresarios, banqueros, algún miembro de la Casa Real y otras modalidades de sinvergüenzas. La mayoría de la ciudadanía se gana la vida honestamente, paga sus impuestos, hace que este país funcione y contribuye de manera callada a intentar sacar adelante a su familia y al país. Mientras, otros se dedican a destejer nuestro tapiz a diario: los Bárcenas, Correa, Rajoy, Rato, Díaz-Ferrán, Blesa, Urdangarín, Matas, Blanco, Millet, Oriol Pujol… La embriaguez producida por el boom del ladrillo hizo nacer en el seno de determinados partidos y personajes la descabellada idea de la absoluta impunidad de la corrupción. Para estos partidos tendría que ser insoportable tener sobre su conciencia tantos años de infame corrupción, pero no parece que sea así.
Tiene razón la ciudadanía cuando piensa que en este tema, todos son iguales. La respuesta de los grandes partidos estatales y de nacionalistas como CIU (caso Liceo…) es la misma. Niegan los hechos, dicen respetar las decisiones judiciales pero las critican para intentar influir, se colocan en el papel de víctimas (indefensión, causa general, complot…), aplican el ventilador del «y tú más» para diluir la mierda propia. Pero lo más grave es que nadie asume responsabilidades políticas y dimite. Aplican la estrategia de esperar a que pase la tormenta, de esconderse o salir corriendo para evitar las explicaciones mentirosas.
De ser ciertos los papeles de Bárcenas, y hay bastantes evidencias de ello, podríamos estar hablando de graves delitos: recibir sobresueldos vulnerando la Ley de Incompatibilidades que los prohíbe, soborno por las donaciones de empresarios que luego obtuvieron beneficio en las adjudicaciones, blanqueo de capitales y delito fiscal por no declarar ingresos a Hacienda. Rajoy, que nunca ha comparecido por este tema en el Congreso de los Diputados, tiene la obligación de dar la cara. Porque sería un delincuente si ha cobrado sobresueldos y tolerado donaciones con contrapartidas; debe aclarar de inmediato su responsabilidad y si no tiene respuestas muy convincentes, dimitir. Blindarle, como ha hecho el PP, para que no se ponga a tiro de explicaciones hasta dentro de dos meses es, como poco, complicidad y jugar al deterioro del sistema político y de la imagen de España. Además de absurdo: septiembre está muy lejos y en política los tiempos se aceleran.
Los ciudadanos, que no se fían demasiado de la justicia y que ven con todos los recelos el intento del PP de controlarla a través de Gallardón (CGPJ, Tribunal Constitucional…), también intuyen las dificultades que está teniendo para actuar. Falta de medios de la que se quejan los jueces, presiones políticas e institucionales, anulación de pruebas, vencimiento de plazos y prescripciones, filibusterismo de los mejores abogados al servicio de los mayores delincuentes. Sean declarados culpables o inocentes los corruptos, lo repugnante es que existan, porque un chorizo prescrito no deja de ser un chorizo.
Este país necesita regeneración política, porque la existencia de la corrupción degrada a todos, es una gangrena que debilita las convicciones éticas de la ciudadanía y la aleja del compromiso democrático. No se puede partir del fatalismo de que la corrupción es inevitable, aunque tampoco podemos chuparnos el dedo, ya que es algo inherente al sistema capitalista. Fortalecer los mecanismos democráticos y de control aplicando el principio de tolerancia cero; respetando la autonomía del poder judicial; renovando los partidos políticos para que no sean meras agencias de colocación de cargos públicos; personación como acusación popular ante los procedimientos judiciales; una ley de Transparencia más exigente y sin ángulos ciegos. Y, sobre todo, mayor sanción social, política y electoral de la ciudadanía: no se puede votar a los partidos políticos complacientes con el latrocinio de los fondos públicos. Los que quieran cambiar y mejorar este país tienen que coger la bandera de la honradez y la lucha contra la corrupción. No hay izquierda digna de ese nombre si no se basa en la honestidad de sus dirigentes y militantes.
Sirva como recuerdo la historia de los relojes regalados. En 1935, durante la II República, cayó el gobierno de Alejandro Lerroux por el caso de corrupción del straperlo. Dos oscuros hombres de negocio, Strauss y Perl (que no sé por qué me recuerdan Eurovegas), intentaron que se introdujera en España un nuevo tipo de ruleta de juego y para conseguir la licencia sobornaron con dinero y relojes de oro a miembros del Partido Radical, como a Aurelio Lerroux, hijo adoptivo del presidente de Gobierno, que tuvo que dimitir cuando saltó el escándalo. La pregunta a hacernos es: ¿el nivel de tolerancia de la sociedad española es ahora menor que hace 80 años? Hoy hay muchísimos relojes de oro y no pasa nada, nadie dimite, sobra el cinismo y la desvergüenza. Será que necesitamos una república honesta para recuperar la decencia política.
Recorte del periódico ‘La Vanguardia del siglo XX’, de octubre de 1935, en el que se da cuenta del escándalo del ‘straperlo’
Fuente: http://www.cuartopoder.es/laespumaylamarea/muchos-relojes-de-oro-y-poca-decencia-politica/116