Cuando se cumplen 40 años de la muerte física de Franco, en el Estado español hoy gobiernan sus herederos. Éstos, alternándose en el poder con la izquierda domesticada -al PSOE me refiero-, han mantenido intactas las estructuras del régimen franquista durante todos estos años. Como cada 20 de noviembre, gozando de insultante impunidad, los falangistas […]
Cuando se cumplen 40 años de la muerte física de Franco, en el Estado español hoy gobiernan sus herederos. Éstos, alternándose en el poder con la izquierda domesticada -al PSOE me refiero-, han mantenido intactas las estructuras del régimen franquista durante todos estos años.
Como cada 20 de noviembre, gozando de insultante impunidad, los falangistas que aún abundan en todo el Reino de España ensalzarán la figura del sangriento dictador. Dos días después, éstos y muchos (auto)denominados «demócratas de toda la vida», celebrarán el 40 aniversario del juramento de Juan Carlos de Borbón ante las Cortes como rey -hoy ya emérito- del Reino de España.
Obviamente, el juramento del rey en 1975 tiene sus antecedentes. El 22 de julio de 1969, Franco se dirigió a las Cortes para designar a su sucesor con la clara intención de que, según sus propias palabras, todo quedara «atado y bien atado para el futuro» después de su muerte:
«Estimo llegado el momento de proponer como persona llamada en su día a sucederme, a título de Rey, al Príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón, quien, tras haber recibido la adecuada formación para su alta misión y formar parte de los Ejércitos, ha dado pruebas fehacientes de su acendrado patriotismo y de su total identificación con los Principios del Movimiento Nacional y las Leyes Fundamentales del Reino».
Para llegar a tal grado de sumisión, el rey fue educado desde niño bajo un solo principio: obediencia al superior militar -hoy él es rey emérito, tras abdicar a favor de su hijo Felipe VI- y al juramento de fidelidad a las Leyes Fundamentales del Reino. Para eso, Franco lo sometió a la tutela y vigilancia del almirante Luis Carrero Blanco desde la Presidencia del Gobierno.
Un día después, durante la aceptación oficial, Juan Carlos de Borbón fue proclamado Príncipe de España y, tras el debido juramento, expresó a las Cortes:
«Plenamente consciente de la responsabilidad que asumo, acabo de jurar, como sucesor a título de Rey, lealtad a su Excelencia el Jefe del Estado y fidelidad a los principios del Movimiento Nacional y Leyes Fundamentales del Reino. Quiero expresar, en primer lugar, que recibo de su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo Franco la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936, en medio de tantos sacrificios, de tantos sufrimientos, tristes pero necesarios para que nuestra Patria encauzase de nuevo su destino. El haber encontrado el camino auténtico y el marcar la clara dirección de nuestro porvenir son la obra del hombre excepcional que España ha tenido la inmensa fortuna de que haya sido y siga siendo por muchos años el rector de nuestra política […] Mi pulso no temblará para hacer cuanto fuera preciso en defensa de los principios y leyes que acabo de jurar».
A Carrero Blanco ETA lo eliminó físicamente el 20 de diciembre de 1973, haciéndole volar en la madrileña calle de Claudio Coello.
Juan Carlos de Borbón hizo sus «primeros pinitos» como jefe de Estado en julio y agosto de 1974 -aunque la mayor parte de aquellos días los pasara de vacaciones-, como consecuencia de una tromboflebitis en la pierna derecha de Franco que le provocó su ingreso hospitalario. En el transcurso de las 43 jornadas en que el príncipe asumió la jefatura del Estado, el gobierno norteamericano -con Nixon sumido en el escándalo del Watergate a la cabeza- dio el visto bueno al heredero y se firmó el Tratado de Amistad y Cooperación entre España y los Estados Unidos.
Franco murió en la cama el 20 de noviembre de 1975, pero lo hizo matando. El 26 de septiembre del mismo año firmó cinco condenas a muerte y, al día siguiente, los militantes de ETA Ángel Otaegi y Juan Paredes Manot, «Txiki», así como los militantes del FRAP José Humberto Baena Alonso, Ramón García Sanz y José Luis Sánchez Bravo, que habían sido condenados por delitos nunca probados, fueron asesinados.
El 1 de octubre, cuatro días después de los citados fusilamientos, Franco hizo su última aparición pública. El hasta hace poco jefe del Estado, representando el papel que le correspondía, estuvo justo al lado del sanguinario asesino.
El enaltecimiento franquista del rey durante su aceptación oficial, no fue consecuencia de una «borrachera ocasional», sino fruto de la personalidad fascista que hoy todavía posee. Por si había alguna duda, casi tres años después de la desaparición física del dictador, el 18 de julio de 1978, la Casa Real difundió esta esclarecedora nota:
«Hoy se conmemora el aniversario del Alzamiento Nacional, que dio a España la victoria para llevar la paz y el bienestar a todos los españoles. Surgió el Ejército, escuela de virtudes nacionales, y a su cabeza el Generalísimo Franco, forjador de la obra de regeneración».
No transcurrieron cinco meses desde la publicación de la nota cuando la actual Constitución, que el rey nunca juró, fue aprobada. Era el 6 de diciembre y, sin que el pueblo hubiese podido decidir sobre la cuestión, la Carta Magna interpuso la voluntad de Franco apuntalando a la monarquía en detrimento de una República Constitucional.
La Constitución de 1978
Todos los partidos políticos que han pasado por el gobierno español tras la muerte de Franco (UCD, PSOE y PP) han acallado las voces discrepantes, utilizando como arma disuasoria -y represora- a la Constitución de 1978. Y lo han hecho esgrimiéndola como si de una obra maestra se tratara, de la que, por «perfecta», ni una sola coma se debe cambiar, aunque en los tiempos actuales barajan la posibilidad de algún cambio para que todo siga igual.
La Constitución que tanto defienden los principales grupos políticos del Estado español es fruto de una «ruptura pactada» con el franquismo, y no de una «ruptura democrática» con éste, que es lo que se demandaba masivamente en la calle.
La población fue totalmente ninguneada, ya que la redacción del texto fue realizada a sus espaldas. Elaborado de forma casi clandestina, el primer conocimiento que tuvo la ciudadanía acerca del mismo fue a través de una filtración a la revista «Cuadernos para el diálogo», que publicó el borrador y montó una buena bulla.
La autoría de la Carta Magna se le atribuye a Gabriel Cisneros, José Pedro Pérez Llorca y Miguel Herrero por la UCD -franquista-; Gregorio Peces Barba por un PSOE de ideología decadente, que renunció al marxismo -el 8 de abril de 1978- y se dedicó -y se dedica- a ocupar la mejor «posición» posible a base de lo que haga falta para conseguirlo; Manuel Fraga Iribarne por AP -ministro de Información y Turismo con Franco entre 1962 y 1969, y ministro de la Gobernación en 1976; responsable de numerosos asesinatos durante la ostentación de este último cargo-; Miguel Roca por CIU -de derechas-; y Jordi Solé Tura por un PCE que para poder acceder a la legalidad -el 9 de abril de 1977- hubo de claudicar y pasar a enarbolar en sus mítines la bandera de Franco y de los Borbones, reconocer oficialmente la unidad de España, firmar la Ley de la Reforma Política -18 de noviembre de 1976- y los Pactos de la Moncloa -25 de octubre de 1977-, que supuso un notable retroceso en las conquistas obreras conseguidas con mucho esfuerzo y dolor durante tantos años de lucha. Y todas esas inaceptables concesiones fueron realizadas, según Santiago Carrillo, «por el peligro que se cierne sobre la democracia». Casi treinta años ha necesitado el PCE para por fin desvincularse oficialmente de la Constitución de 1978, argumentando el incumplimiento de todos los títulos y artículos de derechos sociales, económicos, ambientales, y el recorte de las libertades políticas.
Estos siete «viriles» individuos fueron, pues, los que oficialmente frustraron la demandada ruptura democrática con el franquismo, y de aquella negación nació -de manera «provisional»- la Constitución que tan orgullosamente exhiben hoy los paladines de la «democracia española». La Carta Magna no es ajena, tampoco, al parlamento surgido tras las elecciones nada democráticas del 15 de junio de 1977.
Por otra parte, conviene recordar que el gobierno no permitió hacer campaña a los partidarios del no y de la abstención. La participación en el referéndum fue sólo del 66,96%, eso a nivel de todo el Estado, donde la mayoría votó «sí». Pero la cifra arrojada por la suma del «no» y la abstención no creo que anduviese muy lejos -este dato lo desconozco, por tenerlo ahora mismo difuso en la memoria, y la información oficial que he consultado lo obvia por completo, ¿de interesada manera?-. En Euskal Herria sólo el 30% de los censados votó a favor, y el otro 70% se decantó por el no y la abstención, que superó el 55%.
Otro dato muy significativo es que, en 1978, la mayoría de edad estaba situada en los veintiún años, lo cual quiere decir que todos los que participaron en el referéndum ahora tienen más de 50 años; motivo más que suficiente para que el texto constitucional hubiese sido ya sometido a más de un posible cambio.
La «modélica» Transición
Como se puede observar, la «democracia española» está viciada en su origen y no puede ser denominada como tal.
La mal llamada Transición estuvo dirigida por la CIA y la socialdemocracia alemana, con el beneplácito de los franquistas. Se trataba de evitar una revolución tras la muerte de Franco, y para ello decidieron construir un partido de «izquierdas» que desbancara a un, por aquel entonces, creciente PCE. En realidad el partido de «izquierdas» no tuvo que ser creado, sino «moldeado», porque para esa tarea fueron tentados ciertos individuos del PSOE, que aceptaron el trabajo encomendado.
Entre los que permanecían en el estado y los que estaban en el exilio, en los sesenta el PSOE era poco más que un puñado de militantes. El 14 de octubre de 1974 se clausuró su XIII Congreso en la ciudad francesa de Suresnes, y de aquel congreso salió dirigiendo el partido Felipe González, «Isidoro», el hombre que se necesitaba para llevar a cabo el plan de resurgir al partido «izquierdista» que asfixiara al PCE; aunque, si bien es cierto y como ya he comentado unas líneas más arriba, la dirección de este último partido tampoco estuvo a la altura de las circunstancias, ya que llegó a aceptar condiciones y propuestas totalmente inaceptables.
El «socialista» Felipe González acudió a Suresnes con la paradójica ayuda del Servicio Central de la Presidencia de Gobierno, que se encargó de facilitarle el pasaporte. A partir de aquel momento, todos los esfuerzos fueron encaminados a desgastar a la izquierda revolucionaria para realzar a la «izquierda» domesticada. Mientras a los «socialistas» la policía franquista no les detenía, los comunistas caían en masa. La dirección del PSOE, con González a la cabeza, siguió los dictados de la CIA al pie de la letra, hasta que por fin llegaron al poder en 1982. Posteriormente, el PSOE tampoco defraudó a sus impulsores. Y ahora, con Pedro Sánchez a la cabeza, tampoco.
Podría decir que la Transición no existió, y así ahorrarme la explicación sobre el carácter «modélico» que le atribuyen. Pero, aunque no me extenderé demasiado, no seré tan simplista y añadiré algunos datos.
Tantos años después de su supuesto inicio, la Transición sigue siendo una asignatura pendiente. Como ya he comentado unas líneas más arriba, Juan Carlos de Borbón, rey asignado por Franco para sucederle, siempre ostentó la jefatura militar y del Estado sin que la población, a quien se dice representó, hubiese podido pronunciarse al respecto en todos estos años. Y el príncipe Felipe dejó de serlo para convertirse en rey y actual jefe del Estado con el único mérito de ser hijo del sucesor de Franco.
La democracia y la monarquía, por incompatibles, chocan frontalmente. De modo que la Transición de una dictadura hacia la democracia nunca podrá ser efectiva con un rey como jefe del Estado por medio, y menos todavía si este es la creación y la impostura de un jefe del Estado creado e impuesto, a su vez, por el propio dictador a espaldas del pueblo. En todo caso, la denominación más correcta sería la de traspaso.
Lo sangrante del caso es que, quienes insisten en que la Transición sí se hubo dado, la presentan además como modélica ¡Qué cinismo! ¿Modélica? ¡Que no nos vengan con cuentos! Entre 1976 y 1980 la policía, la Guardia Civil y la extrema derecha asesinaron impunemente a más de cien personas, y miles de detenidos fueron salvajemente torturados.
Sin ir más lejos, mi hermano Alfredo, militante revolucionario hoy ya fallecido, fue uno de los muchos que sufrió en sus propias carnes la persecución, el secuestro, la detención y la tortura a manos de los aparatos del Estado.
En todo ese período, Adolfo Suarez fue el presidente del Gobierno. Falangista de camisa azul y mano en alto, Suárez recibió de Franco la Orden Imperial del Yugo y las Flechas, y, tiempo después, la Monarquía le hizo aristócrata asignándole el título de duque. También encontró acomodo como presidente de la Fundación de Victimas del Terrorismo; por supuesto que la enorme cantidad de victimas mortales provocadas por ellos bajo sus mandatos nunca tuvieron cabida en su entidad.
En cuanto a la jefatura del Ministerio del Interior se refiere -estrechamente relacionado con la brutal represión desatada durante aquellos años-, ésta fue repartida entre Manuel Fraga Iribarne -1976, ministro de la Gobernación por aquel entonces-, Rodolfo Martín Villa (1976-1979), Antonio Ibáñez Freire (1979-1980) y Juan José Rosón (1980-1982).
Fraga tiene en su haber a varios asesinados -los de la matanza de Gasteiz (Vitoria), los de Montejurra…-. Sin embargo, estos y otros graves incidentes nunca le impidieron presentarse repetidas veces a las elecciones generales, por ejemplo, o presidir durante años la Xunta de Galiza. Sobra decir, por tanto, que nunca respondió por su sangriento pasado.
De la boca de Rodolfo Martín Villa ha salido en repetidas ocasiones: «todo se lo debo a Franco». Este detalle sería suficiente para descalificarlo, pero, aunque brevemente, añadiré algo más. Fue gobernador civil y jefe provincial del Movimiento de Barcelona cuando, en esta ciudad, Txiki fue detenido y fusilado -recordemos que condenado sin la aportación de ninguna prueba. Como dirigente del sindicato vertical -franquista-, uno de sus mayores esfuerzos los dedicó a desactivar al movimiento obrero, y, para llevar a cabo su trabajo, no dudó en utilizar la represión policial alternándola con las acciones de sus «incontrolados» matones. A este siniestro personaje el gobierno de Aznar le designó la presidencia de ENDESA, y él se encargó de privatizarla. Dirigiendo la compañía eléctrica consiguió que, en Chile, los indios mapuches fueran expulsados de sus tierras ancestrales para construir una presa. Ejerció, también, como Comisionado del Gobierno -del PP- en relación con la catástrofe del Prestige. Entre 2004 y 2010 fue presidente de Sogecable, sociedad ligada al Grupo Prisa. Lo curioso del caso es que en 1978, con Martín Villa como ministro del Interior, las dependencias madrileñas del periódico El País -editado por Prisa-, sufrieron un atentado. La explosión del paquete bomba, que fue reivindicada por un comando de la extrema derecha, mató al conserje Andrés Fraguas e hirió de gravedad a otros tres empleados. Rodolfo Martín Villa no movió ni un solo dedo para detener a los autores.
De Antonio Ibáñez Freire me limitaré a decir que era general del ejército. En cuanto a Rosón, otro falangista de camisa azul y mano en alto hoy ya fallecido, comentar que fue igual de siniestro que sus predecesores. Cuando hubo de dejar el cargo -el PSOE ganó sus primeras elecciones en 1982-, recomendó a Felipe González -con éxito- a un antiguo compañero de militancia franquista para ocupar el puesto que él abandonaba: José Barrionuevo, uno de los máximos responsables -fue condenado por terrorismo- de la guerra sucia practicada durante años por el PSOE.
En definitiva que, gracias a la «democracia española», los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil, el franquismo con Franco y el franquismo sin éste -muy vivo aún en nuestros días- no es que no fueron juzgados, sino que muchos de ellos viven todavía con enormes privilegios. La Ley de Memoria Histórica -31 de octubre de 2007- no deja de ser un mal zurcido parche para salir del paso, puesto que tampoco resuelve ni resarce gran cosa. A día de hoy, con el PP en el gobierno, la citada Ley carece de presupuesto, lo que la hace inexistente.
Y estos son algunos de los «robustos» cimientos en que se apoya la citada «democracia española», estructurada y construida sobre un suelo con más de 100.000 muertos generados por la represión franquista que, olvidados por los «demócratas» españoles, aún permanecen enterrados en las cunetas.
Blog del autor: http://baragua.wordpress.com
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