Integrada por colectivos y organizaciones feministas de Cataluña y el País Valenciano, la Plataforma 5N Tarragona ha convocado en esta ciudad una manifestación contra las «violencias machistas» el próximo sábado cinco de noviembre. El acto reivindicativo, que comenzará a las 12,00 horas en la Plaça Imperial Tàrraco, pretende convertirse -tal como enuncia la convocatoria- en […]
Integrada por colectivos y organizaciones feministas de Cataluña y el País Valenciano, la Plataforma 5N Tarragona ha convocado en esta ciudad una manifestación contra las «violencias machistas» el próximo sábado cinco de noviembre. El acto reivindicativo, que comenzará a las 12,00 horas en la Plaça Imperial Tàrraco, pretende convertirse -tal como enuncia la convocatoria- en un «grito» contra las agresiones machistas, la falta de respuesta «contundente» por parte de las administraciones y la criminalización del movimiento feminista. La iniciativa sigue el paso de otras movilizaciones convocadas en los últimos meses. El siete de noviembre de 2015 el Movimiento Feminista organizó en Madrid una «Marcha Estatal contra las Violencias Machistas», en la que participaron -según las organizadoras- medio millón de personas. El pasado 9 de abril el Movimiento Feminista de Euskal Herria convocó, con el apoyo de 250 colectivos y la asistencia de varios miles de personas, una manifestación con el lema «11 eraso, 12 erantzun Feministok Prest! Vuestras violencias tendrán respuesta».
El manifiesto de la Plataforma 5N critica en el primer punto la «pervivencia de un sistema heteropatriarcal y capitalista, origen de todas las desigualdades»; incluye entre las víctimas de las violencias a las mujeres y niñas refugiadas, tanto en los países donde se inicia el conflicto, como en las zonas de tránsito y territorios de acogida. Denuncia además a «todos» los fundamentalismos religiosos, a los que las organizaciones feministas califican como «heteropatriarcales» y «misóginos». Estas violencias machistas no constituyen un fenómeno aislado, sino que se explican en un contexto de militarización de las sociedades, feminización de la pobreza, violencia institucional, imposición de normas estéticas y los racismos, asegura el manifiesto. «Se nos devalúa y cosifica, se ahogan nuestras voces», agrega el documento. La violencia se ejerce contra quienes no se ajustan al modelo de sexualidad dominante: mujeres bisexuales, lesbianas, transexuales, transgéneros e intersexuales. Y se utiliza asimismo, según las convocantes, en la custodia compartida de los hijos menores edad, en los casos de divorcio o separación matrimonial. Además de la voluntad política, las organizaciones feministas critican al sistema judicial ya que «reproduce las estructuras patriarcales, favorece la desprotección de las mujeres y minimiza las violencias sufridas».
Las denuncias por violencia de género en los juzgados españoles aumentaron un 13% entre abril y junio de 2016 respecto al mismo periodo de 2015, según las cifras del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recogidas por la Agencia Efe. Más allá de los datos oficiales, el portal Feminicidio.net impulsado por la asociación Otro Tiempo ha contabilizado en 2016 a 86 mujeres en el «Listado de feminicidios y otros asesinatos (de mujeres) cometidos por hombres en España». En 2015 se registraron 112 casos, de los que 101 corresponden a feminicidios (por razones de género) y otros 11 asesinatos de mujeres a motivos como el robo o la violencia comunitaria; De las 112 víctimas, detalla la Web Feminicidio.net, sólo 60 (el 54%) se incluyen en las estadísticas oficiales. Ello obedece, según el portal, a que la ley contra la violencia de género de 2004 reconoce sólo los asesinatos de mujeres en el ámbito de la pareja o la expareja. Además, en 2015 el 34% de las víctimas fueron mujeres inmigrantes. La misma fuente cifra en más de 700 los «feminicidios» durante la última década en el estado español.
Los casos se suceden casi a diario. Los medios de comunicación se han hecho eco en las últimas fechas de un violador reincidente que secuestró, violó y acuchilló a una mujer en Igualada (Barcelona). Se da la circunstancia de que el agresor se hallaba interno en la prisión de Ponent (Lleida), al ser condenado a 26 años de cárcel por una violación cometida en 2000; cuando perpetró el último ataque, disfrutaba de un permiso penitenciario de tres días. El pasado 31 de octubre ingresó en prisión provisional el presunto asesino de una adolescente de 15 años, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado unos días antes en Chella (Valencia). Ante ese panorama, la Plataforma 5N Tarragona destaca que todas las leyes contra la violencia de género, sea la de ámbito estatal (2004), la de Cataluña aprobada en 2008 o la del País Valenciano (2012), entre otras, «no han sido acompañadas de suficiente dotación presupuestaria». Además, los colectivos feministas exigen que el Estado español desarrolle la Convención de Estambul (2011) sobre prevención y lucha contra la violencia doméstica; y que se cumplan las recomendaciones del CEDAW (Comité para la Eliminación contra la Mujer de Naciones Unidas) al gobierno español en julio de 2015, para que restableciera el Ministerio de Igualdad y aumentara los recursos del Instituto de la Mujer.
Otro punto del manifiesto es la denuncia de los «recortes sistemáticos» en relación con la violencia machista. La Plataforma Impacto de Género Ya, que agrupa a 40 organizaciones feministas, ha señalado que las partidas en materia de igualdad y violencia de género representan sólo el 0.0103% de los presupuestos estatales de 2016. También subrayan un recorte en el 5,22% del programa de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Las cuentas públicas del gobierno de Rajoy destinan 25,2 millones de euros en 2016 para la prevención de la violencia de género, lo que implica un aumento del 6,3% respecto a 2015 y del 5,5% en relación con 2012 (comienzo de la anterior legislatura), pero un descenso de cerca del 11% si se toma como referencia 2009. Entre las propuestas que realizó la Plataforma en agosto de 2015, destacan el incremento de las partidas en el programa de igualdad de oportunidades (de los 19 millones de euros de 2016 a los 31 millones que los presupuestos consignaban en 2011), elevar las partidas que se transfieren a las comunidades autónomas respecto a la violencia doméstica o habilitar una línea presupuestaria para la prevención de la violencia en el ámbito educativo.
Las organizaciones feministas de Cataluña y el País Valenciano han fletado autobuses para asistir a la marcha del cinco de noviembre. Miembro de la Comisión Organizadora de la Plataforma 5N y de la Coordinadora Feminista de Valencia, Cristina Ochando apunta una de las razones que justifican la convocatoria: «Se ha dado la circunstancia de siete mujeres asesinadas en sólo ocho días»; «esta es una de las razones para continuar peleando, ya que la violencia de género no se está considerando una cuestión de estado», añade la activista. Ochando hace hincapié en el contraste entre las declaraciones «rimbombantes», y por otro lado los «grandes recortes» a largo plazo, principalmente en el capítulo de igualdad. «Las leyes, estupendas en la teoría, se convierten en papel mojado porque no se habilitan recursos», lamenta María Luz Pérez, también de la Coordinadora Feminista de Valencia y la organización de la marcha de Tarragona. Menciona la coeducación -«que en los colegios no se ha abordado»- como un ejemplo de los déficits en el sistema; critica también que la formación en materia de igualdad en las aulas quede estrictamente «a la buena voluntad del profesorado»; «tampoco se forma a los docentes», añade. Y se reproducen los estereotipos como los del amor romántico, que parten de una ideología machista, explica Pérez. «Sólo se mejoró algo con la asignatura de Educación para la Ciudadanía», remata Cristina Ochando.
La Plataforma 5N pide a los medios de comunicación que eviten tratar las violencias machistas con un «sensacionalismo morboso», y que utilicen un lenguaje y unas imágenes no sexistas. Otra idea destacada por los colectivos feministas, en el apartado propositivo, es que se haga efectivo el derecho de asilo en los casos de persecución por violencia machista, opción sexual o identidad de género. El manifiesto de la Marcha de Tarragona exige, asimismo, la supresión de barreras para que las mujeres inmigrantes en situación considerada «irregular», accedan a las medidas de protección contra la violencia de género. En relación con estos casos y los que afectan a las mujeres autóctonas, se reivindican «modelos de atención feministas» y, para ello, una formación adecuada del personal. Por último, se exige que las medidas contra la violencia machista no se limiten al ámbito de la pareja, sino que incluya las agresiones en la calle, el acoso laboral y la trata con fines de explotación sexual de menores. «Contra las violencias machistas, autodefensa feminista», concluye el manifiesto consensuado el pasado uno de octubre en Tarragona.
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