Con la puesta en marcha de organismos, leyes y políticas de igualdad de género, se han producido avances históricos para las venezolanas. Pero quedan pendientes conquistas como la despenalización del aborto. «El proceso bolivariano ha dignificado a las venezolanas sin importar el nivel socioeconómico o la raza. Su gran riqueza es la invitación a participar», […]
Con la puesta en marcha de organismos, leyes y políticas de igualdad de género, se han producido avances históricos para las venezolanas. Pero quedan pendientes conquistas como la despenalización del aborto.
«El proceso bolivariano ha dignificado a las venezolanas sin importar el nivel socioeconómico o la raza. Su gran riqueza es la invitación a participar», sostiene Migdaler Adzuera, coordinadora de la Red de Usuarias de Banmujer (Banco de la Mujer). En 1999 el recién creado Instituto de la Mujer (Inamujer) puso en marcha los Puntos de Encuentro de la Mujer, la primera organización popular en constituirse, junto con los Círculos Bolivarianos. Hoy son casi 22.000, conformados por un mínimo de cinco mujeres y con gran implantación. Las mujeres constituyen el 51% de la población venezolana, que suma casi 27 millones de personas; integran en un 70% los consejos comunales, organizaciones de articulación y participación comunitaria centrales en el proyecto bolivariano.
Hay una mujer al frente de cuatro de los cinco poderes del Estado (electoral, judicial, ciudadano y legislativo).
En las elecciones estatales y municipales del pasado noviembre se instituyó por primera vez la paridad con alternabilidad, obligando a los partidos a asignar a cada sexo el 50% de candidaturas a concejalías y representantes indígenas al consejo legislativo estatal, al cabildo del Distrito Metropolitano y del Alto Apure. Aunque la paridad no fue obligatoria en listas a alcaldías y gobernaciones, hubo un 73% de representación femenina.
Perspectiva de género
Hace diez años que Venezuela ensaya una revolución que integre la perspectiva de clase y de género. La Constitución de 1999, redactada con lenguaje no sexista, incorpora el mandato de garantizar la igualdad y de adoptar medidas en favor de los grupos discriminados y vulnerables.
También reconoce, en su artículo 88, «el derecho de las amas de casa a la Seguridad Social». Actualmente la Comisión de Familia, Mujer y Juventud de la Asamblea Nacional (AN), el parlamento venezolano, prepara una ley que prevé dar pensiones equivalentes al salario mínimo (800 bolívares fuertes/300 euros) y ayudas económicas temporales a más de 800.000 mujeres dedicadas al trabajo doméstico y de cuidados. Para ello se destinaría el 2% del presupuesto nacional. En 2005, el presidente Hugo Chávez instó a elaborar presupuestos con perspectiva de género. Aunque el presupuesto de 2009 es el primero en incorporar esta perspectiva.
Según Masaya Llavaneras, colaboradora del Ministerio del Poder Popular para la Planificación y el Desarrollo (MPPD), experta en este ámbito, el MPPD obliga a todos los ministerios a tener proyectos de género y ha puesto en marcha el Sistema Nueva Etapa sobre eficacia de políticas públicas, que «desagrega por sexo la información sobre sus beneficiarios, así como sobre el personal de la Administración» que las aplica.
Pero este proceso tiene luces y sombras. Llavaneras se pregunta si los fondos que el Estado destina a los consejos comunales «van [realmente] a las necesidades de las mujeres».
El Ministerio de Asuntos de la Mujer, creado en 2007 para coordinar las políticas y organismos de igualdad, no tiene cartera. La Subcomisión de Asuntos de la Mujer de la AN, que proyecta una Ley de Igualdad y Equidad de Género que abarcará un amplio abanico de derechos (desde económicos, políticos, sociales y reproductivos, a la representación digna en medios de comunicación y para mujeres privadas de libertad) no tiene carácter permanente. Demandas esenciales del feminismo como el derecho al control del propio cuerpo no lideran la agenda política: en 2004 el Movimiento Amplio de Mujeres propuso a la AN despenalizar el aborto, que sólo es legal cuando peligra la vida de la mujer. No prosperó. Tampoco prosperó su demanda de despenalizar el adulterio femenino, castigado hasta con cárcel y más penado que el masculino (que sólo se sanciona si es público y notorio). La médica y feminista Asia Villegas defendió la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo ante la Comisión de Mujer, porque «ello disminuiría la mortalidad materna, que ronda las 60 muertes por 100.000 nacidos vivos y cuya segunda causa es el aborto séptico [infecciones causadas por aborto inseguro]». Tiene claro que éste es «un tema de justicia social transversalizado por clase: con dinero se resuelve. Una pobre de barrio tiene que recurrir a métodos invasivos e inseguros». Por eso critica «la doble moral del gremio: los médicos del sector público rechazan los abortos, pero todo el mundo sabe que los hacen ellos trabajando en el privado a media jornada, con tecnología de última generación. La discriminación es para las pobres que no pueden ir a la sanidad privada».