La negociación para la renovación del concierto de Muface sigue estancada. Las propuestas esgrimidas por las diferentes partes no parecen encontrar un punto de encuentro. Adeslas, Asisa y DKV, las tres aseguradoras que prestan la asistencia sanitaria a los funcionarios dentro del concierto piden un incremento del 40%, mientras la propia Muface lo rebajaba al 24%, diez puntos más que la oferta hecha por el Gobierno para una subida de la prima del 14%.
La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) es el organismo público encargado de prestar asistencia sanitaria a este colectivo, un total de 1,5 millones de personas entre titulares y familiares, que está regulado por una ley que data de 1975, pero cuya posible integración en el sistema sanitario público ya estaba prevista en la Ley General de Sanidad (1986) sin que haya habido avances al respecto.
Así lo ha puesto de relieve la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) en alusión a las mutualidades de funcionarios -además de Muface, la Mutualidad General Judicial (Mugeju) y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas)-, que califica como “un elemento distorsionador en el sistema sanitario público” en términos de desigualdad y discriminación respecto al resto de la población.
Es el momento de avanzar hacia la integración de las mutuas en el sistema
Las mutualidades son “una fuente de derivación de fondos públicos hacia el aseguramiento privado”, afirma la FADSP en un comunicado donde defiende que el aumento de la financiación de las mismas “no puede ser en ningún caso superior al del sistema sanitario público”, al tiempo que debe garantizar que todas las nuevas incorporaciones a la función pública “reciban atención sanitaria en las mismas condiciones que el resto de la población”.
Para la FADSP la petición de incremento que hacen las aseguradoras (24%) “no está justificada y es claramente excesiva”. Pero incluso la propuesta de la administración (un aumento al 14%) “nos parece injustificada y demasiado elevada, favoreciendo de manera desproporcionada a los negocios de las empresas privadas, ya que en 2024 el aumento de la financiación de la atención sanitaria pública fue del 4,99%”, añade.
Recuerda asimismo que en el European Journal of Health Economics 2024 se ha señalado que existe una selección de riesgo del sector de seguros privados que deriva la atención sanitaria de los enfermos más graves, y por lo tanto más costosos hacia el sistema público, por lo que cree que “ha llegado el momento de avanzar, seriamente, hacia la integración de las mutualidades en la sanidad pública.
CCOO denuncia los incumplimientos de las aseguradoras
Por su parte, desde CCOO se ha exigido la “inmediata” renovación de los conciertos con una financiación que garantice los servicios y “no para que las aseguradoras se lucren”.
El sindicato acusa a las tres mutuas que los servicios que ofrecen a través de las compañías asistenciales con las que tienen suscrito concierto “no cumplen con los parámetros de calidad establecidos”, como tampoco lo hacen con las prestaciones que están obligadas a ofertar conforme a lo recogido en la Cartera Nacional de Servicios y los conciertos sanitarios.
En este sentido, destaca los recortes en los cuadros médicos, la escasez de centros asistenciales, la eliminación de clínicas y especialidades médicas (como las de oncología y radioterapia), el cobro de algunas pruebas médicas a los mutualistas, el retraso en el abono de la prestación por incapacidad temporal cuando el personal funcionario entra en situación de baja, el gasto que se produce por el copago para paliar la diferencia en el gasto farmacéutico al llegar a la edad de jubilación entre los mutualistas y las personas adscritas al Régimen General de la Seguridad Social y el recorte de las ayudas sociales en estos últimos años, “por lo que es urgente una revisión y actualización”, subraya.