El 15 de Diciembre de 1993, el Primer Ministros inglés, John Major y el Jefe de Gobierno irlandes, Albert Reynolds, firmaban una declaración, en el domicilio del Premier británico, en Downing Street, por la que ambos reconocían que en Irlanda del Norte existía un conflicto político y que los irlandeses del Norte tenían derecho a […]
El 15 de Diciembre de 1993, el Primer Ministros inglés, John Major y el Jefe de Gobierno irlandes, Albert Reynolds, firmaban una declaración, en el domicilio del Premier británico, en Downing Street, por la que ambos reconocían que en Irlanda del Norte existía un conflicto político y que los irlandeses del Norte tenían derecho a la autodeterminación. La Declaración pasó a la historia como la de Downing Street.
La decisión de ambos políticos no ponía condiciones previas ni pedía nada a cambio, a pesar de que el conflicto armado estaba activo. Pero trajo como consecuencia que el IRA decretase el alto el fuego, al año siguiente, y que se iniciase un proceso de negociación, que desembocaría en los Acuerdos de Stormont, cuatro años después. Y cesase la lucha armada.
Es interesante recordar siempre la historia. Y, sobre todo, los detalles. Que John Major era conservador, delfín y sucesor de la ultraconservadora, conocida como «Dama de Hierro», Margaret Thatcher, castigo de sindicatos y movimientos sociales de Gran Bretaña.
John Major demostró, posiblemente, no tener visión política partidista (perdió las siguientes elecciones, quizá no por esa decisión, pero sí a pesar de ella), pero pasará a la historia de Gran Bretaña y de Europa como quien, teniendo una visión de largo alcance, puso la primera y principal piedra en la construcción de una solución dialogada al conflicto que arrastraba, desde hacía siglos, el estado británico en su relación con Irlanda, conflicto que había alcanzado altos grados de violencia en las últimas décadas y que había costado centenares de víctimas.
Nada sabemos sobre si el IRA consideró, en su momento, la Declaración de Downing Street, como bastante, suficiente o insuficiente. Lo cierto es que, meses después, declaró el alto el fuego y se mostró dispuesto a entablar una negociación.
Hay quienes machaconamente repiten, en España, que el caso de Irlanda del Norte nada tiene que ver con el de Euskadi. Y tienen razón. Las posturas de los gobernantes y los políticos, aquí, son diametralmente opuestas a las de los gobernantes británicos e irlandeses.
Aquí, las treguas las declara ETA. Y todas las treguas declaradas lo han sido, que sepamos, por iniciativa propia. Tampoco consta que hayan exigido condiciones previas. Y la respuesta de los gobiernos y de la oposición siempre ha sido la misma: decir no, desconfiar de la tregua, calificarla de trampa y, en los últimos tiempos, como insuficiente. Consideran que los móviles de ETA, al declarar las treguas, no son sinceros, sólo tienen como finalidad el rearme, la reorganización, el fortalecimiento en momentos de debilidad. Ponen condiciones máximas: la entrega de las armas y la autodisolución. Cuando ha habido negociación, el fracaso siempre se le ha achacado a ETA, y se ha utilizado el monopolio de los medios de comunicación para ocultar la versión de la otra parte sobre lo ocurrido. Sin embargo, a cualquiera que haya seguido toda esta historia no se le escapará que ETA, tristemente, en muchos sentidos, siempre ha cumplido lo que ha dicho. Así lo vienen reconociendo los sucesivos gobiernos.
En los últimos tiempos, han sido varios los comunicados de ETA. Y lo único que suena machaconamente, ante cada uno de ellos, es que, lo que dicen, es insuficiente.
Insuficiente es un término relativo. Lo que, desde un punto de vista puede ser insuficiente, desde el contrario puede ser suficiente, bastante y hasta demasiado. Si la valoración depende exclusivamente del punto de vista de cada uno, por separado, de los sujetos enfrentados, la posibilidad de llegar a un acuerdo es nula. ¡Claro que todos queremos más! Pero la única posibilidad de valorar la suficiencia o insuficiencia de los movimientos del contrario para conseguir un acercamiento estará en la valoración del camino que cada parte ha recorrido o dice estar dispuesta a recorrer. Hay quien dice que es necesario que cada parte sea capaz de situarse, mentalmente, en la posición de la otra, para valorar lo que cada proposición significa. Hay también quien considera necesario que ambas partes estén, previamente, de acuerdo en unos mínimos (o máximos) fundamentales. El primer acuerdo mínimo es coincidir en que hay un problema que solucionar. El segundo, en este caso, sería reconocer que existe un problema político y no sólo de violencia. El tercero, que son los ciudadanos afectados quienes deben tener la última palabra. A partir de ahí, todo sería negociable.
Lo cierto es que nada de esto se da en torno al conflicto entre los vascos independentistas y los estados español y francés.
De lo que de esta parte de los Pirineos conocemos y estamos viviendo y podemos hablar, la distancia se muestra insalvable, machaconamente insalvable y, en los últimos tiempos, sobre todo, por parte del estado español.
Las posiciones de ETA, al menos aparentemente, cambian, las del estado español, sin embargo, son siempre las mismas: Ley de Partidos, ilegalizaciones, anulación de candidaturas, prohibición de manifestaciones, reuniones, publicaciones, se persiguen las gestiones internacionales, se exige la condena pública. Enroque en la propia posición y represión del contrario, como respuesta.
Nadie se pregunta si no es cínico y contradictorio que se exija a la izquierda abertzale que condene a ETA cuando, previamente, se ha empleado todo un derroche de medios para entablar un proceso de detenciones, tortuas, encausamientos, sentencias y prisión para demostrar que la izquierda abertzale es ETA. ¿En qué quedamos? ¿La izquierda abertzale es ETA o no lo es? ¿Si es ETA, cómo va a condenar a ETA?
¿Qué es políticamente más importante y costoso y, sobre todo, más efectivo, pedir a ETA que cese en su acción armada y declare un alto el fuego permanente y verificable, como está haciendo la izquierda abertzale, o hacer una declaración pública de condena y quedarse tan panchos?
No valorar los pasos que se están dando es de una ceguera política sin precedentes, alimentada por la prepotencia que da el poder y que rezuma en todas las declaraciones de Zapatero, Rubalcaba, Rajoy, López, Ares, Basagioti y compañía. No hay mayor ciego que el que no quiere ver.
Sólo las horas que los medios de comunicación, para quienes el tiempo es oro, y el tiempo que el Ministerio del Interior emplean en hablar del tema ETA-Batasuna, y los equilibrios que están haciendo los jueces para dictar sentencias al borde de la legalidad demostrarían suficientemente que estamos hablando de un conflicto político de gran calado, que va mucho más allá de lo que sería un tema de cuatro delincuentes descerebrados. Por la otra parte, la última marcha de Bilbao es un paso más, un ejemplo de tantos otros como se están produciendo y que confirman la afirmación de que detrás hay todo un planteamiento político con importante eco entre la sociedad vasca. La ocultación de la misma que han hecho los medios de comunicación generalistas también demuestra que detrás de la información «hay mucha política».
Entre reconocer el derecho de autodeterminación y respetar los derechos de manifestación, asociación reunión y opinión hay poca distancia, si se les busca en las declaraciones internaciones sobre derechos humanos. En la práctica de los estados, sin embargo, esa distancia parece, en ocasiones, insalvable. De Londres a Madrid hay, en línea recta, 1.264 kilómetros. De Downing Street a la Moncloa, la distancia es de años luz (un año luz son 9.460.000.000.000 kilómetros, ¡casi un billón!).
La pregunta es: ¿cuánto sufrimiento está costando y va todavía a costar tanta distancia entre posiciones? Desde diciembre de 1993, son 112 los muertos por ETA más los muertos de la propia organización. El simple reconocimiento de que hay un conflicto político sería ya un paso de gigante.
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