Cualquier gobierno que se precie, y cualquier partido político que lo sustente saben que su objetivo principal es el mantenerse en el poder o, en su defecto, gastar el mínimo de fuerzas posibles a fin de procurar una pronta recuperación con vista a los próximos comicios. Así parece desprenderse de la práctica habitual en las […]
Cualquier gobierno que se precie, y cualquier partido político que lo sustente saben que su objetivo principal es el mantenerse en el poder o, en su defecto, gastar el mínimo de fuerzas posibles a fin de procurar una pronta recuperación con vista a los próximos comicios. Así parece desprenderse de la práctica habitual en las «democracias» burguesas occidentales, y, en el caso español, es un tópico desde la pifiada de Unión de Centro Democrático (UCD) que, de estar en el Gobierno, pasó a la semi-clandestinidad en pocos años o, a poco que siga así, el Gobierno «del cambio» del «divino» López, que parece seguir los mismos derroteros. Ambos, gobiernos con nula base social, con verdaderas ansias de cambio por parte de la población, y con oposiciones férreas (el ejército, en el primero, y el frente innombrado españolista en el segundo) a recoger las verdaderas aspiraciones populares.
Por otro lado, ningún Gobierno quiere alargar su agonía más allá de lo estrictamente necesario. En las «democracias» occidentales (al término «democracia» curiosamente siempre se le añade un adjetivo: democracia orgánica, burguesa, proletaria… de manera que todos somos demócratas de toda la vida aunque defendamos leyes de excepción, leyes de partidos, cierres de periódicos, prohibiciones de asociación o de reunión, o de manifestación, aunque se dicten leyes ad hoc como la Ley Garaikoetxea, etc.) la alternancia en las cotas de poder es algo asumido como habitual y, de lo que se trata, como en los imperios europeos, no es el vencer por aplastante mayoría al contrincante (de ahí los cambios en las coaliciones de las grandes potencias a fin de malograr la creación de un solo imperio europeo bajo la bandera de la sola nación en los siglos precedentes), de lo que verdaderamente se trata es conseguir que las cuotas de simpatía del electorado propio no descienda a un punto tal que deje de ser influyente en la política nacional (o estatal, si se prefiere), o de lograr el número suficiente de representantes legislativos para guardar las formas del Estado de Derecho (democracia) que dé cobertura a dictámenes unilaterales (mayorías absolutas).
Actualmente nos encontramos, en el Estado Español, con situaciones realmente paradójicas.
En primer lugar, el PSOE de Rodríguez Zapatero es el más débil entre los creados desde el periodo de la Transición, lo que le obliga -como indicaba algún tertuliano de Onda Vasca- a mostrarse como uno de los más fuertes, para lo que sigue los dictados de su principal oponente: el PP. El PSOE no puede jugar a alargar su propia agonía, so caer en la desgracia de la UCD de Suárez, llegando incluso a desaparecer del mapa electoral, por lo que debe jugar bien sus cartas para mantenerse el tiempo justo en el poder como para restablecer la firmeza de sus filas y recuperar su electorado.
Dos son las cuestiones que parecen primar en la actual situación política estatal: la economía, y la lucha armada de ETA. Y ambas pueden ser rentables para el partido gobernante (el PSOE) si sabe sacarles rédito.
En el caso de la cuestión económica, la batalla principal se centra en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Y el PSOE de Zapatero ha obtenido, a día de hoy, un excelente aval con los votos del PNV y de CC; así se garantiza la estabilidad económica hasta 2012, con la previsión de que las aguas vuelvan a sus cauces, se supere la crisis y deje de ser el problema fundamental de los ciudadanos del Estado. Si todo sale según lo previsto, el PSOE podrá volver a disputar el primer puesto electoral en menos tiempo del que se menta en las encuestas. Si no, aún queda la segunda opción: el plan B.
En el caso de que la economía no mejore en los dos años que le restan de legislatura, el PSOE aún puede tener posibilidades si desarrolla el plan de pacificación, donde, aunque no lo diga explícitamente, también está poniendo piedras a su favor. El hecho de que Arnaldo Otegi aparezca en la entrevista hecha por El País no puede considerarse baladí, y el que el PP vuelva a preguntar sobre nuevas negociaciones entre ETA o la Izquierda Abertzale ilegalizada (IA) con el Gobierno no hace más que corroborar los temores y sospechas acerca de que los mismos se están realizando en la actualidad, a pesar de los desmentidos gubernamentales.
El Gobierno de Zapatero se está cubriendo las espaldas en el terreno económico y en el de la lucha contra ETA. Si el electorado logra asimilar como victoria cualquiera de los dos, tenemos PSOE para rato. La apuesta no es fácil, y el Gobierno lo sabe, por lo que se ve obligado a ceder cotas de poder a favor del autogobierno vasco (algo que tendría que haber hecho hace ya 30 años).
Por su parte, el principal partido de la oposición en España (el PP), es lógico que se enfrente a ambas decisiones, sobre todo al ser consciente de que se le escapa la posibilidad de acceder a la mayoría absoluta que le vaticina la mayoría de las encuestas. El Partido Popular (PP) ve cómo se le escapa entre los dedos asumir de un modo holgado el Gobierno de España, y lo que es peor, que con el paso del tiempo puede perder también el tren para las próximas legislativas.
Pero toda negociación, y en éste caso el PSOE lo que gana es tiempo para vislumbrar una mejora en el terreno económico, o en el de la pacificación, cada parte ha de ceder algo al otro. La cuestión, entonces, se centra en ¿por qué ahora el PSOE es capaz de ceder unas competencias que, sistemáticamente, ha negado al desarrollo íntegro del Estatuto de Gernika? Y la respuesta es bien simple: porque pretende ganar el tiempo necesario para realizar los cambios pertinentes para afianzar su nuevo proyecto que le encumbre al poder en las próximas elecciones.
¿Y qué gana el PNV en la negociación? Evidentemente la otra parte contratante no puede irse de la mesa sin contraprestaciones suculentas, más aún cuando el Gobierno Español se halla tan débil.
Decir que la organización jeltzale (PNV) lucha por los intereses de los vascos y vascas no deja de ser un lema de cara a la galería (como si el PSE, el PP, Aralar, EA, IU, Alternatiba o Batasuna no lo hicieran). Así pues, el PNV debe tener otros intereses que no nos cuenta.
Al PNV le da miedo perder la hegemonía dentro de la CAV, por lo que insiste en ser el referente a la hora de negociar las transferencias. El trato, entonces, se realiza entre el Gobierno de España (en este caso el PSOE) y el PNV, ninguneando a los hermanos menores del PSE. El PNV sale así en la foto como adalid de los intereses vascos reflejados en el Estatuto, y lo ha hecho bien.
Pero el PNV tiene otro problema: las organizaciones situadas a su izquierda (EA, Aralar, Batasuna y Alternatiba) han comenzado un proceso de integración que puede dar al traste con su plan de mantener la vía estatutaria como única viable para defender los intereses de Euskal Herria y de sus gentes. Y eso le molesta, y mucho. Mientras dichas fuerzas no logren unirse y presentar un frente común alternativo al nacionalismo institucional el problema se diluye, pero en cuanto lleguen a unos mínimos comunes, la hegemonía de la vía autonomista saben que se tambaleará, de ahí la necesidad de pactar las nuevas competencias para hacerse ver como defensores únicos del estatus vascongado.
Esta situación nos lleva a una nueva: el PNV parece (y así lo denuncian EA y Aralar, al menos) optar por el autonomismo frente al soberanismo (independencia política, económica y social de Euskal Herria) de su otra alma mater. Si, por un lado, el PNV logra encauzar a sus bases hacia el autonomismo (y posible pacto con el PSE, aunque no por el momento), la vía soberanista no lograría la mayoría suficiente en los Parlamentos Vasco y Navarro; si, por el contrario, ve que el bloque españolista (PP-PSE) le cierran las puertas y el situado a su izquierda (EA, Aralar, Batasuna y Alternatiba) logran unir sus fuerzas, deberá considerarlo a fin de mantener las Diputaciones e incluso recuperar el Gobierno Vasco.
En cuanto a las organizaciones situadas en el entorno nacionalista (abertzale) a la izquierda del PNV (EA, Aralar, Batasuna y Alternatiba) sólo les queda buscar los puntos mínimos en común para hacer un Frente Popular de izquierdas opuesto al españolismo (PSE-PP-UPyD), y al autonomismo (PNV-Hamaika bat) a fin de postularse como referente de gobierno más allá de las diferencias programáticas, ideológicas o estratégicas. Bien es verdad que para establecer dicho conglomerado ETA debe desaparecer (de un modo u otro).
Pero ETA tiene un problema. Los 70 militantes que afirma tener la organización según fuentes gubernamentales, o los 1.500 que aseguraban otras fuentes que citaban a la policía francesa, deben decidir en la clandestinidad los pasos a dar, y estos no pueden ser fáciles para una organización que lleva más de 50 años en activo.
En primer lugar se trata de la situación en la que quedan más de 700 presos y exiliados; en segundo lugar (y el orden no es lo que importa), los torturados, las víctimas dentro de la propia organización, y otros colectivos; en tercer lugar, el cómo «vender» dentro de las propias bases una «rendición» encubierta; en cuarto lugar…
Cuando las tropas vascas se «rindieron» a los italianos en Santoña, dos días antes se arrió la bandera española y se reafirmó la independencia de Euskal Herria (o Euzkadi), con lo que la dignidad de los vencidos quedaba garantizada. Cuando el general Lee se «rindió» ante las fuerzas de La Unión se hizo algo parecido… ETA, por lo tanto, posiblemente quiera demostrar que no se «rinde», sino que «obedece» los dictámenes de la Izquierda Abertzale ilegalizada (IA). ¿Cómo?
Del Gobierno Vasco del «divino» López casi es mejor no hablar. Su consigna parece ser la de que «vamos a dejar que todo fluya, pues los problemas no se resuelven, se disuelven».
Y del PP ¿Qué decir? Su postura se acerca más a la necesidad de no resolver un conflicto, ya que los problemas periféricos esconden los de la capital: ETA justifica todo.
Pablo A. Martín Bosch es Dr. Filosofía (UPV), Ldo. Filosofía (UD), Ldo. Antropología Social y Cultural (UD)
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