«El constitucionalismo social del 78 no debe volver porque, según ellos, no lo podemos pagar»
“España lleva siglos vigilada por las grandes potencias”
Alfonso Ortí
La acción/reacción funciona en política. Hubo una acción: el golpe de los poderes económicos-empresariales con el objetivo de modificar el modelo social y constitucional, usando la crisis económica como instrumento, bajo el impulso y complicidad de las instituciones de la Unión Europea. Hubo una reacción: el 15M, una rebelión ciudadana que denunciaba al capitalismo financiero depredador, a unas élites políticas sometidas a sus directrices y a unas instituciones cada vez más alejadas de la ciudadanía, de sus necesidades y demandas. En su centro: la casta, la trama; un bloque de poder que unificaba y organizaba a grandes empresarios, medios de comunicación, sectores significativos de los aparatos del Estado y una parte sustancial de la clase política.
Los que mandan y no se presentan a las elecciones sintieron miedo por primera vez en años. Se abría una “crisis del Régimen” en momentos delicados y, lo que más les preocupaba, emergía una fuerza política, Podemos, que denunciaba a las élites dominantes, criticaban la corrupción reinante en el Estado y proponía la reforma constitucional, activando el poder constituyente originario del pueblo, con el objetivo de regenerar la vida pública, democratizar la economía y garantizar los derechos sociales fundamentales. ¿Cuál fue la reacción? Vino un tsunami. Los poderes lanzaron una ofensiva brutal, sostenida en el tiempo y con el empleo de métodos tanto legales como ilegales, incluidas “las cloacas” del Estado y de las empresas. Consiguieron frenar el movimiento, lo dividieron y rápidamente percibieron la debilidad de su equipo dirigente. Las derrotas solo son definitivas cuando las hacen suyas los cuadros básicos de la fuerza ascendente. Tan viejo como el mundo.
Cuando los cambios progresivos se frustran, la situación no vuelve al inicio. La contradicción no era entre los partidarios del régimen del 78 y los que defendían un proceso constituyente democrático. No, ese era un falso debate y una estafa política. El debate verdadero era entre los que habían dado el golpe de Estado que desnaturalizaba la constitución del 78 y los que aspiraban a defender derechos y libertades conquistadas desde la única forma posible: dando voz y protagonismo al soberano, al pueblo español. No, no se vuelve al inicio. Hemos pasado de una “crisis del Régimen” a una “crisis en el Régimen”. Los cambios frustrados pasan factura.
La vida pública está cambiando. La pandemia lo ha movido todo y la fase política gira hacia una situación diferente. Se habla de estrategias de tensión, de crispación pre golpista, de tácticas “a lo Bolsonaro” y de “golpes de Estado” fracasados. Sea exagerado o no, la situación ya es otra a la que existía antes del covid-19. Los datos están ahí. Por un lado, una crisis económica y social extremadamente grave que no ha hecho más que empezar, a la que se le está negando hondura y recorrido. Por otro, unas derechas a la ofensiva, convencidas de que este es su momento y que el tiempo les puede beneficiar si, y solo si, mantienen la tensión. A ello se le une un Gobierno sobrepasado, nunca pensado para una situación como esta, que intenta controlar la pandemia y, sobre todo, paliar los costes sociales de la misma y no repetir la experiencia de Zapatero. Otro de los elementos de la situación actual sería la autonomización de aparatos e instituciones del Estado. Es el dato más relevante. Se hizo evidente con Rajoy (la derechita cobarde) y se movilizó con el discurso del rey (3 de octubre de 2017). Es la crisis existencial del Estado la que nos va situando en una crisis política en y desde el régimen.
Para entender qué significa esta crisis en el Régimen es bueno hacerse la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que un Gobierno tan moderado como el del PSOE-UP suscite tanta oposición? ¿cómo es posible que un Gobierno presidido por Pedro Sánchez sea combatido como si pretendiera iniciar la revolución socialista? Hay que distinguir entre la propaganda y las estrategias políticas solventes. Los poderes económicos, que son hoy el actor político fundamental, tienen las cosas claras y elucubran poco con las ideologías, para eso están Casado, Abascal y sus agentes mediáticos. Lo suyo es más preciso: el constitucionalismo social del 78 no debe volver porque, según ellos, no lo podemos pagar. Por lo tanto, hay que prepararse para transitar al régimen político que nos corresponde como subalternos en la Europa alemana en redefinición y reconstrucción. ¿Qué están dispuesto a pagar los que mandan? No mucho; más bien nada. ¿Qué democracia, están dispuestos a tolerar? La que permita el dominio de la plutocracia y sus aliados.
Los que mandan, la trama, saben que estos gobernantes son socialdemócratas moderados, europeístas partidarios del Plan de Estabilidad y Crecimiento, que consideran el euro como una realidad irreversible y la Unión Europea como el horizonte de la época. ¿Por qué combatirlos entonces? Porque son un obstáculo y pueden convertirse en un problema no tardando mucho. No es personal, es estrategia política. Entienden que vienen épocas de grandes cambios que están redefiniendo el papel de España en la división europea del trabajo. Alemania en crisis y resituándose en un mundo multipolar, que camina hacia un enfrentamiento decisivo entre EEUU y China.
Francia sin norte y los países del sur endeudándose hasta límites suicidas. La trama oligárquica duda de si este Gobierno entenderá que vienen tiempos de ajustes sociales duros y de adelgazamiento del Estado de bienestar. ¿Comprenderán que la “constitución del trabajo” es cosa del pasado y no volverá? ¿Tomarán nota de que nuestra competitividad en las nuevas condiciones tecnológicas dependerá de la libre disponibilidad del uso de la fuerza de trabajo y de salarios adecuados? No se fían. Su objetivo es debilitar a Pedro Sánchez, obligarle a ajustarse a las reglas y a seguir las directrices de la UE. Para ello, la condición previa es expulsar a UP del gobierno.
La duda surge de inmediato: ¿cómo es posible que pueda haber un enfrentamiento con una UE que ha aprobado un plan de reconstrucción de grandes dimensiones? ¿Un enfrentamiento con una UE, por fin, solidaria y que ha aprendido de la crisis anterior eliminado a los “hombres de negro”? ¿Cómo justificar un enfrentamiento con unas instituciones europeas que, según algunas opiniones, están en el “momento Hamilton”? De nuevo, hay que distinguir las voces de los ecos. Uno tiene que frotarse los ojos y volver a leer. ¿Hablamos del Hamilton padre fundador de los Estados Unidos de América? ¿Del Hamilton centralista, plutocrático y militarista? ¿Del Hamilton creador de una visión moderna del proteccionismo que lanzó a los EE UU a la industrialización?
Seamos serios. Lo que hubiese hecho Hamilton es simple: sumar todas las deudas de los Estados, crear un fondo específico y renegociar condiciones y plazos adecuados; después, emitir masivamente deuda y crear un sistema de impuestos federales. No le hubiese temblado el pulso para hacer lo que han hecho los gobiernos británico, japonés o norteamericano: monetizar la deuda, en el lenguaje de la academia neoliberal. Estamos en el “momento Alemania”, ahora más, mucho más, que antes.
La Unión Europea ha sido siempre una excelente máquina de propaganda, la función básica del Parlamento es esa y el resto de las instituciones ejecuta la partitura sin grandes distorsiones. No es el momento para entrar a fondo en la letra pequeña de una propuesta que todavía no ha sido aprobada y que su desarrollo sigue siendo oscuro. Cuando se trata de dinero hay que ser muy cautos con la UE. Por un lado, su amor a la verdad no es muy alto y, por otro, suele manejar los números con liberalidad. Pensar mal suele ser una buena y eficaz forma de acertar con estas instituciones tan poco dadas a la transparencia y al control democrático.
Me gustaría reflexionar sobre algunas cuestiones que ayuda a entender la situación y que, desgraciadamente, no están recibiendo la atención debida. La primera tiene que ver con el ordenamiento jurídico de la Unión. Suele ser lo habitual que cuando llega una crisis se imponga una forma de Estado de excepción en la UE, es decir, se suspenden normas fundamentales y se gobierna desde los poderes instituidos. En esta ocasión, se decide no tener en cuenta las sacrosantas reglas de Maastricht y se incentiva el endeudamiento de los estados. Además, luego se verá, se hace la vista gorda sobre las normas que regulan el mercado interior y se interpretan los tratados con una laxitud que roza la ilegalidad en cualquiera de sus descarnadas acepciones. Ya vendrá el todo poderoso Tribunal de Justicia para legalizarlo.
Alemania y los países del núcleo han conseguido evitar las dos grandes cuestiones que estaban encima de la mesa: la mutualización de la deuda de los estados -en todo o en parte, vieja o nueva- y, el pecado de los pecados contra el dogma ordoliberal, permitir que los Estados se financien directamente acudiendo al BCE, como hacen todas las grandes potencias. Se trata de una decisión ideológica que nada tiene que ver con la ciencia económica; su objetivo es impedir que la soberanía popular gobierne la economía.
Es cierto que Alemania ha cedido en dos cuestiones delicadas: financiar la Next Generation UE por medio de bonos mancomunados de los estados y que una parte relevante de los mismos sean transferencias y no préstamos. Su cesión ha sido calculada y estricta. Es un fondo excepcional y temporal; la gestión depende de la Comisión en base a políticas comunitarias y su ejecución se realizará en cuatro años, por lo que los gobiernos empezarán a notar las inversiones el segundo semestre del año 2021.
El gobierno del tiempo ha sido magistral por parte de Alemania y los gestores de sus intereses en la UE. La clave era negociar “en frio” lo más cerca posible del control de la pandemia, evitando las demandas dramáticas de los gobiernos y de las poblaciones, y neutralizando aquellas reivindicaciones inasumibles para una Europa neoliberal. Ahora ya se puede negociar en serio y los países del sur llegarán necesitados, muy necesitados. Grandes cifras de paro y precariedad; caída de los ingresos del Estado e incremento sustancial de los gastos; la deuda pública creciendo y los déficits presupuestarios superando los dos dígitos; sectores enteros en crisis y miles de pequeñas y medianas empresas eficientes cerradas por falta de liquidez. El tiempo importa y mucho. No inyectar dinero pronto y rápido ha tenido consecuencias muy graves: se ha destruido tejido productivo, se han agravados los problemas sociales y sanitarios y se deja a los gobiernos en manos de los mercados, de la Comisión y del BCE.
Estamos en el “momento Alemania” y nos despedimos del ciclo Merkel; las dos cosas van unidas. La gran potencia germana está definiendo sus intereses nacionales, rediseñando su modelo productivo, verificando sus relaciones internacionales y su papel en el nuevo (des)orden internacional. Solo cuando tenga claro estos temas cruciales, pensará en la Unión Europea y verá si es compatible o no con sus prioridades y, más allá aún, con el tipo de integración que necesita. El tema es tan importante que las instituciones europeas han decidido no mirar y cegarse ante las violaciones sistemáticas de las reglas del mercado interior, eso tan vidrioso para los países del sur de las “ayudas a las empresas y demás intervenciones prohibidas de los Estados”.
Alemania ha hecho algo muy parecido, o más, a lo realizado por los EEUU o Gran Bretaña pero que, sin embargo, se lo ha impedido a la Unión: el rescate masivo de sus empresas, enormes inyecciones de liquidez y aprovechar la crisis para cambiar su modelo productivo. Más del 50% de todas las ayudas autorizadas por la Comisión son para Alemania, en torno al billón de euros. Este país ha movilizado directa o indirectamente la mitad de su PIB. Alemania sabe negociar: si ha de ceder, lo hace con prudencia y señalando en cada momento sus prioridades nacionales. Dos pasos adelante y un paso atrás.
Se trata de una costumbre nacional. Cada vez que en España se produce un movimiento en favor de una democratización sustancial, la trama oligárquica reacciona brutalmente y abre dos puertas: la del golpe de estado/guerra civil y la de la restauración política. Es un ciclo que viene de lejos, que tiene que ver con nuestro especifico capitalismo y, siempre se olvida, con nuestra colocación en la economía-mundo y en Europa. ¿Qué significa restauración?: aceptar reformas siempre que no cuestionen las relaciones reales de poder, el bloque dominante seguirá mandando y las grandes instituciones continuaran ejerciendo su papel más o menos formalizado. El que todo cambie para que todo siga igual, da una imagen tradicional del asunto, entre un todo y otro: todo no debe ser mucho para que los guardianes del poder no pierdan el control.
La situación no vuelve a su inicio; los cambios que no se hacen pasan factura; los poderes económicos y empresariales están decididos a un cambio de régimen y la Unión Europea lo apoya. La pregunta decisiva: ¿qué papel va a jugar España en la Europa alemana en gestación? ¿Qué posición va a ocupar España en la nueva división del trabajo que está definiendo la UE? Restauración oligárquica y reinserción en una UE en transformación es un único proceso. Las clases dirigentes no tienen proyecto de país; estarán de acuerdo con el papel asignado por los poderes dominantes. Los problemas los tienen otros, los tenemos otros, los que defendemos los derechos sociales, la ampliación del Estado Social, la reindustrialización del país, la democratización de los poderes económicos y el pleno empleo con derechos.
Vuelve un viejo asunto que engarza, unifica la defensa de los intereses nacionales, con la democracia sustancial y los derechos de las nuevas y viejas clases trabajadoras. En este sentido, solo en este sentido, las fuerzas democrático-socialista tienen una oportunidad histórica de construirse y disputar la hegemonía.