El 53% de las personas internadas finalmente son expulsadas. En el 60% de los casos, el tiempo de internamiento supera los 40 días, «incluso cuando desde el inicio se sabe que hay muchos a los que no se les puede expulsar».
Una de las pocas organizaciones que tiene acceso al Centro de Internamiento de Aluche, la ONG jesuita Pueblos Unidos vuelve a denunciar «el trato inhumano, las agresiones, el racismo y la violación de derechos y libertades» que de manera «cotidiana» padecen las personas que acaban encerradas en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche, en Madrid.
A pesar de estar señalado desde hace años en numerosos informes de distintas ONG, de instituciones como el Defensor del Pueblo, de Naciones Unidas e incluso en una auditoría para la Unión Europea elaborada por la Red Migroeurop , como un «agujero negro del estado de derecho» las denuncias se siguen acumulando «sin que la situación apenas haya mejorado».
Marius Thom, camerunés estuvo más de 50 días encerrado en el polémico CIE de Aluche donde vio «peleas de todo tipo y hasta como un compañero argelino desesperado intentó ahorcarse por todo lo que estaba sufriendo. Solo te insultan, te humillan, te dicen de todo como negro de mierda tu vienes a robar a España , te vamos a mandar a tu país. A un chico de Mali que estaba en mi celda lo intentaron deportar 3 veces y como no pudieron, a la tercera llegó de Barajas con el cuello roto y la mano rota «. Thom ha contado su historia en la presentación del informe »Miradas tras las rejas» elaborado por el coordinador de Pueblos Unidos, Daniel Izuzquiza y la responsable de asuntos jurídicos en la entidad, Cristina Manzanedo; fruto de las 1.049 visitas que 16 voluntarios han realizado a 248 internos a lo largo del año, destapando hasta 173 casos de especial vulnerabilidad, como tener hijos menores de edad en España, estar embarazada, haber solicitado asilo o ser una potencial víctima de trata.
Como resultado de este cúmulo de «vulneraciones de los derechos básicos» Pueblos Unidos se ha visto obligado a presentar una media de dos denuncias mensuales por la vía penal por agresiones, torturas, trato inhumano o racismo por parte de la policía hacia los 248 internos que esta organización de jesuitas han atendido en el centro de internamiento de extranjeros de Aluche.
En el informe de esta organización se detalla que el 53 por ciento de los internos acaba siendo expulsado. Que el 80 por ciento son de origen latinoamericano o del África Subsahariana y que el 36 por ciento de los internos han sido detenidos en Madrid.
En este sentido, la organización denuncia un ingreso indiscriminado y una duración excesiva del internamiento. En total, el 60 por ciento de las personas visitadas llevaba más de 40 días en el CIE, pero sólo la mitad fueron expulsados. «La policía solicita y muchos juzgados de instrucción autorizan el internamiento de forma generalizada sin entrar a valorar las circunstancias concretas del caso», explica el informe. Izuzquiza, por su parte, plantea el por qué les internan «si saben que no les van a poder expulsar».
Según el trabajo, el 10 por ciento de estas personas había sufrido alguna «situación anómala» objeto de denuncia, lo que ha motivado que Pueblos Unidos haya interpuesto de media una queja cada quince días este año. En la actualidad, tienen cerca de 15 casos judicializados, diez de ellos por la vía penal relativas tanto a la «gestión colectiva de los castigos» en el CIE como a «lesiones» y «torturas» dentro de sus puertas o durante la deportación en el Aeropuerto de Barajas.
Sobre este asunto, Manzanedo ha explicado que a la hora de embarcar a una persona en un avión hay «una línea gris» para medir la «fuerza proporcional necesaria», pero también «hay líneas negras, como la violencia gratuita, las fracturas de huesos, los hematomas muy fuertes y visibles, los restos de sangre en la ropa» y demás indicadores que revelan «un uso desproporcionado» de la autoridad policial. «Ocurre, y somos testigos de ello, que expulsamos a la gente con más que palabras», ha añadido.
En menor medida han presentado denuncias por agresiones dentro del CIE a cargo de los funcionarios, aunque han documentado casos como el de una persona trasladada a un rincón sin cámaras y forzada mediante malos tratos hasta ceder su huella dactilar. Manzanedo ha apuntado que la mayoría de estas denuncias acaban en sobreseimiento por falta de mecanismos para aclarar si los hechos se produjeron o no. Además, ha indicado que hay «múltiples obstáculos que impiden investigaciones eficaces» sobre las agresiones como la existencia de «puntos ciegos» sin cámaras de seguridad tanto en el CIE como en Barajas, la «imposibilidad de identificar al policía denunciado» porque, en muchos casos, no llevan visible su identificación ni facilitan a demanda el número de placa; y por la «pasividad del Ministerio Fiscal y de algunos juzgados de instrucción en el impulso de estas causas».
El Ministerio del Interior «no ha respondido a ninguna de las peticiones de entrevista ni a las cartas «enviadas por la Organización Asimismo, el informe refiere situaciones «vejatorias» como la falta de retretes. Los internos duermen en módulos con celdas que comparten 8 personas y que no disponen de baño, por lo que deben pedir permiso a la policía para acudir, también por la noche. «Trato vejatorio es tener que orinar por la noche en un bote de plástico, vomitarte encima, orinar encaramándote a un lavabo, porque llamas por el interfono a la policía y no acude», ha añadido Manzanedo.
Pueblos Unidos exige al nuevo Gobierno que ponga fin a estas situaciones, primero, elaborando y aprobando el reglamento de regulación de los CIE que debió estar listo hace ya dos años y, después, procediendo al cierre de los centros, ya que consideran que no se puede «aplicar una política conculcando derechos fundamentales».