A partir del vídeo grabado por un testigo, los diarios titularon de manera rotunda y unánime el pasado 23 de enero. «Brutal paliza de un grupo de radicales de izquierdas a una joven en Murcia» (La Vanguardia); «Salvaje paliza de un grupo de extrema izquierda a una chica de 19 años» (Libertad Digital); El periódico […]
A partir del vídeo grabado por un testigo, los diarios titularon de manera rotunda y unánime el pasado 23 de enero. «Brutal paliza de un grupo de radicales de izquierdas a una joven en Murcia» (La Vanguardia); «Salvaje paliza de un grupo de extrema izquierda a una chica de 19 años» (Libertad Digital); El periódico El Español ofrecía más detalles y daba voz a la protagonista: «‘Me llamaron cerda, puta y nazi’; la agredida en Murcia dice que fue por llevar una bandera de España»; La Razón extendía la noticia a las supuestas complicidades: «El actor Guillermo Toledo justifica la brutal agresión a la joven de Murcia. Uno de los detenidos fue candidato de IU en 2015»; OK Diario también señalaba a «radicales de extrema izquierda» y, al día siguiente, un teletipo de la agencia Europa Press se hacía eco de los apoyos a la joven: «Falange condena la agresión de Murcia y advierte que bandas radicales de extrema izquierda ‘campan a sus anchas'».
Tal vez la información no fuera completa. El 24 de enero los periódicos Kaos en la Red, Insurgente y La Haine informaron de que la víctima de la agresión, conocida como «la intocable», formaría parte de un grupo de ultraderecha conocido por perpetrar «cacerías» en varias zonas de Murcia, sobre todo el centro de la ciudad. La noche que la joven fue golpeada, destacan los tres medios, un grupo de una treintena de neonazis -del que sería integrante «La intocable»- habría cometido alguna agresión en la zona céntrica de Las Tascas. A la banda pertenecerían, según estas informaciones, neonazis de la peña Ultras Murcia y del colectivo «Lo Nuestro», que en un comunicado señaló a la joven como una de sus simpatizantes. La muchacha habría participado con este grupo ultraderechista en la agresión a cuatro jóvenes en el carnaval de la pedanía murciana de Cabezo de Torres (febrero de 2016); así como en la agresión a un joven antifascista en abril de 2015, durante el día grande de las fiestas de la primavera de Murcia. Ante la expansión de estas bandas, 57 colectivos, asociaciones e instituciones de la Región de Murcia rubricaron en 2015 un manifiesto sobre «El auge neonazi en Murcia: pararlo es cosa de todas y todos».
Además La Opinión de Murcia daba cuenta el pasado 17 de marzo de la detención de la joven ultraderechista por su supuesta participación, una semana antes, en una pelea ocurrida en la pedanía murciana de La Churra. Según el rotativo, que se basa en fuentes policiales, «miembros de la extrema derecha la habrían emprendido a golpes contra otra joven y varios miembros de su familia». En relación con los hechos, la policía procedió a la detención de otras tres personas, una de ellas activista del colectivo «Lo Nuestro», conocido -según el periódico- por organizar repartos de comida para personas empobrecidas, pero sólo españolas y siempre que acreditaran su nacionalidad. La policía, informa La Opinión, relaciona a «La Intocable» con «incidentes» perpetrados por grupos nazis.
El Movimiento contra la Intolerancia, que informó en su página Web de la detención de la joven de extrema derecha, presentó el 17 de marzo el Informe Raxen de 2016. La primera edición vio la luz en 1995, a partir de las agresiones y asesinatos ejecutados por bandas neonazis y racistas. El último documento advierte de un crecimiento de los «incidentes» xenófobos -que se calculan entre 4.500 y 6.000- y otras manifestaciones de intolerancia contra inmigrantes, personas de etnia gitana, por motivos religiosos y de orientación sexual. El Movimiento contra la Intolerancia ha recopilado en 2016 cerca de 500 acciones relacionadas con los delitos de odio, racial o xenófobo, que detalla por territorios: 93 en el País Valenciano, 72 en Madrid, 58 en Cataluña, 57 en Andalucía, 31 en Castilla-León, 27 en Aragón y más de una veintena de casos en Baleares, Murcia, Euskadi y Navarra.
Buena parte de las denuncias públicas del Informe Raxen se basan en informaciones periodísticas. Por ejemplo, en abril de 2016 aparecieron en Mérida calcinados y señalados con simbología nazi cerca de 2.000 kilogramos de material de ayuda para las personas refugiadas, como abrigos, botas y productos de higiene aportados por ciudadanos extremeños; fue el tercer ataque en quince días contra el local del «Campamento Dignidad» de Extremadura, movimiento social contra el paro y la exclusión que impulsó una caravana solidaria con los refugiados de Calais y Dunkerke. En marzo de 2016, según recoge el informe, bandas de encapuchados con armas se lanzaron a la «caza» de menores inmigrantes de origen marroquí que viven solos en Melilla. Las acciones contaron con apoyo en la red social Facebook: «Ya es hora de que Melilla despierte, si la ciudad no se hace cargo tendrán que hacerlo los ciudadanos». La asociación Harraga denunció ante la Fiscalía que los encapuchados «acorralaron» y «apedrearon» a los menores, informó eldiario.es. La denuncia adjuntaba un parte de lesiones sobre una fractura en el húmero de una de las víctimas.
«España no lucha contra el racismo de forma efectiva según Naciones Unidas», es el titular de uno de los casos recopilados por el Informe Raxen en mayo de 2016; la ONU hacía referencia a las devoluciones «en caliente» desde Ceuta y Melilla, la realidad de los Centros de Internamientos de Extranjeros (CIE), las muertes en la playa del Tarajal (Ceuta) y los «perfiles» étnicos a los que recurren las fuerzas policiales. Otro de los apartados hace referencia a la «ciber-intolerancia». Así, en febrero la Unión Romaní criticó que la empresa Zazzle ofreciera en su página Web y sin ningún control zamarras con la leyenda «cazadores de gitanos».
Las elecciones legislativas del 15 de marzo en Holanda dieron un resultado peor del esperado al populista de extrema derecha e islamófobo Geert Wilders, líder del Partido de la Libertad. Alcanzó la veintena de diputados. El Movimiento contra la Intolerancia recuerda la sentencia emitida en diciembre de 2016, que no se tradujo en pena alguna, a Wilders. Los jueces le consideraron culpable de incitar a la discriminación -aunque no al odio- por afirmar en 2014 su deseo de que haya «menos marroquíes en los Países Bajos». Además los expertos denuncian que el racismo en Internet se está «normalizando» y «banalizando». Así lo afirmó un informe del proyecto europeo Prism, grupo formado por una decena de instituciones europeas, entre otras la Universitat de Barcelona, señala el Informe Raxen de 2016.
El documento dedica unas páginas a la Islamofobia y la intolerancia religiosa. En noviembre se registraron pintadas en la mezquita de la calle Tenerías de Vitoria, en las que se asimilaba a Alá con el «diablo» y tachaba a quienes profesan la religión musulmana de «asesinos» y «parásitos». Un mes antes apareció en la puerta del mismo templo la cabeza de un cerdo. En mayo se produjeron ataques en la mezquita de Zamora. En abril el periodista Joan Cantarero informó en el diario Público del acto de constitución de la plataforma ultraderechista «Respeto», en Tarragona. En la tribuna de oradores -donde figuraba la leyenda «un futuro para España»- la dirigente de la formación islamófoba Pegida, Tatjiana Festerling, se refirió a una «peligrosa invasión de musulmanes cargada de testosterona». También exhortó a afrontar una supuesta islamización de Europa con «más valor y menos escrúpulos», además de emplear «más agresividad en las manifestaciones».
Las denuncias del Movimiento contra la Intolerancia también hacen referencia a otras religiones. El Juzgado de lo Penal número uno de Pamplona condenó a multa y un año y medio de prisión a un vecino de Ribaforada (Navarra), que difundió en las redes sociales un vídeo con el título «Asesina a todos los judíos». Además los diferentes grupos étnicos del Estado español han sido objeto de desconsideraciones y embestidas, como muestran los ejemplos de antigitanismo y romafobia. Pese a la existencia de cerca de un millón de gitanos españoles (la principal «minoría» del Estado), un 20% de las informaciones publicadas en los medios de comunicación sobre esta comunidad son «negativas». De enorme gravedad fueron los hechos acaecidos en diciembre de 2015 en Estepa (Sevilla), donde más de una veintena de vecinos resultaron procesados por el asalto, robo, destrozo y quema de las casas en las que residían personas de etnia gitana. Los medios informativos dieron cuenta, en ese contexto, de la manifestación en la que participaron entre 300 y 400 vecinos para protestar por los robos que, según su versión, habría llevado a cabo una familia gitana.
«Aumenta el acoso escolar por orientación o identidad sexual en Cataluña», reza un titular de prensa de diciembre de 2016 recogido por el Informe Raxen. Se trataba de la tercera tipología de agresiones más denunciadas ante el Observatori contra l’Homofòbia; la tendencia es al incremento, ya que el año anterior se situaba como quinto motivo de denuncias. En Madrid, el Observatorio contra la Homofobia de la asociación Arcópoli contabilizó 178 ataques contra el colectivo LGTB en entre enero y septiembre de 2016. La policía recibió 21 denuncias y detuvo en consecuencia a 13 personas durante el primer semestre del año.
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