¿Qué ha sucedido para que los tradicionalmente inmovilistas funcionari@s andaluces anden a la gresca con el gobierno de Griñán? El pasado 29 de julio, mientras propios y extraños empacábamos los últimos bártulos para salir a disfrutar de las vacaciones estivales, el gobierno andaluz se descolgaba con un Decreto Ley, el 5/2010, de reestructuración de la […]
¿Qué ha sucedido para que los tradicionalmente inmovilistas funcionari@s andaluces anden a la gresca con el gobierno de Griñán?
El pasado 29 de julio, mientras propios y extraños empacábamos los últimos bártulos para salir a disfrutar de las vacaciones estivales, el gobierno andaluz se descolgaba con un Decreto Ley, el 5/2010, de reestructuración de la Administración de la Junta de Andalucía. La alevosa fecha no era casual, conscientes de la carga de profundidad que entrañaba la medida legislativa tanto para el servicio público como para los y las empleadas públicos. Se trataba de pasar desapercibido. La estrategia no fue mala, casi logra su objetivo, pero la magnitud de la dentellada ha empezado a mostrar sus efectos y l@s funcionari@s han tomado las armas contra sus artífices.
Septiembre y octubre, a la vuelta de las vacaciones, han sido meses inéditos para l@s funcionari@s. Se han sucedido asambleas multitudinarias de trabajadores autoorganizados, cortes de carretera, concentraciones periódicas, manifestaciones, pitadas a altos cargos y líderes sindicales pactistas y hasta encierros en edificios públicos1.
El paroxismo se alcanzó el pasado jueves 27 cuando representantes de las federaciones de servicios públicos de UGT y CCOO mercadearon el futuro del servicio público a cambio de la consolidación parcial de derechos laborales de la mitad de los trabajadores afectados por el decreto ley (los de la administración paralela) y de una segura mayoría en los próximos comicios sindicales en los que éstos se incorporan al censo. En el camino quedan los derechos laborales de los funcionarios y funcionarias y una concepción del servicio público que había sido la bandera del sindicalismo de clase durante décadas. La pitada acompañada de un clamoroso «no nos representan» tenía resonancias al gaucho «que se vayan todos» de la Argentina que se descomponía en 2003 con idénticas políticas neoliberales.
Si bien estas líneas están escritas desde lo local entendemos que no son más que una prueba piloto efectuada en el vecino mas dócil (el andaluz, cautivo del dédalo de redes clientelares tejidas a lo largo de tres décadas de gobierno del PSOE-A) de todas las administraciones locales, autonómicas y estatales del Estado Español quienes bien harían poniendo sus barbas a remojar.
Antecedentes, la administración paralela
Para configurar un escenario cabal de las consecuencias y magnitud de las transformaciones que pretende acometer el gobierno autonómico andaluz debemos antes dibujar, si quiera a trazo grueso, la actual estructura institucional de la Administración Andaluza.
La administración de la Junta de Andalucía cuenta hoy día con trece Consejerías y unos 250.000 empleados públicos, que acometen las funciones y competencias transferidas y consagradas en su Estatuto de Autonomía. En este cuerpo central, la gran mayoría se corresponde con los trabajadores de la administración sanitaria y educativa ( profesor@s , médic@s, enfermer@s…), y sólo aproximadamente 24.777 funcionari@s trabajan en las Consejerías (el equivalente a los Ministerios en la Administración Central).
Al tiempo, desde los años 80 el gobierno andaluz ha construido una Administración «paralela», que hoy ya absorbe un cuarto 2 del presupuesto andaluz y en el que desempeñan sus tareas 25.980 trabajadores y trabajadoras que cuestan cada uno a los andaluces 4.015 euros más al año de media que un funcionario 3 . No son precisamente much@s mileuristas precarizad@s de estas empresas públicas los que justifican este coste superior 4 , sino «elefantes blancos» del partido ahí refugiados.
Estas fundaciones, empresas públicas y agencias, dada su especial sujeción al derecho privado han sido escenario de numerosos desmanes, irregularidades y arbitrariedades, tanto en materia de personal como de contratación pública.
Este escenario lo completa una coyuntura económica de quiebra técnica de la Administración andaluza incapaz de sufragarse 5 en una situación económica en la que la Comunidad ha superado el 28% en la tasa de desempleo 6 , índice que de seguro tocará techos insoportables con el fin de los fondos sociales europeos en 2013 7 . Por otro lado tanto la jurisprudencia española que limita la ejecución de servicios públicos por personal no funcionario 8 como la normativa comunitaria que cuestiona la inversión pública en ámbitos liberalizados, fuerzan una profunda reforma de la administración autonómica.
La solución de Griñan, el DL 5/2010 de gerencialización de la Administración de la Junta de Andalucía
El argumentario de la Junta de Andalucía en torno a la procedencia de reformar la administración autonómica se centra en la necesidad de aumentar la eficacia de ésta. El mecanismo elegido por los políticos andaluces consiste en dotar de carta de naturaleza pública a la llamada Administración paralela para lo cual engrosarán sobremanera sus cometidos a la vez que se adelgazan las competencias en el seno de la Administración, trasladando así la gestión de los servicio públicos a las agencias, donde contados funcionarios actuarán junto con el resto de personal laboral, en base a criterios de gestión gerencial, obedeciendo órdenes de directivos regidos por el régimen laboral especial de alta dirección y seleccionados conforme a sus «meritos» específicos.
Esta reorientación tiene lugar hurtando el necesario debate sobre el futuro de la administración y obviando el requisito constitucional de imparcialidad y objetividad de ésta; entregando su dirección a los criterios economicistas, cortoplacistas y partidistas de gestión de unos servicios que poco a poco dejarán de ser públicos 9 . La función pública existe en la medida que exista el servicio público, de tal manera que la mejor manera de acabar con éste es eliminar aquélla. Este es el plan del gobierno andaluz.
La tesis de los ideólogos neoliberales del modelo gerencial, los mismos al frente de la reforma laboral y la futura reforma de las pensiones, postulan «la eficacia» de la arbitrariedad y la tiranía del resultado coyuntural (ese que tanto gusta a los «mercados») frente a la planificación estratégica de los recursos y políticas públicas. Es así como paulatinamente en las administraciones «socialistas» se ha impuesto un modelo neoliberal de gestión y nos encontramos hoy con ayuntamientos en los que las líneas de autobús son eliminadas por no ser «rentables»10 (lo eran para sus usuarios…), los albergues juveniles devienen en onerosos hoteles en tanto nuestr@s jóvenes no pueden disfrutar de los mismos, o los servicios de empleo priman la existencia misma de una oferta de trabajo cumpla ésta o no con los mínimos requisitos legales (discriminación de género o por edad, salario mínimo, condiciones de seguridad, etc.).
Así, el Decreto 5/2010 incorpora las empresas públicas gerencializadas y endeudadas al corpus de la Administración andaluza, blindandolas ante su forzosa desaparición. Pero no se detiene ahí. Al incorporar a la Administración este modelo de gestión lo hace predominante para el resto, extendiendo a todos aquellos rincones del servicio público la aplicación de este «eficaz» modelo que prepara el terreno a la privatización. A partir de ahora nada se salvará, ni los colegios de los y las niñas andaluzas, que tendrán que realquilar sus instalaciones para rentabilizarlas en lugar de emplearlas en mejorar la formación y el tiempo de ocio de los y las escolares11, ni la ecuanimidad y criterio en la adopción de un@ niñ@, o la prestación de otros servicios sociales. Es decir, convierte en Administración lo que no lo es, contagiando de sus prácticas (laborales, de gestión, con intereses mas allá de la defensa del interés general) el cada vez menor espacio administrativo.
Por otro lado hay un razonamiento más mundano tras esta feroz reestructuración: Garantizar el sueldo de los y las amig@s del partido de gobierno que llevan años viviendo de los impuestos de las andaluzas y del trabajo de muchos y muchas empleadas precarizados de las empresas públicas que trabajan por dos mientras que los primeros se llevan la mayor parte.
Y no se trata aquí de defender un modelo inmovilista de Administración Pública. Somos conscientes de los graves déficits de ésta y de la imperiosa necesidad de revitalizar la confianza de la ciudadanía en ella, restaurando su papel en la sociedad y su actuar en la mejora de las condiciones de vida de los y las andaluzas. Para ello debe arrancar un profundo proceso de diálogo con la ciudadanía y los empleados públicos en el que más allá de los discursos impuestos por los ultraliberales gestores «socialistas» se tengan en cuenta que:
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La Administración se ha convertido en un botín de la guerra electoral de turno, no en un instrumento de servicio al ciudadano. La partidización del aparato administrativo, que fuerza la orientación de objetivos a la retórica electoral desvía ingentes esfuerzos del aparato institucional y no pocos recursos humanos que debieran orientarse a la ejecución de políticas y servicios públicos. Por ello una administración más eficaz será una administración más independiente de los partidos políticos.
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Tan sólo quienes no ven amenazada su continuidad en el puesto por la tiranía del resultado a corto plazo o el electoral pueden desarrollar esquemas de planificación a medio largo plazo, tales como los que son necesarios para la profunda transformación que requiere el sistema educativo, el tejido laboral y productivo, los patrones de ocio, el modelo urbanístico y el medioambiental o la propia alfabetización digital. Es por esto que apostamos por una organización institucional más democrática en la que la promoción interna hasta las más altas cotas no dependa de la designación partidista del gobernante de turno, sino del criterio de los empleados públicos y los y las ciudadanas receptores de los servicios sujetos a evaluación.
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En igualdad de condiciones, una vez eliminada la tiranía del objetivo electoral del horizonte de lo público, la gestión más eficaz la prestará siempre áquel que puede ahorrarse la más importante de las partidas de gasto: el beneficio empresarial; ya que podrá emplear ésta en mejorar las instalaciones, calidad de los servicios o condiciones laborales de los empleados.
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Se garantice el acceso en condiciones de igualdad a la gestión de lo público, a la que tod@s deberíamos tener derecho.
Ante este escenario, si bien asistimos a la rebelión de l@s funcionari@s andaluces, estas líneas pretenden apuntar a la imperiosa necesidad de que la ciudadanía alcance a comprender la profundidad de la transformación que se avecina sobre el servicio público tal y como lo concebimos hoy, sobre el modelo de Estado de Bienestar y en definitiva el pacto social supuestamente consagrado en la Constitución del 78. Frente al Estado Social y de Derecho europeo se impone el Estado Liberal a secas que EEUU ha exportado primero a América Latina (a pesar de los cacerolazos de protesta) y ahora impone a sus socios europeos.
Auxiliadora Honorato y Sergio Pascual. Funcionarios de la Junta de Andalucía y miembros de la Asociación en Defensa del Servicio Público. http://asociacionendefensadelserviciopublico.blogspot.com
Notas:
1 Ver referencias y videos en http://asociacionendefensadelserviciopublico.blogspot.com
2 Según datos de la propia Consejería de Hacienda, 7,700 millones frente a los 33.000 millones del total: http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/planif_presup/proy_presupuesto2010/presentacion/presentacion-5.pdf
3 http://www.libertaddigital.com/economia/el-recorte-en-andalucia-no-alcanza-ni-para-pagar-los-sueldos-de-la-los-sueldos-de-la-administracion-paralela-1276394604/
4 La propia UGT denunciaba los contratos «mes a mes» en los hospitales públicos andaluces http://www.ugt.es/actualidad/cadiz16102003.html , http://www.publico.es/espana/241023/la-precariedad-laboral-merma-la-sanidad-publica
5 Sin ir más lejos son 1500 millones los adeudados al Gobierno central. http://www.larazon.es/noticia/6081-los-1-500-millones-que-andalucia-debe-al-estado-el-gran-tema-ausente
6 http://www.elpais.com/articulo/economia/diferencias/regionales/amplian/elpepueco/20101030elpepieco_3/Tes
7 http://www.abcdesevilla.es/20100331/sevilla-economia-economia/andalucia-dejara-objetivo-tras-201003310845.html
8 Un auto de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, hecho público el día 11/11/09, ordenaba la suspensión cautelar de la encomienda de gestión de la Junta a la empresa pública Sadesi. El auto dejaba claro que este tipo de contrataciones a empresas públicas son «contrarias a la Ley y suponen el reflejo de la huida del derecho administrativo que está experimentando la Administración andaluza variando de contenidos las atribuciones y funciones de los funcionarios públicos. http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/2009/11/16/017.html
9 La CEOE ya lo ha expresado claramente, http://www.cincodias.com/articulo/empresas/CEOE-pide-reducir-funcionarios-privatizar-empresas-publicas-deficitarias/20100715cdscdsemp_6/cdsemp/
10 50 buses no salen cada día en Sevilla por la falta de conductores… http://estaticos.20minutos.es/edicionimpresa/sevilla/10/10/SEVI_18_10_10.pdf
11 http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Cataluna/anima/escuelas/alquilar/espacios/financiarse/elpepisoc/20101015elpepisoc_7/Tes