A dos meses de las elecciones generales, el cambio de ciclo económico le ha explotado en la cara al Gobierno (Zapatero) del PSOE. Los datos oficiales de fin de año no dejan ya lugar a muchas dudas. El paro registrado ha aumentado por primera vez en cuatro años y supera ya los dos millones de […]
A dos meses de las elecciones generales, el cambio de ciclo económico le ha explotado en la cara al Gobierno (Zapatero) del PSOE. Los datos oficiales de fin de año no dejan ya lugar a muchas dudas. El paro registrado ha aumentado por primera vez en cuatro años y supera ya los dos millones de personas. En paralelo, los precios de la cesta de la compra y de los servicios básicos se hallan desbocados. El IPC oficial ha debido reconocer, una carestía del 4,3% para 2007, la más alta en 12 años. En realidad, la subida real es bastante mayor. Por su parte, el Euribor, que marca el precio de las hipotecas, llegó en diciembre a su nivel más alto desde el año 2000.
Ya el pasado verano quedó claro para quien quisiera ver, la profunda caída en la que entraban el sector inmobiliario y la construcción, los grandes motores de la cacareada «prosperidad española» de estos 14 años. Una «prosperidad» que ha llenado a rebosar los bolsillos de banqueros y empresarios, extendido masivamente la precariedad y disminuido los salarios reales. Las manifestaciones de la crisis española se daban, además, en el momento en que estallaba la gravísima crisis financiera internacional, cuya espoleta fue el reventón de la burbuja inmobiliaria norteamericana. Las gigantescas sumas de dinero que están inyectando los grandes bancos centrales están lejos de resolver la crisis, cuyo desenlace conduce al estancamiento y la recesión económica en una escala mundial.
Zapatero, para conjurar la alarma, se juntó con el banquero Botín (que acaba de declarar unos beneficios de ¡7596 millones de euros!) y, en su presencia, cantó las excelencias de la economía española, en especial las de la gran banca y «prometió» que la cosa no iría a mayores y que el negocio iba a continuar. Ahora mismo tacha de «antipatriótico» a quien no comparta su «optimismo», mientras proclama que los actuales problemas económicos no tienen nada que ver con su gestión.
El paro avanza
Pero los engaños tienen patas cortas. En el sector de la construcción, convertido ya en motor de recesión económica, el número de parados registrados en los últimos tres meses del 2007 llegó a los 40.000, sin contar los trabajadores obligados a convertirse en «autónomos». La patronal del sector ha anunciado que en 2008 y 2009 habrá 500.000 nuevos desempleados, siendo los trabajadores inmigrantes los que tienen todos los boletos para ser los grandes perjudicados. Junto a la construcción se ven fuertemente afectados los sectores productivos más ligados. En el propio sector del automóvil los despidos y deslocalizaciones están a la orden del día, con el reciente cierre de Mercedes y, ahora, con el anuncio de despidos masivos en Nissan, ambas en Barcelona. El gobierno, mientras tanto, tiene proyectada una ley de medidas contra los inmigrantes para, con la excusa de «luchar contra el tráfico de personas», reacomodarse ante la crisis que se viene, endureciendo todas las medidas contra la inmigración.
La carrera imparable de la carestía de la vida
El paro viene, además, acompañado de una brutal subida del coste de la vida. Nos presentan esta subida como si fuera un fenómeno objetivo con vida propia, en el que no hubiera ningún responsable y donde nadie se beneficiara de los padecimientos de las familias trabajadoras para llegar a fin de mes. Pero llevamos años perdiendo poder adquisitivo, mientras los beneficios empresariales han ido batiendo récords.
El nada sospechoso diario El País ha comparado la misma cesta de la compra en 2001 (justo antes de la implantación del euro) y a finales de 2007. El resultado es un incremento de los precios en un 43%. El IPC oficial, mientras tanto, señaló una subida para el mismo período de 21,8%. Y si nos vamos al salario medio, la subida se quedó en un 7,95%, también según las estadísticas oficiales. En el transcurso del año de implantación del euro (2002), la cesta de la compra elaborada por El País subió un 18% y, sin embargo, la inflación oficial (elaborada con una «nueva metodología») fue sólo del 4%: un auténtico «robo de Estado». El IPC oficial es un reflejo tramposo de la verdadera carestía que ahoga a las familias trabajadoras.
El Gobierno ha fijado, de acuerdo con la patronal y la burocracia de CCOO y UGT, una previsión oficial de aumento de precios para 2008 del 2%. Es una previsión que no se cree absolutamente nadie (no en vano, la previsión oficial de 2007 fue del 2%, para acabar con un IPC del 4,3%). La previsión, sin embargo, les es de gran utilidad, ya que es la referencia oficial para la negociación colectiva y la que marca los límites de la subida salarial de los empleados públicos. En una aparente paradoja, gobierno central y autonómicos no han tenido reparo alguno en autorizar subidas por encima del 4% para casi todos los servicios públicos, como los transportes o los suministros.
Un gobierno que gobierna para los ricos
Con la vista puesta en las elecciones de marzo, Zapatero -que acaba de poner a un amigo suyo en el consejo de administración de Telefónica- presume de legislatura «social». Se vanagloria de haber reducido el paro, cuando su gran mérito ha sido facilitar los negocios a una patronal que ha precarizado el empleo todo lo que ha querido y ha conseguido, además, el abaratamiento de los despidos. Alardea también Zapatero de haber conseguido superávit presupuestario (que en verdad sale de las cuentas de la Seguridad Social), cuando hay gravísimos déficits sociales a cubrir. Difunde a los cuatro vientos que ha mejorado las pensiones mínimas y el salario mínimo, cuando en realidad ha aprobado subidas ridículas, muy lejos de las necesidades reales y a la cola de Europa. Unas subidas que contrastan brutalmente con los sueldos y privilegios de los políticos profesionales, las obscenas retribuciones de los altos directivos y los inflados beneficios empresariales. Zapatero ha presentado como una gran «conquista social» que el salario mínimo para 2008 haya pasado de 570,6 a 600 euros. ¿Piensa que alguien puede vivir con 600 euros? Esos 600 euros, además, no son otra cosa que el sueldo mínimo del año pasado actualizado con el IPC.
La última reforma fiscal del gobierno PSOE ha profundizado la misma línea seguida por los gobiernos anteriores: disminuir los impuestos al capital y aumentarlos a l@s trabajador@s. Al mismo fin contribuye la reducción – e incluso anulación ello han ido dirigidos los cambios en el IRPF – que establece un tipo aún más bajo para las rentas del capital, las constantes reducciones e incluso la anulación del Impuesto de Patrimonio y del Impuesto de Donaciones y Sucesiones, gestionados por las CC.AA. A ello hay que añadir el descomunal fraude fiscal, denunciado repetidamente por los inspectores de la Agencia Tributaria y que es exclusivamente, por definición, fraude del capital, dado que el IRPF del salario se nos descuenta de forma obligatoria y por anticipado.
También Zapatero está siendo el principal impulsor de la privatización de la enseñanza, sobre todo de la universitaria, yendo más allá que el PP. El propio permiso de paternidad reconocido en la Ley de Igualdad sólo lo disfruta una minoría, porque la mayoría de los trabajadores no se atreven a solicitarlo en sus empresas por temor a represalias.
El programa electoral del PSOE para la próxima legislatura es más de lo mismo. Nunca se habían preocupado por el problema de la vivienda mientras el negocio funcionó. Ahora, cuando ha entrado en crisis, han salido al salvamento de las grandes inmobiliarias y constructoras (y los bancos que las financian), facilitándoles terreno y ayudas y vistiéndolo todo como un plan social a través de las ayudas al alquiler. Mientras, hay nada menos que dos millones de viviendas vacías.
En lugar de hacer frente a la falta de guarderías públicas y a los bajos salarios, regalan un cheque-bebé. Prometen también, igual que el PP, eliminar el impuesto sobre el patrimonio, con el argumento de que ¡»los más ricos lo eluden»! Las retenciones reales a los salarios, sin embargo, suben. Dicen asimismo que van a desarrollar la Ley de Dependencia, pero no explican que no piensan construir ninguna red pública de asistencia y que todo el plan se basa en trasvasar las ayudas a negocios privados, cuya rentabilidad el ministro Caldera quiere asegurar. Y no hay que olvidar que uno de los objetivos del PSOE para la próxima legislatura es aprobar una nueva contrarreforma pactada de las pensiones públicas.
Derechos democráticos elementales están siendo machacados
Todavía está reciente la masiva, babosa y cansina campaña de homenaje de los medios de comunicación en su 70 aniversario, al rey que Franco nombró sucesor y que ahora es presentado como el «símbolo de la democracia española». Los grandes banqueros y empresarios y, tras ellos, la derecha franquista y el PSOE de Zapatero (y más discretamente IU e IC), han cerrado filas alrededor de la intocable monarquía restaurada.
No cabe duda de que el crecimiento de la movilización social por la III República, contra la Constitución monárquica y por el Derecho de Autodeterminación, la respuesta social ante escándalos como el secuestro de «El Jueves» o la quema de retratos del rey, está abriendo camino por primera vez desde la Transición a un debate público sobre la Monarquía, que comienza a ser cuestionada entre sectores crecientes de la juventud y en las nacionalidades.
No es casual que este cierre de filas en defensa del régimen monárquico coincida con agresiones cada vez más abiertas y profundas contra los derechos democráticos, en un proceso de degradación que avanza a ojos vistas. Desde el propio Gobierno, con ocasión de la detención de Igor Portu y Martín Sarasola, se ha propagado la idea de que «contra el terrorismo vale todo», incluida la tortura. El relator de la ONU lleva años denunciando la existencia de torturas, posibilitadas por la incomunicación durante cinco días de los detenidos.
Todavía están frescas las noticias, tras un juicio oral de 16 meses, de la Sentencia de la Audiencia Nacional en el Sumario 18/98, declarando ilegales y disueltos dos medios de comunicación, entidades mercantiles, organizaciones políticas, la red de escuelas de euskera para adultos AEK y la Fundación pacifista Josemi Zumalabe y condenando a 46 personas a penas que suman 500 años de prisión, como «integrantes, dirigentes o colaboradores de la banda terrorista ETA», por el solo hecho de trabajar o participar en alguna de estas entidades.
La Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona, alarmada, ha hecho pública una valoración del proceso en la que afirma que la Sentencia «se enmarca en una estrategia, más global y de larga duración, de criminalización del ejercicio del derecho de opinión, reunión, manifestación, entre otros, de un sector importante de la sociedad vasca», y expresa «la profunda mutación que está sufriendo el núcleo central de las garantías democráticas propias de un Estado de Derecho».
Condena la Comisión de Defensa «la aplicación del concepto de terrorismo sobre la disidencia política. Una figura penal que a manera de cajón ‘de sastre’, llega a afectar a individuos y organizaciones como la Fundación Josemi Zumalabe, con un largo recorrido histórico pacifista, antimilitarista y por la no-violencia (…) La Sentencia ratifica la cuestionada ‘tesis del complot’ confeccionada por Baltasar Garzón. Para ser considerado miembro o colaborador de ETA era necesario, hasta ahora, tener relación directa con la organización armada, de acuerdo con la doctrina constitucional asentada en la Sentencia del TC 199/87. Sin embargo, tras la reciente Sentencia (…), puede resultar suficiente que las acciones políticas o sociales se consideren «ayuda» a los fines de ETA (soberanía para el País Vasco) para que sean definidas como delitos terroristas. Por lo tanto, desde esta perspectiva judicial, ETA ya no es una organización armada, sino también el conjunto de las organizaciones abertzales (…) La sentencia significa la normalización de una cultura jurídica de emergencia o excepcionalidad, en la cual se establecen responsabilidades penales difusas y colectivas, absolutamente incompatibles con un sistema democrático».
En cualquier momento el Gobierno hará público el siguiente paso, anunciado con antelación y reclamado por el PP: iniciar los trámites judiciales para ilegalizar ANV y dejar al independentismo vasco sin representación institucional.
No podemos olvidar, además, que la represión policial, lejos de limitarse a la izquierda abertzale, afecta cada vez más al movimiento sindical y a los movimientos sociales. A Cándido y Morala, de la CSI de Asturias, se les ha aplicado la legislación antiterrorista por defender los puestos de trabajo del astillero. Decenas de trabajadores de Iberia de El Prat están acusados de sedición por ocupar las pistas, Diego Cañamero está amenazado de cárcel, hay juicios pendientes por piquetes, un conductor huelguista de la TMB ha sido apaleado por los Mossos de Esquadra y después acusado de agresión…
La movilización comienza a recuperarse
El momento está preñado de una fuerte conflictividad, alimentada por la carestía de la vida, los ataques al empleo y un sordo descontento social. El aparato burocrático de CCOO y UGT se aplica en controlar la situación e impedir una respuesta de los trabajadores. Sus jefes acaban de firmar, en la penumbra, el séptimo Acuerdo de Negociación Colectiva (ANC) con la patronal, satisfecha de contar con socios tan leales. La referencia de aumento salarial que han acordado para 2008 es el 2%, una burla que coincide con la mentirosa previsión oficial de IPC. Ha sido esta misma burocracia la que ha desmoralizado y derrotado a los trabajadores de Mercedes Benz de Barcelona para así firmar el cierre con la multinacional. Son también ellos los que firmaron la medida que acaba de implantar el Gobierno de aumentar de 12,5 a 15 años el período mínimo de cotización para acceder a una pensión contributiva de la Seguridad Social.
Sin embargo, a pesar y en contra de esta burocracia, están surgiendo huelgas importantes, combativas y asamblearias. Una de ellas ha sido la de la limpieza del metro de Madrid por un aumento de los salarios. Otra movilización importante, esta vez por los puestos de trabajo, es la de los trabajadores de la multinacional Frape Behr, en Barcelona, que han dicho no a los despidos forzosos y que luchan ahora para revocar la fraudulenta Resolución de la Generalitat de «izquierdas», que despide a 92 compañeros con una insultante indemnización de 20 días por año, por debajo de lo que ofreció la patronal durante las negociaciones del expediente. Especial relevancia tiene el conflicto de los conductores de autobús de TMB de Barcelona, que han salido a la huelga durante siete días esta Navidad para reclamar dos días de descanso semanal.
Hay que valorar asimismo en toda su importancia los primeros intentos por parte de sectores de la izquierda sindical, con especial protagonismo de los compañeros/as de Madrid, para poner en pie un movimiento contra la carestía. Un movimiento sindical y social que se exprese en la lucha por una mejora general de los salarios y por la implantación ya del salario mínimo interprofesional de 1000 euros, que haga frente a los intermediarios, especuladores y empresarios que se benefician de la inflación.
También el movimiento estudiantil está retomando la lucha masiva contra la privatización de la Universidad, con importantes movilizaciones en Barcelona, Sevilla y Galicia y la preparación de una jornada general de lucha para el 6 de marzo.
El movimiento por una vivienda digna, que no se ha dejado embaucar por los planes de la vivienda del Gobierno, mantiene las espadas en alto y también ha convocado para el día 1 de marzo.
Por su parte, los maestros y profesores de Catalunya, con la participación de todos los sindicatos, han convocado una huelga general para 14 de febrero contra el proyecto de ley de educación del Gobierno tripartito, que pretende la aplicación pura y dura en Cataluña del modelo privatizador a la enseñanza pública: gestión privada, establecimiento de un ranking de institutos que segregará a los de las zonas obreras en las que se concentran los problemas socioeconómicos y el fracaso escolar, la anulación de medidas tendentes a facilitar la integración de inmigrantes que se incorporan a mitad de curso, etc.
Ahora se impone la tarea de rodear de la máxima solidaridad a las luchas en curso, de poner en pie un movimiento contra la carestía en todos los lugares, de lograr la más amplia respuesta en la lucha contra la privatización de la Universidad, de fortalecer el movimiento por una vivienda digna y de apoyar a los vascos en su lucha contra la represión de sus derechos y la ilegalización de ANV y PCTV.
9 de marzo: unas elecciones que no van a solucionar nada
El próximo 9 de marzo tenemos elecciones generales. El PSOE sabe que el apoyo y la confianza popular que tenía al principio de la legislatura están seriamente dañados, en particular entre los sectores juveniles que le dieron la victoria el 14-M de 2004. Toda su campaña se basa, por eso, en jugar con el miedo a la vuelta de la derecha neofranquista al Gobierno. Pero, apartando la palabrería y mirando a los hechos, ¿dónde están las diferencias entre las principales políticas de Zapatero y del PP? ¿No es Zapatero quien está llevando adelante el programa del PP para el País Vasco? ¿No es el Gobierno el representante -junto con el rey- de los intereses de las multinacionales españolas? ¿No es el Gobierno quien envía tropas a Afganistán o Líbano, a las órdenes de la OTAN y la Administración Bush? ¿No ha mantenido el PSOE en vigor el Tratado Bilateral con EE.UU. que firmó Aznar y que asegura al imperio la utilización del territorio con toda impunidad como demuestran los 125 vuelos de la CIA violando todos los principios del derecho internacional? ¿No es el gobierno PSOE quien deja manos libres a las CC.AA, para privatizar la enseñanza y la sanidad? ¿No gobierna Zapatero para los ricos?
El uso electoral por parte de Zapatero de la última concentración ultra de los obispos ilustra perfectamente lo que decimos. Zapatero habla y habla, presentándose como el gran defensor de la sociedad laica, pero oculta que su Gobierno ha entregado a la jerarquía católica prácticamente todo lo que ésta ha exigido. Así, Zapatero mantiene el actual concordato de 1977 (que es -dicho sea de paso- preconstitucional). Ha otorgado a la Iglesia una financiación que ni Aznar se atrevió a darle; mantiene las exenciones fiscales; paga a los 20.000 profesores de religión; financia las escuelas de las órdenes religiosas; incluso la famosa asignatura «Educación para la Ciudadanía» tiene ya libros adaptados a la doctrina de la Iglesia. Zapatero se niega a incluir en el programa electoral una ley de plazos, permitiendo que la derecha integrista (mano a mano con los jueces) continúe su salvaje ofensiva de contra el derecho al aborto. Por haber, hubo incluso una representación del Gobierno en el acto de beatificación de los «mártires de la Cruzada» en El Vaticano. Entonces, ¿de qué habla Zapatero?
Si el PP es cada vez más claramente la derecha más rancia de siempre, el Gobierno PSOE no se merece un solo voto de los trabajadores y jóvenes conscientes. Como tampoco se lo merecen IU-IC, ERC o el BNG, que han dado cobertura de izquierda a Zapatero, se han corresponsabilizado de sus principales medidas y, allí donde gobiernan, como en la Generalitat o la Xunta, actúan -en comandita con el PSOE en sus variantes «regionales»- entregados al capital. Ninguna de esas fuerzas políticas tiene la menor voluntad de contravenir los planes fundamentales del capital y arriesgarse verse criminalizados y a dejar de percibir las migajas del pastel que perciben.
¿Qué hacer? La construcción unitaria de la alternativa política anticapitalista.
En momentos de crisis como los que se avecinan, en los que se acumulan y estallan todas las contradicciones, cuando la gran mayoría perciba que el capital y el gobierno de turno defienden exclusivamente sus intereses y que no hay soluciones para sus acuciantes problemas de vivienda, de encarecimiento de productos básicos, ante los despidos masivos que enfrentarán en toda su crudeza el desmantelamiento del sistema de protección social, es cuando un nuevo escenario político tiene posibilidades reales de abrirse. Una nueva situación que, ante la deslegitimación de una izquierda sindical y política – títere de las clases dominantes – , planteará la necesidad y la posibilidad de reconstruir el sujeto político anticapitalista en el Estado español.
Hundiendo sus raíces en la movilización social y al calor de las cambios en el nivel de conciencia de la gente que la percepción de la crisis propicia, debe invertirse la tendencia a la fragmentación y al debilitamiento del movimiento obrero y popular y de sus organizaciones, al que hemos asistido impotentes desde hace tres décadas..
Este proceso de confluencia anticapitalista en el que trabaja Corriente Roja desde su nacimiento, ha avanzado de forma sustantiva con la constitución de espacios unitarios importantes como el de la lucha por la III República, está aún en forma embrionaria en el movimiento obrero de clase y asambleario, y ha dado algunos pasos importantes en la relación con la izquierda independentista. Ese es el camino a seguir en la lucha antipatriarcal, en el movimiento estudiantil, ecologista, etc.
Corriente Roja entiende que ese camino debe conducir, si así se decide, a la construcción de una fuerza política, de un Frente de la Izquierda Anticapitalista, que incorpore a los actores de las nuevas luchas políticas y sociales, que apuntan con fuerza en algunos casos y que están por venir de la mano de la debacle social y económica que se está gestando. Un Frente que deberá contar en cada nación o territorio con la presencia fundadora de los principales sujetos políticos, sociales y sindicales, y muy significativamente con formas de relación, lo más estrecha posible, con la izquierda independentista.
Ese proceso que, sin sus componentes cualitativos y plurales sustanciales será una caricatura, sólo será posible en las nuevas condiciones producidas por el auge en la lucha de clases y al calor de la movilización social.