Manifiesto de las concentraciones del 29 de octubre
El derecho a circular libremente de un país a otro es tratado como delito por nuestro Gobierno y por algunos países del Magreb. Las personas pobres que pacíficamente desean entrar en estos países están sufriendo represión y maltrato ya que no se respetan ni se amparan sus derechos básicos como es el agua y el alimento, y a aquellos civiles que intentan cruzar la frontera, se les dispara o mata con material antidisturbios utilizado a corta distancia o incluso con la fuerza bruta.
Europa quiere convertir a algunos países del Magreb en el gran foso que la separe de los ciudadanos del Africa Subsahariana, siendo responsable de gran parte de sus problemas. Día tras día estamos recibiendo noticias y testimonios desde los lugares fronterizos a Ceuta y Melilla, desde Marruecos, Argelia, Libia, en los que se constata un terrible drama humano, con personas asesinadas, maltratadas o abandonadas a su suerte en el desierto. El único delito de estas personas ha sido tratar de escapar de conflictos bélicos interminables y hambrunas, en las que tienen gran parte de responsabilidad los países de la rica Europa que antaño los colonizaron y saquearon, y que ahora les cierran las puertas.
Ante esta situación, el gobierno español, con el apoyo económico de la Comisión Europea, no ha ideado más que soluciones represivas en la frontera, con un envío injustificado del Ejército, además de reactivar acuerdos con un país como Marruecos que no respeta ni los derechos humanos de sus propios ciudadanos, ni de los sarahauis, ni mucho menos de quienes solicitan asilo en su territorio. Numerosos testimonios nos demuestran que las personas subsaharianas son devueltas o expulsadas en zonas en las cuales sólo hay arena, no hay ni una ciudad, ni agua, ni comida. Esta realidad es una violación directa de las normas internacionales de derechos humanos, como la Convención de Naciones Unidas sobre la Tortura y la Convención Europea de Derechos Humanos, tanto por parte de Marruecos y de los países del Magreb y Libia, como por parte de España.
Junto con este crimen de lesa humanidad, sigue sin haber noticias de las investigaciones que supuestamente se han llevado a cabo en Ceuta y Melilla para determinar si en los intentos de cruzar la valla fronteriza, en los que murieron varias personas, hubo algún tipo de responsabilidad de las fuerzas de seguridad españolas. Un Estado de derecho no puede permitirse que estos hechos queden impunes, como también las devoluciones que se realizan sin trámite alguno, a pesar de lo que dispone nuestra legislación y jurisprudencia.
Por todo ello, solicitamos, junto con la intervención inmediata de las Instituciones internacionales de derechos humanos, lo siguiente:
Al Gobierno español, y por extensión a la Comisión Europea
• El cese inmediato de las deportaciones y expulsiones de estas personas a Marruecos y terceros países, en los cuales se pone en peligro sus vidas y no son respetados sus derechos humanos.
• El respeto a la legalidad vigente, estatal e internacional, en el tratamiento de estas personas que tratan de cruzar la valla, considerándoles desplazados, acogiéndoles en las debidas condiciones y
respetándose su derecho a solicitar asilo.
• Una investigación transparente y rápida de los hechos ocurridos en la frontera, y, en su caso, la depuración de las responsabilidades que procedan.
• La retirada del Ejército de la frontera, por ser ilegal su utilización frente a población civil.
• La inclusión en los planes de Ayuda al Desarrollo, del apoyo a las organizaciones de Defensa de los Derechos Humanos.
• El respeto a la dignidad de las personas que solicitan visados o refugio o que cruzan nuestras fronteras.
• El establecimiento de criterios claros y operativos para facilitar visados en sus lugares de origen, de tal manera que no caigan por las negativas de las sedes españolas y europeas, en mano de las mafias de traficantes de seres humanos.
Al Gobierno marroquí y los otros países del Norte de África
• El cese inmediato de las violaciones de derechos humanos que está cometiendo contra estas personas inmigrantes y refugiados.
• Respeto a la Convención de Ginebra y al principio de no devolución de las personas que demandan asilo en su territorio.
Al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, en Ginebra
• Una intervención inmediata para proteger a los solicitantes de asilo en Marruecos, y a quienes pretenden solicitarlo en territorio español.
A la sociedad en general
• Una renovación y cambio profundo en nuestro planteamiento sobre la dominación y la propiedad de los bienes de la tierra, haciéndonos conscientes que estamos produciendo pobreza en otros lugares por nuestro modo de vida.
• Un apoyo incondicional a estas personas que por motivos de pobreza, conflictos bélicos o persecución, tienen que desplazarse por el mundo, denunciando aquellas políticas opuestas al derecho internacional.
En último lugar, solicitamos al Gobierno Español que todas aquellas personas que han sufrido maltrato o han sido vulnerados en sus derechos más básicos, obtengan permisos de residencia en nuestro país por circunstancias excepcionales.
Unidos conseguiremos JUSTICIA.