No a las leyes de subordinación

Según el principio de igualdad entre los ciudadanos, pueblos y comunidades lingüísticas del mundo, los ciudadanos vascos tenemos derecho a que el euskera sea la única lengua oficial del País Vasco, con la misma oficialidad que tienen las 20 lenguas oficiales de los estados europeos.

La Ley del euskera ha cumplido 25 años y no ha servido para euskaldunizar el País Vasco ni garantizar el desarrollo duradero del euskera. Está subordinada a la Constitución española, divide el territorio del euskera y no establece plazos para su normalización. La Constitución impone el bilingüismo social unilateral: impone el castellano en las cuatros provincias del País Vasco, prescribe la oficialidad única del castellano y la Ley no establece la oficialidad única del euskera en un solo ámbito. España ha prohibido los estatutos de UEMA [1], así como las ordenanzas aprobadas por unanimidad de numerosos ayuntamientos.

En punto a sus resultados, la Ley del euskera ha conducido a una política lingüística limitada y condicionada. La actividad normativa y las medidas de protección de las administraciones públicas han sido escasas para garantizar un verdadero avance general. Ha quedado por debajo de los mínimos necesarios para euskaldunizar el País Vasco y garantizar un desarrollo duradero del euskera.

Desde el punto de vista de los resultados, se ha utilizado el mito del bilingüismo social contra el País Vasco vascohablante. Se ha intentado convertir en sinónimos normalización lingüística y bilingüismo, conceptos originalmente contrapuestos. El objetivo no es lograr un País Vasco formado por ciudadanos vascohablantes políglotas.

En lo atinente a la estrategia, no se ha aplicado el tratamiento de igualdad entre las comunidades lingüísticas de Europa: no se ha exigido que el euskera obtenga en el País Vasco el estatus de igualdad y paridad respecto al que tienen el castellano y el francés en sus respectivos estados.

En cuanto a la aplicación, la Ley ha adolecido de tres grandes déficits: no instrumentar medidas de protección efectiva de los derechos individuales, no mostrar una política firme de defensa de los derechos colectivos y dirigir un trabajo coordinado con el resto de agentes del ámbito del euskera escaso.

Se han realizado esfuerzos por la recuperación del euskera y ha habido logros, la mayor parte de las veces por impulso de la voluntad popular. Pero todo esto no ha conseguido la normalización efectiva del euskera, porque los impulsos han sido más escasos que los obstáculos. Después de 25 años, el proyecto del Gobierno vasco de 2005-09 detalla tendencias negativas del tipo de: «el uso del euskera es escaso y de todo punto irregular», «si consideramos sólo a los vascohablantes, el uso del euskera ha descendido», «a diferencia de lo que sucedía en torno a 1982, actualmente se está expandiendo el discurso favorable al monolingüismo castellano», «no se puede dar por garantizado el futuro del euskera». Ello quiere decir que el riesgo de que el euskera se pierda es real.

Esa ley no es una herramienta adecuada. No garantiza los derechos lingüísticos de la ciudadanía vascohablante. Los informes anuales de Behatokia [2] dan noticia de conculcaciones sistemáticas de los derechos lingüísticos de los vascohablantes.

Es imprescindible una nueva ley del euskera. La igualdad formal entre el castellano y el euskera no es igualdad real. Debemos ir de un modelo favorable al castellano a un modelo favorable al euskera para que éste sea la lengua nacional de todo el País Vasco, oficial y preferente. La ley debe reconocer el derecho a realizar la oficialidad única del euskera si la ciudadanía vasca lo decide libre y democráticamente.

Sin embargo, para ir de la situación no democrática actual a ese escenario, la izquierda abertzale realiza una propuesta transitoria: que el euskera sea oficial en todo el País Vasco, con uso exclusivo de éste en los municipios y ámbitos sociales con más del 70 % de población vascohablante. El castellano y el francés serán cooficiales en los ámbitos que les correspondan. Para ello debe lograrse un nuevo marco jurídico-político: dos autonomías con derecho a decidir. Esta propuesta sirve para euskaldunizar el País Vasco y superar el conflicto lingüístico. En efecto, si dos lenguas comparten un mismo ámbito social, una de ellas deviene dominante y reduce a la otra. Como que una única lengua es suficiente para comunicarse, economía lingüística mediante, una sola lengua se utilizará.

Por tanto, es forzoso acabar con las relaciones de subordinación, construir relaciones de igualdad y dar cauce a relaciones de solidaridad entre las comunidades lingüísticas. Para euskaldunizar el País Vasco es necesario acabar con la culturofobia de los estados, puesto que niegan al euskera en su territorio las garantías que exigen para el castellano y el francés.

El cambio de ley es imprescindible. En efecto, el uso social de las lenguas es consecuencia de la política lingüística, el fundamento de la política lingüística es la oficialidad y la base de la oficialidad es la ley.

Los escasos resultados de 25 años y la incapacidad para neutralizar las tendencias negativas muestran un proceso de gaelización. Así es imposible resolver el conflicto lingüístico y superar la injusticia de la asimilación. Para que la nueva política lingüística libere el uso social del euskera de la situación de subordinación a dos lenguas dominantes y la revierta debe garantizar, entre otros, estos mínimos:

• Que el euskera sea la lengua nacional del País Vasco y todos los ciudadanos deban saberlo en los plazos que establezca la ley.

• Conseguir, de ahora en adelante, la euskaldunización funcional de todas las generaciones y educar con el currículum nacional vasco.

• Realizar antes de diez años toda la oferta universitaria en euskera.

• Oficialidad única y uso exclusivo del euskera en los municipios y ámbitos sociales con más del 70 % de población vascohablante.

• Que la actividad de las administraciones públicas se realice en euskera antes de cinco años y que todos los trabajadores nuevos y todas las autoridades políticas deban saber las dos lenguas.

• Que todos los servicios públicos que tengan relaciones con ciudadanos y consumidores dispongan de un servicio lingüístico de euskera antes de cinco años y realicen planes de euskera.

• Que las empresas públicas dispongan de servicios lingüísticos de euskera antes de un año y realicen planes de euskaldunización de su actividad laboral antes de cinco.

• Que las empresas privadas dispongan de servicios de euskera en los plazos que establezca la ley y realicen planes de euskaldunización de su actividad laboral.

• Que los diarios, radios y televisiones realicen al menos la mitad de su actividad en euskera y que en las zonas en que la población vascohablante supere el 50 % el porcentaje de programación en euskera se equipare al de población vascohablante.

• Creación y difusión de productos y servicios en euskera para que la gente disponga de entorno sociolingüístico en euskera rico y de calidad.

• En el cine, una oferta de cuota de pantalla en euskera del 20 %.

• Que la Asamblea de Municipios dirija una política nueva para desarrollar el principio de territorialidad del euskera.

• Creación de un consejo de garantías lingüísticas para dar efectividad a la protección de los derechos lingüísticos.

• Creación del Consorcio para la euskaldunización del País Vasco para desarrollar políticas territoriales y que todas las administraciones públicas destinen al menos el 2 % de su presupuesto.

* Karmele Aierbe y Marije Fullaondo son miembros de la Mesa Nacional de Batasuna

Notas: