Rechazada. Catorce votos a favor, 293 en contra. Ah, y dos abstenciones. La propuesta de ERC de regular el derecho a la objeción de conciencia fiscal a los gastos militares, rechazada el martes por todos los grupos parlamentarios excepto los de IU-ICV y la propia ERC, parece lejos, muy lejos, de sustanciarse. Los 5.000 objetores […]
Rechazada. Catorce votos a favor, 293 en contra. Ah, y dos abstenciones. La propuesta de ERC de regular el derecho a la objeción de conciencia fiscal a los gastos militares, rechazada el martes por todos los grupos parlamentarios excepto los de IU-ICV y la propia ERC, parece lejos, muy lejos, de sustanciarse. Los 5.000 objetores de conciencia fiscal a los gastos militares que el diputado republicano Joan Puig estima que hay en España, a los que habría que sumar el número indeterminado de los que, en el otro extremo ideológico, practican la objeción fiscal por oposición al aborto, tendrán que seguir fuera de la ley.
Justo cuando los tribunales acaban de tener un pequeño gesto con ellos. El pasado 24 de febrero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña estimaba parcialmente el recurso planteado por un objetor fiscal. La sentencia niega tajantemente el derecho a la objeción de conciencia fiscal y confirma que el recurrente, Joan Surroca Sens, tiene que pagar a Hacienda la cuota que dejó de abonar para destinar a objeción fiscal (109.792 pesetas), pero entiende que no hay «ánimo defraudatorio» y procede a anular la multa de 54.896 pesetas que se le había impuesto.
A sus 61 años, Surroca, museólogo, diputado en el Parlamento catalán en las listas de la coalición PSC-Ciutadans pel Canvi en la anterior legislatura (1999-2003), servicio militar religiosamente cumplido en 1965, cuando eran otros tiempos, y al que se puede ver en la imagen de la derecha, lleva casi una década deduciendo de su declaración de la renta el porcentaje equivalente a lo que los Presupuestos del Estado destinan al Ministerio de Defensa.
En 1998 ese porcentaje fue del 4,8%. Surroca hizo el cálculo sobre su declaración de la renta y le resultaron las 109.792 pesetas. Las dedujo de la cuota líquida, las donó a una asociación de mujeres africanas y adjuntó en su declaración una carta al delegado de Hacienda en Girona exponiéndole que lo hacía por oposición a que sus impuestos financiaran gastos militares.
De conformidad con la ley, Hacienda no hizo ni caso: le reclamó la suma e impuso la multa ahora anulada tras el recurso tramitado por el abogado David Garrido.
Infatigable, Surroca recurrirá al Tribunal Constitucional para que se reconozca su derecho a la objeción de conciencia fiscal.
«Cuando doy charlas», explica, «digo a la gente que no se lance a toda prisa». Militante en movimientos pacifistas desde finales de los 60, él tardó 30 años en llevar su ideología a la declaración de la renta. «Al principio no me atrevía. Sólo tras reflexionar mucho objeté. Esto va contra lo que disponen nuestros legítimos representantes, sólo desde una firme posición de conciencia es éticamente válido. No es una declaración a la carta».
Ése es el principal obstáculo que los expertos en Derecho tributario ven a regular la objeción de conciencia fiscal: que abriría la puerta a que se dejara de pagar impuestos. «El resultado sería espectacular», opina el presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales, Rubén Candela. «Cada uno pondría objeción a una cosa: «Yo le prometo que nunca veo La Primera, así que mis impuestos que no vayan a financiar la deuda de TVE…». Es una proposición bastante utópica».
No piensan lo mismo las 726 personas que el Movimiento por la Objeción de Conciencia tiene plena constancia de que han objetado en su declaración. La cifra se circunscribe a los que la organización tiene controlados, pero hay otros colectivos antimilitaristas que lo promueven, siendo difícil determinar si suman los 5.000 que dice Puig. Al ser una opción no contemplada por la ley, Hacienda no los cuenta.
En cualquier caso, las cantidades que desvían de su declaración son bastante más bajas que las de Surroca -a menudo se plantea una cuota fija de 84 euros- y suelen pasar desapercibidas o se liquidan con Hacienda después de haber dejado constancia de la disconformidad. Nunca llegan a los tribunales como en el caso del museólogo gerundense.
A más de 2.200 kilómetros, en la otra punta del mapa, en Las Palmas de Gran Canaria, vive Antonio Saavedra. De arraigadas convicciones cristianas, él no tiene problemas con los gastos del Ministerio de Defensa. Pero le cuesta asumir que parte de sus impuestos se destinen a financiar abortos. Por eso lleva dos años objetando. «Resulta difícil saber cuántos estamos haciéndolo», opina, «pero sería interesante hacer una pregunta pública: «¿Estaría usted dispuesto a realizar algún tipo de objeción de conciencia fiscal?» A lo mejor nos llevábamos una sorpresa. Lo que ocurre es que existe un sagrado temor a Hacienda».
Él lo sabe bien. Inspector de Hacienda jubilado, sabe calcular los riesgos y objeta por cantidades bajas -«ningún inspector te va a hacer la paralela por 10 euros»-, pero hace pública su opción. Grupos antiabortistas promueven esta iniciativa con la campaña Impuesto por la vida en Internet, pero se desconoce cuánta gente se ha sumado.
La objeción de conciencia fiscal no está reconocida por ninguna ley. La opción de destinar una parte de los impuestos a la Iglesia católica o a entidades de utilidad social -una singularidad del sistema español, por cierto- es, pues, el único resquicio que queda al contribuyente para decidir el destino de sus impuestos.Concretamente del 0,52% de ellos. En 2003, el 21,85% de los contribuyentes marcó la casilla de la Iglesia; el 32,37%, la de fines sociales, y el 11,61% ambas. El 34,17% dejó ambas en blanco.
RENDIR CUENTAS CON HACIENDA
Aunque la campaña de la renta comienza como tal el 2 de mayo, desde mañana ya se pueden confirmar los borradores que la Agencia Tributaria ha enviado. / El año pasado se presentaron 16 millones de declaraciones. / La ley no reconoce la objeción de conciencia fiscal. / A pesar de ello, al menos 5.000 personas objetan en su declaración según ERC..