La gestión de los residuos radioactivos ha generado un amargo debate en nuestro país ante la inacción de los sucesivos gobiernos, los Planes de Gestión necesitados de ser actualizados y el lobby de las empresas responsables de la creación de estos residuos. Para frenarlas en su búsqueda constante de beneficios y defender la seguridad, la […]
La gestión de los residuos radioactivos ha generado un amargo debate en nuestro país ante la inacción de los sucesivos gobiernos, los Planes de Gestión necesitados de ser actualizados y el lobby de las empresas responsables de la creación de estos residuos. Para frenarlas en su búsqueda constante de beneficios y defender la seguridad, la salud y el medioambiente, se requiere un decidido plan de acción.
En este tiempo de emergencias climáticas y humanitarias, de crisis de todo tipo y de cambios vertiginosos, no conviene olvidar lo que dejamos atrás, porque algunas veces no es posible y nos acompaña para siempre. Me estoy refiriendo a los residuos radiactivos, porque no podemos ignorar los costes y los peligros que entrañan su gestión ahora y durante muchos años más.
Hace 60 años Abel Wolman, profesor de la Universidad Johns Hopkins, dijo durante la primera consulta del Congreso de Estados Unidos sobre los residuos nucleares: «En términos generales su toxicidad, tanto radiactiva como química, es muchísimo mayor que la de cualquier otro material industrial que hayamos encontrado hasta la fecha en este o en cualquier otro país».
Los residuos nucleares se producen en los reactores, y en España hay diez: siete operativos, dos en desmantelamiento y uno en cese definitivo de explotación. Y además en todas las etapas de la producción del combustible nuclear, empezando por la exploración del uranio, como la que en la actualidad está suspendida en Zahínos y Villanueva del Fresno en Extremadura. Posteriormente la minería de uranio también contribuye a la producción de residuos radiactivos, en minas como las de Salamanca, en cierre definitivo, o proyectos como el de Retortillo para abrir nuevas minas. Más tarde la producción de combustible como el que se realiza en la fábrica de elementos combustibles que tiene Enusa Industrias Avanzadas en Juzbado, Salamanca. El combustible gastado, después de haber sido extraído de los reactores nucleares, se almacena en las piscinas de las propias centrales o en los almacenes temporales in situ que tienen algunas de ellas. Los materiales reprocesados con origen español están temporalmente en instalaciones francesas, como es el caso del combustible gastado de la central de Vandellos I tras su accidente, o cedida y pagada su custodia en instalaciones del Reino Unido.
Más de 60 años de generación de residuos radiactivos en el país, desde que empezó a funcionar en 1959 el molino de uranio de Andújar, Jaén, hasta el dia de hoy, que seguirán siendo peligrosos para el ser humano y para el medio ambiente por un periodo de tiempo muy superior a la existencia de la civilización humana. Ante esta situación, lejos de tener planes claros y financiación asegurada para afrontar este reto supramilenario, el actual Plan de Gestión de Residuos Radiactivos elaborado en 2006 para un periodo de cuatro años está obsoleto, desactualizado, y genera un déficit que va en aumento. Existen distintos requerimientos del Tribunal de Cuentas sin cumplir, y España está pendiente de un apercibimiento de infracción la UE para adoptar programas nacionales para la gestión del combustible gastado. La política de gestión de los residuos radiactivos parece haber sido abandonada durante años por los Gobiernos de diferentes partidos y la actual situación política que mantiene un Gobierno en funciones impide además que se pueda abordar.
En el cajón del Ministerio en funciones debe haber un borrador de ese plan que, según parece, propone elevar la tasa que paga cada central un 19,2% el próximo año, acorde con lo pactado a puerta cerrada con las eléctricas propietarias de las nucleares. Pero a la espera que haya algún Gobierno, y que cuando lo haya haga algo de una vez, planteo una propuesta resumida en diez puntos que no atiende intereses económicos, sino a la defensa del medioambiente, la salud, la justicia intergeneracional, y que se inspira en el principio de que «quien contamina paga», además de reflejar valores promovidos por la Unión Europea:
1 – No crear más residuos nucleares.
2 – Proteger los almacenes temporales con las medidas de seguridad apropiadas.
3 – El almacenamiento temporal no puede servir de pretexto para posponer inversiones e iniciativas de investigación y desarrollo (I+D) en torno a la disposición final.
4 – Almacenamiento temporal cerca de la superficie, en superficie o en seco: mal menor en estos momentos.
5 – El almacenamiento de desechos radiactivos debe idearse de modo que no se cierre ninguna puerta a las generaciones futuras.
6 – Los residuos nucleares existentes es conveniente que permanezcan en los emplazamientos donde se han creado.
7 – Cada país, en este caso España, debe autogestionar los residuos nucleares que ha creado.
8 – Toda la información pertinente para la toma de decisiones sobre la gestión de desechos radiactivos debe ser transparente y estar disponible para procesos de consulta pública.
9 – Un ente regulador independiente y transparente debe supervisar en todo momento la gestión de desechos radiactivos basándose en las mejores prácticas normativas.
10 – Quienes producen desechos radiactivos deben ser plenamente responsables de financiar la gestión.